La sola hipótesis de que un vehículo oficial haya servido como garantía crediticia compromete principios elementales de legalidad, custodia y responsabilidad.
Solo pasa en el Quindío. Una camioneta oficial del departamento salió del control institucional y terminó como garantía de un préstamo privado por 140 millones de pesos. La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación, señala como responsable al entonces secretario de Agricultura, Bryant Steven Naranjo Raigoza, quien habría entregado el vehículo en noviembre del año pasado a un prestamista como prenda de una obligación personal.
El denunciante afirmó que desconocía el carácter oficial del automotor al momento de recibirlo y que solo después advirtió que pertenecía a la gobernación del Quindío. Indicó, además, que el vehículo permaneció en su poder cerca de cuatro meses. En febrero de 2026, siempre según su versión, el exfuncionario entregó otro automotor de características similares para recuperar la camioneta oficial. Los hechos quedaron en conocimiento de las autoridades judiciales.
Ante la denuncia, el gobierno departamental interpuso acción penal por el presunto delito de peculado por aplicación oficial diferente y ordenó actuaciones de control interno y representación judicial. La administración anunció colaboración con las instancias competentes para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Ese es el marco verificable hasta ahora; la situación reviste máxima gravedad. No está de más decir que un bien público no constituye activo disponible para respaldar obligaciones privadas. La sola hipótesis de que un vehículo oficial haya servido como garantía crediticia compromete principios elementales de legalidad, custodia y responsabilidad de cualquier funcionario en el manejo del patrimonio colectivo.
Por supuesto, la presunción de inocencia se respeta y corresponderá a la Fiscalía determinar la existencia de conducta punible y la eventual responsabilidad individual. Sin embargo, vale la pena recordar que el manejo de bienes públicos exige estándares estrictos de trazabilidad, autorización formal y control administrativo. Si un vehículo salió de la esfera oficial durante varios meses, surge una pregunta: ¿qué falló en los mecanismos de supervisión?
Naranjo ocupó un cargo de alta responsabilidad. En el pasado fue concejal y en la última campaña aspiró a la alcaldía de Armenia. Esa sola trayectoria pública impone un deber reforzado de transparencia frente a la ciudadanía, por lo que ese silencio que mantiene no contribuye al esclarecimiento de los hechos.
El departamento requiere respuestas precisas y documentadas: ¿qué registros de inventario y custodia reposan en la Secretaría?, ¿quién tenía la responsabilidad directa sobre ese automotor?, ¿qué controles periódicos operan sobre el parque automotor oficial? Cada pregunta apunta a la protección del patrimonio de los quindianos.
El exsecretario Bryant Steven Naranjo Raigoza debe dar la cara a la opinión pública y ofrecer una explicación clara, sustentada en hechos y soportes verificables. La transparencia no se delega, se ejerce.
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