Tarea pendiente

El reconocimiento de responsabilidad por el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, realizado por los últimos integrantes del secretariado de las antiguas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz, marca un hecho relevante en el proceso de verdad y rendición de cuentas en Colombia. Más de una década después de la firma del acuerdo de paz en 2016, los excomandantes aceptan de manera expresa su participación en una política sistemática que afectó a menores entre 1971 y 2016.

El pronunciamiento incluye al quindiano Rodrigo Londoño y a otros integrantes del último secretariado, máxima instancia de mando de esa organización. Lo más triste, es que admiten no solo el reclutamiento, sino también la responsabilidad por malos tratos, tortura, homicidios y violencias sexuales y reproductivas asociadas a esa práctica. La Sala de Reconocimiento de Verdad documenta que los menores sufrieron la pérdida de su niñez, la ruptura de sus proyectos de vida y la exposición constante a contextos hostiles. En el caso de las niñas, la violencia sexual, la planificación obligatoria y los abortos forzados configuraron daños diferenciados y profundos.

Este reconocimiento no constituye un motivo de celebración. Llega tarde frente al sufrimiento acumulado de miles de víctimas y familias que durante años exigieron verdad. Sin embargo, representa un avance en términos de responsabilidad política y jurídica. La aceptación pública desmonta versiones que relativizaron el reclutamiento o lo presentaron como voluntario. Establece con claridad que existió una política definida desde las instancias de dirección.

La justicia transicional prevé sanciones restaurativas para quienes reconocen verdad plena y responsabilidad. Ese diseño responde al acuerdo suscrito con el Estado y exige compromisos concretos de reparación y no repetición. La legitimidad del sistema depende de la coherencia entre el reconocimiento y el cumplimiento efectivo de esas obligaciones.

El problema de fondo persiste. El reclutamiento de menores no desaparece con la desmovilización de una estructura armada. Las denominadas disidencias mantienen esta práctica en distintas regiones del país.

Niños y adolescentes siguen como carne de cañón en disputas territoriales y economías ilegales. La violencia cambió de actor, pero conserva a los mismos afectados.

En departamentos como Quindío, la instrumentalización adopta otra modalidad. Redes vinculadas al narcotráfico captan menores en una cadena delictiva progresiva: comienzan como campaneros, pasan a mensajeros y distribuidores, y algunos terminan como sicarios. La falta de oportunidades, la precariedad social y la presión de entornos criminales facilitan esa vinculación.

Los menores constituyen la principal víctima del conflicto armado y de la violencia asociada al narcotráfico. No diseñan esas dinámicas ni obtienen beneficios reales de ellas. Las promesas de
reconocimiento, ingresos o movilidad social encubren explotación y riesgo extremo.

El reconocimiento ante la JEP resulta positivo en el plano de la verdad histórica. Contribuye a fijar responsabilidades y a dignificar a las víctimas. No obstante, el país tiene un desafío vigente: impedir que nuevas generaciones recorran el mismo camino. Sin prevención efectiva y protección integral de la infancia, la no repetición queda como una declaración formal. La verdad constituye un paso necesario. La erradicación definitiva del reclutamiento y de la utilización criminal de menores representa la tarea pendiente.