Que se retire o se archive, petición de gremios sobre reforma a la salud

Gremios de la salud piden que se archive o se retire el proyecto de ley 010 de 2020 Senado, ‘Por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud, dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud’, el cual se tramita con mensaje de urgencia. Una propuesta de reforma a la salud que, según los involucrados, presenta más contras que pros. 

El proyecto de Ley

La ponente es la senadora quindiana Aydeé Lizarazo Cubillos del partido Mira, quien también se encuentra en la lista de peticionarios para que el proyecto se archive o se retire. “Hay situaciones que ameritan considerar que el proyecto no da alcance, sería bueno retirarlo y que se haga un proyecto nuevo”. 

Explicó que las posiciones al interior de la comisión séptima están repartidas, hay quienes están de acuerdo con que se reestructure y quienes no.  “El gobierno le dio mensaje de urgencia por lo que se debe sacar antes del 16 de diciembre, y el tiempo no es suficiente para aprobar un tema tan álgido”. 

Agregó que de fondo el proyecto no tiene una estructura drástica para decir que se va a dar un vuelco general para eliminar las barreras de salud. “A las EPS simplemente les cambia el nombre. Vamos a seguir en las mismas. No se dignifica la labor del personal asistencial del sistema. Las ESE seguirán funcionando pero el ministerio de Salud reglamentará las características. Fiscal y financieramente tampoco es claro el funcionamiento y no hay recursos suficientes para garantizar el servicio, aún quedan dudas”. La senadora reiteró que los tiempos no alcanzan. “Sería irresponsable pasar en 15 días un clamor y necesidad que es esta reforma. El gobierno debe ser consciente de que en estos días no se subsanan los interrogantes para hacerles las modificaciones a los textos. Lo mejor es dejarlo para el próximo periodo”. 

La reforma plantea nuevos desafíos para el sector, y la tarea al usuario de “autocuidarse”. 

Niega derecho fundamental a la salud

Roberto Acosta Garcés, presidente de la asociación de usuarios del hospital San Juan de Dios, indicó que el cuerpo del proyecto no tiene que ver con lo que señala, “se niega el derecho fundamental a la salud. A las empresas promotoras las van a convertir en aseguradoras, les van a dar el nombre que les corresponde, eso significa que, cuando termine la vigencia, los dineros que el Estado entrega para su operación se convierten en privados”.

Roberto Acosta Garcés, presidente de la asociación de usuarios del hospital San Juan de Dios, indicó que el cuerpo del proyecto no tiene que ver con lo que señala, “se niega el derecho fundamental a la salud. A las empresas promotoras las van a convertir en aseguradoras, les van a dar el nombre que les corresponde, eso significa que, cuando termine la vigencia, los dineros que el Estado entrega para su operación se convierten en privados”.

El líder de los usuarios argumentó que con la reforma, si las EPS no pueden continuar tienen que desaparecer o unirse, lo mismo que ocurrirá con los hospitales de la cordillera en el Quindío, pues una vez se liquiden las Empresas Promotoras de Salud no habrá quién responda por la deuda, como ya ha pasado, por ejemplo, “nadie responde por Cafesalud. Ahora, entró en liquidación Medimás en el Valle del Cauca y los usuarios no saben en dónde están afiliados. Perjudican a los pacientes”.

Acosta Garcés acotó que el proyecto busca consolidar el  monopolio, “centralizan más en unas cuantas EPS toda la atención, lo que tiene una repercusión negativa. Viene la integración vertical, donde los dueños de las cadenas que entran en los procesos del sistema resulta siendo un mismo operador: negocio lucrativo para entidades, detrimento para los hospitales y clínicas”.

Entre otros aspectos polémicos de la reforma, el presidente mencionó que van a obligar a hospitales a liquidarse y fusionarse o hacer alianzas público privadas, quedando así muchos trabajadores en la calle. “Los pacientes serán castigados con el autocuidado, si el médico determina que el paciente no ha avanzado en el proceso de mejoramiento entonces le van a obligar a pagar más en la cuota moderadora, un problema que no puede recaer sobre el paciente, teniendo en cuenta situaciones, por ejemplo, como que muchos municipios no cuentan con agua potable”.
Hospitales que no sean autosostenibles deberán cerrar o fusionarse. 

Flujo de recursos, el problema

Elisa Torrenegra Cabrera, directora de Gestarsalud, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, indicó que en términos generales consideran que en este momento todos deben estar empeñados en recuperar la estabilidad de la salud de las comunidades y de prevenir afectaciones  mayores con los nuevos picos y nuevas olas de la pandemia. “Un proyecto de reforma al sistema de salud amerita su atención, sentimos que no es el momento y que lo que se pretende en el proyecto se puede lograr por otros mecanismos”.

