Como con la tributaria y la de la salud, con la reforma laboral, radicada para trámite en el Congreso, hay más temor que esperanza y más reparos que elogios por parte del sector productivo del país.
Vienen quienes generan empleo y bienestar en el país intentando “levantar cabeza”, luego de lidiar con una pandemia que le puso freno de mano a la mayoría de las empresas en Colombia; de resistir los estragos del gran paro nacional que, por los bloqueos que provocó, le dieron otro duro golpe a los empresarios; de ingeniárselas para hacerle frente a un dólar por las nubes y una inflación sin precedentes en Colombia. Ahora les tocará echar lápiz una y otra vez para tratar de acomodarse, antes que desaparecer, a una reforma laboral que, a juicio de algunos especialistas, solo ofrece beneficios para los trabajadores de alto perfil y cuya función en la organización no sea fácilmente reemplazable.
Pregona el presidente de los colombianos, Gustavo Petro: “Estoy convencido que, con mejores condiciones laborales, con más estabilidad, mejor salario, jornadas de trabajo más humanas, mayores pagos de horas extras, la vida de millones de colombianos y colombianas será mejor”. En eso no hay discusión. Lo que parece no se tuvo en cuenta es el costo para quienes generan esas oportunidades laborales que además son bienestar para veintidós millones de familias. Cuántas empresas resistirán el nuevo modelo laboral, en el que las horas extras se deberán pagar desde las 6 p. m. en adelante y no desde las 9 p. m. como hasta ahora; en el que el reconocimiento de horas extras los domingos y festivos ya no sea del 75 %, sino del 100 %; y en el que la jornada laboral diaria se mantiene en ocho horas, pero la semanal pasará, gradualmente, de 48 a 42 (una hora menos por año).
Cuánto le vale a las alcaldías y a una gobernación, que en el caso del Quindío aparecen entre los mayores generadores de empleo, acabar con los contratos de prestación de servicios. Cuánto le vale a los empresarios de un departamento con vocación turística como el Quindío, ajustar su caja para responder a las nuevas obligaciones salariales que impondrá la reforma laboral. Habrá que hacer un gran esfuerzo para aumentar ventas, en un tiempo de marcada desaceleración económica, para poder sostener la nómina al tenor de lo que plantea esta reforma; la otra opción que tendrán muchos empresarios será recortar nómina, como si ya no fuera demasiada alta la tasa de desocupación nacional y local.
Está muy bien, hay que aplaudir de pie que los trabajadores y su bienestar se haya puesto en el centro de la discusión de una gran reforma como lo es la laboral, hay unanimidad en que esta reforma le sale al paso a la pauperización de la clase obrera. Lo que no se advierte es que la reforma Petro combata la informalidad o provoque, como lo debiera hacer cualquier reforma de esta naturaleza, empleos nuevos. Sí, hay júbilo en las centrales obreras y muchos trabajadores, no todos, ven con optimismo el cambio que se avecina, pero en medio de la promoción de esta reforma, ni siquiera el propio mandatario de la nación se ha atrevido a exponerla como parte de la solución al rampante desempleo, tampoco ha dicho si, al menos, permitirá mantener los empleos actuales.
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