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36 entidades territoriales fueron requeridas para que aclaren al ente de control la información y se efectúen los ajustes a los que haya lugar.

La Procuraduría General de la Nación incluyó a la gobernación del Quindío y a la alcaldía de Armenia en un informe de alerta sobre inconsistencias en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

La administración departamental fue incluida en el ítem de adiciones superiores al 50 %, mientras que la municipal fue señalada en el ítem recursos asignados y porcentaje comprometido.
 

Alcaldía de Armenia: aclaración a Procuraduría

Ante el llamado, Julieta Gómez de Cortés, secretaria de Educación de Armenia, aseguró que la administración municipal de la capital quindiana hizo la claridad a la Procuraduría sobre el tema.

“Frente a este informe de la Procuraduría quiero hacer énfasis en que aparecíamos como no ejecución de recursos en primer trimestre y eso ya se le aclaró a la autoridad de que es porque el operador no nos reclamó cuentas sino hasta mayo, pero es solo eso”, manifestó la funcionaria.

Y añadió: “Nosotros venimos ejecutando el PAE de manera normal, pero era que en la Procuraduría aparecía como si no hubiéramos ejecutado ningún recurso, eso ya se le aclaró a la autoridad disciplinaria e insisto es porque el operador no había reclamado ninguna cuenta”.

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Gobernación: posible error de digitación

La secretaria departamental de Educación, Ana María Giraldo Martínez, aclaró que en el momento se encuentra trabajando con el ministerio público para subsanar el error de validación de los datos ocasionado en la plataforma.

“Deseamos aclarar desde la secretaría de Educación departamental que la alerta que se ha generado en la Procuraduría está relacionada con una información que radicamos los entes territoriales certificados en educación en este caso específico ante el Chip”, señaló la funcionaria.

Y añadió: “Por qué Quindío está en este cuadro, porque se generó una alerta en una diferencia en una adición, al parecer de un 486% y esto se trata de una situación que ya entramos a corregir en la información que se digita ante dicho aplicativo sin que genere para nosotros ninguna otra situación que nos comprometa en investigaciones, ni mucho menos”.

Giraldo Martínez también expresó que: “Es importante dar como un parte de tranquilidad que se trata de un sistema al que nosotros estamos en la obligación de alimentar y que ya estamos con el ente de control haciendo los ajustes correspondientes”.

La servidora pública también explicó que es el Chip, sistema electrónico en el que supuestamente se registró un error.

“El Chip es un sistema consolidador de hacienda e información pública, tiene como objeto monitorear, hacer seguimiento, evaluación y control de los recursos que son destinados para las entidades territoriales y el propósito de este sistema es que conozcan cómo hacemos inversión del recurso, cómo hacemos la utilización desde el gobierno central, entes de control, ciudadanía y esto con el fin de crear alertas de algún riesgo”, finalizó la secretaria.

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El informe disciplinario

La Procuraduría advirtió serias inconsistencias por parte de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

El ente de control requirió a 29 municipios y 7 departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública, Chip, que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.

En su comunicación, el ente de control recordó que el reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

El ministerio público exhortó a las entidades territoriales responsables a que registren la información de manera acertada, pues esta es fundamental para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.

La Procuraduría adelanta acciones para evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública.


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