Los buenos son más

En los primeros 55 días de 2026 se registraron 35 asesinatos en el departamento del Quindío. Los dos casos más recientes, ocurridos en zonas rurales de Calarcá y Pijao, son la prueba de una enfermedad sobrediagnosticada: informes, consejos de seguridad, comunicados oficiales y hasta en las conversaciones de los cafés de Armenia se repiten las mismas explicaciones: economías ilegales, microtráfico, intolerancia, debilidad institucional. Lo que escasea es una indignación sostenida y cohesionada, pues, en medio del agite personal, cada muerte genera conmoción pasajera, mientras la rutina informativa diluye el impacto. Una normalización que transmite un mensaje inaceptable de que la violencia se volvió paisaje.

Basta con revisar dos casos cercanos: en la vía Río Verde–Barragán, jurisdicción de Calarcá, la escena inicial sugirió un accidente. La inspección técnica reveló un sicariato. Leonardo García Gallego, operario de Empresas Públicas del Quindío, recibió múltiples impactos de arma de fuego mientras se desplazaba en motocicleta. No existían amenazas conocidas. El móvil permanece sin esclarecer. Horas después, en la vereda La Mariela de Pijao, Gonzalo Acevedo Pérez murió tras una riña con arma corto-contundente, en medio de consumo de alcohol y confrontación directa. Se trata del primer homicidio del año en ese municipio. El hecho combina factores individuales —antecedentes penales, conflictividad personal— con un entorno donde la resolución violenta de disputas aún persiste.

Ambos casos difieren en modalidad y contexto, pero coinciden en lo esencial: evidencian vulnerabilidad del departamento y fisuras en la capacidad preventiva. La seguridad no depende solo de patrullajes, exige inteligencia, articulación interinstitucional, coordinación entre alcaldías, gobernación y fuerza pública, y cooperación ciudadana real. Sin esa convergencia, cualquier esfuerzo resulta fragmentado.

Ante situaciones tan complejas y en medio del siempre intrincado ambiente electoral, vale la pena pensar otros caminos de interpretación, en lugar de recurrir a la instrumentalización del miedo, es necesario cerrar filas alrededor de la defensa de la vida y rodear a las autoridades.

Pero esto no significa suspender la crítica ni renunciar al control ciudadano. Significa comprender que, en un contexto de violencia, la fragmentación política favorece a quienes operan al margen de la ley. Rodear implica respaldar las acciones legítimas del alcalde, del gobernador y de la fuerza pública; implica exigir resultados, pero sin descalificación oportunista.

La unidad no elimina diferencias ideológicas, las encauza. El mensaje colectivo debe ser inequívoco: la vida se protege por encima de cualquier cálculo político. Cuando la sociedad transmite cohesión, refuerza la autoridad legítima del Estado y envía una señal clara a las estructuras criminales.

Convocar a una indignación colectiva contra los asesinatos significa también reconocer que cada homicidio fractura el tejido social. El dolor privado solo se transforma en asunto público cuando la frecuencia aumenta. La indiferencia consolida la percepción de impunidad; la unidad refuerza la exigencia de justicia.

El Quindío construyó durante seis décadas una reputación asociada a hospitalidad y convivencia. Esa identidad no se sostiene con narrativa turística ni con eslóganes; requiere coherencia entre discurso y realidad. Recuperar la paz demanda prevención social, control efectivo del delito y participación ciudadana activa. 

El departamento atraviesa horas complejas, por lo tanto, la respuesta no surge del fatalismo ni de la polarización. Surge de la decisión colectiva de rodear, no de dividir. La paz que caracterizó al Quindío es una meta posible si la sociedad actúa unida, respalda con responsabilidad y exige con rigor.