Consejo de Estado suspende decreto de salario mínimo y ordena al Gobierno expedir uno nuevo

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía el aumento del 23.7 % al salario mínimo para 2026, mientras evalúa una demanda que solicita anular la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Los efectos de la suspensión entrarán en vigor únicamente cuando el Gobierno publique el nuevo decreto con la cifra transitoria.

Esto significa que, mientras tanto, el valor del salario mínimo para 2026 seguirá siendo el establecido en el decreto 1469 de 2025. El Gobierno tiene ocho días —que comenzaron a contar desde el sábado 15 de febrero— para definir el nuevo incremento.

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Fundamentos de la suspensión

Leonardo López Gutiérrez, abogado especialista, explicó los fundamentos que llevaron al Consejo de Estado a suspender provisionalmente el aumento salarial.

“El Consejo de Estado encontró que el Gobierno, al fijar unilateralmente el incremento del 23.7 %, sustituyó los parámetros legales obligatorios —inflación real de 2025, meta de inflación 2026, productividad, contribución de salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB— por un concepto extralegal denominado ‘Salario Vital’, derivado de un estudio de la OIT”, explicó el jurista.

Agregó: “Si bien el decreto enunció los factores legales, nunca explicó cómo estos incidieron concretamente en la cifra del 23.7 %, lo cual configura prima facie, una infracción del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y de los condicionamientos de la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional”.

Sobre el efecto inmediato, destacó que “la nómina de esta quincena se paga normalmente con $1.750.905. La suspensión tiene efectos diferidos: hasta que no se publique el nuevo decreto transitorio, el salario mínimo vigente sigue siendo el del decreto 1469. Todo lo pagado desde enero de 2026 queda en firme y no hay lugar a reliquidaciones”.

Sobre los efectos temporales, reiteró tres puntos clave: “Primero, el salario mínimo sigue siendo de $1.750.905 hasta la publicación del nuevo decreto transitorio; la suspensión es diferida. Segundo, todas las obligaciones calculadas y pagadas con base en $1.750.905 desde enero de 2026 quedan en firme: no hay reliquidaciones ni devoluciones. Tercero, el nuevo valor esperado debe ser inferior a $1.750.905 pero superior a $1.423.500 —salario 2025—. El Consejo de Estado fue claro en que debe respetarse la movilidad salarial”.

Reacción del Gobierno

Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado. Aunque respeta la suspensión del decreto, convocó a una “reunión de concertación” para expedir uno nuevo, como lo ordenó la institución.

El mandatario interpuso un recurso de apelación contra el fallo del Consejo de Estado y, adicionalmente, evalúa los pasos a seguir mientras avanza el análisis jurídico del caso. El Gobierno estudia si el incremento se mantendrá en 23.7 %.

Tras la decisión, actores del Gobierno convocaron a los colombianos a salir a las calles para protestar por la suspensión del decreto. Petro Urrego también invitó al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto, “dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener”.

Reacciones de candidatos presidenciales

Mauricio Lizcano indicó que “presentaré una acción de tutela para proteger los derechos de los trabajadores frente a la suspensión provisional del aumento del salario mínimo. Los derechos laborales ya reconocidos y pagados no pueden verse afectados retroactivamente. La Corte Constitucional ha sido clara en la defensa de los derechos adquiridos y del principio de confianza legítima. Una medida provisional no puede generar incertidumbre sobre ingresos que ya forman parte del sustento de las familias colombianas”.

Juan Manuel Galán dijo que “el salario mínimo es un engaño para los trabajadores. El Gobierno se equivoca cuando tensiona la institucionalidad y genera incertidumbre. A los trabajadores no se les ayuda con anuncios, se les responde con estabilidad y resultados. No se trata de defender las instituciones, sino de dar soluciones reales: crédito para el pequeño negocio, alivios tributarios, productividad e inversión”.

Mauricio Cárdenas acotó: “Le propongo a mis compañeros de la Gran Consulta y a todos los candidatos presidenciales un acuerdo político para mantener el aumento del 23,7 % del salario mínimo y bajar los impuestos a los empresarios para que puedan pagar a sus empleados y traer a nuevos colombianos a la formalidad”.

Juan Daniel Oviedo resaltó: “Respetamos la decisión del Consejo de Estado. En Colombia, las medidas salariales no solo deben ser constitucionales, sino económicamente responsables. Subir el salario mínimo suena bien, pero hoy solo uno de cada diez trabajadores lo gana; seis de cada diez sobreviven por debajo de él”.

Juan Carlos Pinzón Bueno declaró en Armenia: “No hay forma de que una familia en Colombia viva con un salario mínimo. El 60 % de los colombianos ni siquiera recibe un salario mínimo, eso es una tragedia. Solamente un 30 % recibe salario mínimo, eso es muy poco, con eso no vive nadie. Estas medidas crean confusión y lo único que hacen es enredar a los empresarios, a quienes les han creado sobrecostos, y a los ciudadanos que tienen derecho a soñar con un ingreso más alto. En resumen, el país se ha metido en un enredo”.