Salario mínimo divide opiniones en el Quindío

Ayer lunes 16 de febrero, representantes de las centrales obreras, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y los gremios empresariales sostuvieron una reunión para analizar el auto de suspensión del decreto que fijó el salario mínimo legal para 2026, con un incremento del 23.7 %, establecido en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, que reglamentan el salario mínimo vital y el auxilio de transporte.

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La medida provisional fue adoptada por el Consejo de Estado el pasado viernes 13 de febrero, dando al presidente de la República, Gustavo Petro, un plazo de ocho días para expedir un decreto transitorio como medida cautelar, mientras se adopta una decisión de fondo.

El mandatario anunció que solicitará al magistrado Juan Camilo Morales, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, una aclaración del auto que suspende provisionalmente la medida. En el documento del Consejo de Estado se cita la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, la cual desarrolla el concepto de salario mínimo vital y móvil.

Dicha sentencia resolvió una demanda contra el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que regula el procedimiento para fijar el salario mínimo cuando no hay consenso en la Comisión Permanente de Concertación. La Corte declaró la norma exequible, siempre que su interpretación y aplicación se armonicen con los principios constitucionales.

Tras la reunión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó el diálogo como fluido, respetuoso y franco. Aseguró que el Gobierno respeta y acata la decisión del Consejo de Estado y expedirá el decreto transitorio solicitado.

El funcionario indicó que, en su mayoría, los empresarios manifestaron que sería un error modificar el incremento del 23.7 % que actualmente rige para los trabajadores del país. Esta postura, que busca evitar incertidumbre en el mercado laboral, será incluida en el decreto que deberá expedirse en los próximos días.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, señaló que el salario mínimo vital constituye un derecho adquirido por los trabajadores y que revertirlo sería inconveniente, inviable e incluso inconstitucional, sin desconocer la solicitud de aclaración formulada por el alto tribunal. Agregó que el Gobierno trabaja en medidas compensatorias, especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas que puedan enfrentar dificultades con el incremento.

¿Qué opinan trabajadores y sindicatos de trabajadores en el Quindío?

En el ámbito regional, las reacciones no se hicieron esperar. Hugo León Echeverry García, primer vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y presidente de la Federación General de Trabajadores del Quindío, manifestó que la suspensión provisional generó desconcierto y fue percibida como un golpe para la clase trabajadora, especialmente para quienes devengan el salario mínimo.

Señaló que, aunque existe respaldo del Gobierno nacional, la decisión judicial dejó la sensación de un trasfondo político. Desde el Quindío, indicó, se respaldarán las manifestaciones convocadas para el jueves 19 en distintas plazas del país, como un mensaje de defensa del salario mínimo.

Desde Sindesena Quindío también expresaron rechazo a la suspensión. Luis Carlos Quintero, vicepresidente de la organización, advirtió que una eventual caída del decreto podría afectar a los aprendices del SENA, quienes cuentan con reconocimiento laboral y garantías como seguridad social y prestaciones, amparados por la Ley 2466 de 2005.

Quintero subrayó que la mayoría de aprendices provienen de estratos 1, 2 y 3, y que cualquier modificación que debilite el incremento impactaría directamente a jóvenes en condición de vulnerabilidad. No obstante, destacó que en la reciente reunión nacional se reiteró la intención mayoritaria de mantener el aumento.

Desde la ciudadanía, Astrid Celis expresó que, independientemente de que se mantenga o se revierta la medida, muchos precios ya subieron y no volverán a bajar. Señaló que en su entorno comercial se han presentado despidos tras el anuncio del incremento y considera que retroceder ahora no solucionaría las consecuencias ya generadas.

También afirmó que, aunque entiende la preocupación empresarial por el aumento en la nómina, quienes viven con un salario mínimo apenas logran cubrir arriendo, servicios y alimentación, sin margen para ahorro o educación. En su concepto, más que oponerse al incremento, los empresarios deberían replantear estrategias a largo plazo.

En el departamento, además, persiste una realidad compleja: muchos ciudadanos trabajan por debajo del salario mínimo o reciben pagos diarios, lo que amplía el debate sobre la informalidad y las brechas económicas.

Gremio empresarial

Por último, desde la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, se advirtió que mantener o aumentar el salario mínimo en 23.7 % podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales y dificultar el acceso al trabajo para 2,1 millones de desempleados y cerca de 13 millones de trabajadores informales en el país. 

En carta enviada a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, señaló que el nuevo decreto que expida el Gobierno deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en la Ley 278 de 1996 y a los parámetros fijados por el Consejo de Estado, que suspendió el acto anterior por falta de motivación suficiente.

Según el gremio, el incremento propuesto no ponderó de manera verificable variables como la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB, y reiteró que no es posible reabrir la discusión técnica ni modificar cifras oficiales ya definidas. Fenalco insistió en que un aumento desproporcionado, desconectado de la productividad y de la inflación real, podría debilitar especialmente a más de un millón de micro y pequeñas empresas que representan el 93 % del tejido empresarial e impulsar mayores niveles de informalidad en el país.