Proyecto de ley quiere frenar el uso de polímeros en cirugías plásticas

Fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca judicializar a quien use algunos derivados del petróleo para tratamientos estéticos en el país.

El Quindío no es ajeno a esta práctica señalada como normal pero que la representante a la Cámara, Norma Hurtado Sánchez, busca que sea ilegal.

La funcionaria e integrante de la cámara baja explicó que la iniciativa legislativa no quiere crear un nuevo delito pero sí incorporar 2 circunstancias de agravación punitiva a los delitos de homicidio y lesiones personales.

Antes de las declaraciones, estudios de las autoridades de salud en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca afirmaron que  anualmente hombres y mujeres buscan las alteraciones físicas  de su cuerpo por medio de biopolímeros, 10.000 casos registrados en los últimos meses.    

“Nuestro proyecto de ley regula el uso, comercialización y aplicación de sustancias modelantes a través de la incorporación de 2 nuevas circunstancias de agravación punitiva relacionadas con el homicidio y con las lesiones personales. Es decir, no creamos un nuevo tipo penal autónomo”, dijo Hurtado pero dio a entender que sí amplía el marco legal que abarque estos tratamientos estéticos que lesionan el cuerpo humano. 

Explicó cómo se moverán penalmente las circunstancias de agravación en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal.

“Para el primer caso, cuando se configure el homicidio de una persona por el uso de sustancias modelantes no autorizadas -polímeros, biopolímeros, entre otros- la condena al victimario se podrá aumentar de la mitad hasta el doble de lo contemplado en el Código Penal”, manifestó la congresista.

Esto impediría que el requisito objetivo no se cumpla y así, la persona que sea imputada por esta acción ilegal podrá ir a la cárcel desde las audiencias preliminares porque su condición no sería excarcelable.

En caso tal de que el paciente, víctima o incauto sobreviva, expuso el panorama dentro del delito de lesiones personales, el cual sería agravado, también para que se dé una medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario por no ser un crimen excarcelable.

“En el segundo escenario, cuando se presenten lesiones personales derivadas de la aplicación de estas sustancias prohibidas, la condena podrá incrementarse de una tercera parte hasta la mitad según la pena originalmente contemplada”, dijo la legisladora. 

La ley señala que: “Si la lesión conlleva a una deformidad física permanente a la víctima, la sanción aumenta entre 2 y 7 años de cárcel, sumados a una multa de 26 a 36 salarios. Cuando afecta el rostro, el castigo se multiplica en una tercera parte”.

Y  agrega: “Si el delito causa una perturbación mental permanente, se aplica la sanción más fuerte de 3 a 9 años de prisión -10 años si hay un miembro mutilado- más una multa de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes”.

Pero Hurtado Sánchez también dejó claro que la subjetividad de los operadores judiciales del país podrá analizar la gravedad de las conductas.

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“En ambos casos el fiscal, en primera medida, y el juez, en su sentencia condenatoria, será el encargado de determinar los años de cárcel para el victimario que haya utilizado sustancias modelantes”, acotó. 

Ante la pregunta sobre cuáles sustancias podrían ser usadas o solicitadas por los colombianos para el aumento de sus partes íntimas, brazos, gestos faciales, pectorales y otros, respondió: “Respecto a qué sustancias modelantes estarán permitidas y prohibidas, la iniciativa contempla un artículo de excepciones; y será el ministerio de Salud y Protección Social que estará a cargo de determinar bajo criterios técnicos y científicos los químicos aptos para tratamientos estéticos”.

Y añadió a  su respuesta: “Cómo lo son actualmente el botox o el ácido hialurónico, siempre y cuándo cuenten con su registro Invima”. 

Sobre la actualidad legislativa, insistió en que el proyecto de ley es uno de los primeros radicados en esta legislatura en el Congreso.

“Estamos a la espera del reparto desde la secretaría general a la comisión constitucional correspondiente de la Cámara de Representantes para surtir el primer debate y continuar con el trámite de la iniciativa”, manifestó la congresista.

Dio a conocer la necesidad de una ley que regule estas prácticas que son realizadas en las denominadas clínicas de garaje y hasta aplicadas por estilistas y otras personas que no son profesionales de la salud.

“La iniciativa también exigirá un registro de control y ventas, como un sistema de información para la comercialización y uso de sustancias modelantes ilegales. Las prácticas con estas sustancias representan un riesgo, porque están contraindicadas y la aplicación provoca daños irreparables en el cuerpo, además no se cumplen las medidas sanitarias y en la mayoría de los casos, las personas que acuden a estos tratamientos son engañadas con la ilusión de obtener un cambio inmediato en su aspecto físico. Las cifras son alarmantes, pero son más preocupantes los registros que hablan de los 10.000 casos en el Eje Cafetero y norte del Valle del Cauca para la extracción de biopolímeros, cifras que brindó el cirujano plástico, Julio Alberto Zuleta”, aseveró Hurtado Sánchez.

Acerca de la reparación a las víctimas, expuso uno de los puntos de la proyectada normativa. “Se impondrá extinción de dominio al inmueble o establecimiento de comercio donde se apliquen dichas sustancias, y la venta del inmueble será destinada a indemnizar a las víctimas”.

Finalizó su intervención al dar ejemplos de reconocidas integrantes de la fama nacional que sufrieron de estos engaños.

“Lina Tejeiro, Jessica Cediel y la periodista Cristina Estupiñán, son algunas de las celebridades colombianas víctimas de malos procedimientos con biopolímeros. Estas sustancias sintéticas, contrario a las vitaminas, fueron cuestionadas, según los expertos, no son aptas para el uso humano y afectan tejidos y órganos generando daños irreversibles y en otros casos provoca hasta la muerte”.