Precisó sobre la problemática más grande que les ataña, que es la deuda con las IPS que “no es justificación, es causa real. Las deudas se han propiciado en el sistema por el flujo de recursos. Creo que el haber dejado que el régimen subsidiado se financiara con recursos de los territorios por los primeros 20 años, dependiendo de los municipios y de lo no incluido en el POS —hoy Plan de Beneficios— de los departamentos y distritos que en la actualidad nos deben entre $1.6 y $2 billones, ha sido un problema grande”. 

Agregó que para el régimen contributivo es aún mayor la deuda que corresponde directamente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, la cual sobrepasa los $3 billones. “Todo ello es dinero que hace falta para la red”. Sobre la propuesta planteada desde la entidad para una armonización del sistema, Torrenegra Cabrera explicó que lo ideal sería que el modelo de prestación se fortaleciera hacia la atención primaria, técnico científica y financieramente, para que los prestadores puedan estar fortalecidos en todas las regiones del país. 

“El talento humano, la conectividad necesaria para la salud, la dotación técnico científica de los centros de prestación de servicios de cada grado de complejidad, los determinantes de la salud sean intervenidos por los territorios de una manera complementaria y articulada”.

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Lo mismo con otro nombre

Leonardo Quiceno Paéz, presidente de la Asociación quindiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, indicó que la postura de la entidad en reuniones con la comisión séptima, es que el proyecto para nada soluciona los verdaderos problemas de las IPS y usuarios, “consideramos esto porque continúa la intermediación de aseguradoras, cambiar a Aseguradoras en Salud, es lo mismo con otro nombre”.

Destacó que un tema muy importante es dignificar el trabajo de funcionarios de la salud para que tengan vinculaciones dignas, y de esto no habla el proyecto de ley. El doctor fue enfático en señalar que lo que está descrito en la reforma ya existe y nunca se ha cumplido. “La ley daba potestad al presidente para que cree un régimen especial. El presidente Juan Manuel Santos tuvo esa potestad y nunca la utilizó, porque eso significa más recursos para el Estado”.

Expuso que no es posible bajo ese sistema que se formalice el recurso humano en salud, para ello, entre otras cosas, un aspecto trascendental es no depender de los pagos de las EPS. “Es lo mismo que hace 4 años, que sacó la estrategia de política integral de salud, es lo mismo, solo que es más regional. Ya salieron y no se han implementado porque es engorroso y se involucra al privado.

Lo que pretenden implementar ya está por decreto. Existe atención primaria en salud. Proponen implementar cosas casi imposibles bajo las condiciones actuales, en la teoría suena bien. El gran problema del sistema es el flujo de recursos, si ellos se pusieran de acuerdo funcionaría y sobraría plata. Es lo que nunca se ha formalizado, el pago. Pedimos que se archive el proyecto de ley”, puntualizó Quiceno Páez.

Argumentó que la idea de este tipo de reformas es que beneficie al usuario, pero existen otras situaciones donde, por ejemplo, los hospitales que financieramente no son viables se fusionen, por lo que los hospitales de la cordillera tendrían que hacerlo o cerrarían. 
“Plantea que las EPS que no cumplan con indicadores financieros serán liquidadas. El 60 % de las EPS actualmente no cumplen y sin embargo están funcionando. El asunto  es que las liquidan y queda toda esa deuda, debilitando a los hospitales”, mencionó el presidente de Acesi.

“La reforma no resuelve, profundiza en aspectos  nefastos”

Jairo Martínez Niño, presidente de la asociación departamental de usuarios  de la Nueva EPS, señaló que están muy preocupados porque “con los problemas tan graves que presenta la salud desde hace años, la reforma en lugar de arreglar, profundiza los aspectos más nefastos del sistema. Ahora sí le van a poner nombre propio: Aseguradoras en Salud”. 
Añadió que el mayor problema es la intermediación financiera, en la que se ha copiado un modelo de otros países. “Esa ley 100 convirtió en negocio la salud. Los grupos financieros más poderosos del país manejan las EPS y la ley concentrará más ese poder con el cuento de liquidar”. Entre otras inconsistencias o debilidades del proyecto, Martínez Niño resaltó que este no abre las puertas a una mejora de las condiciones laborales a los funcionarios de la salud, sino menos posibilidades de formalizarlos. 
“Hay una alarma en torno al tema de la reforma, porque con las características que presenta, menos se humanizaría. Es como negarle a los usuarios servicios, dilatar para que la gente se canse con sus trámites y deje de insistir. Lo que necesita el sistema para humanizarse es que el servicio fundamental no esté manejado con un criterio de rentabilidad comercial, en ese sentido habría que desmontar el aseguramiento”.

Reforma a la salud

El proyecto de ley propone en 13 capítulos, iniciando por las generalidades y cerrando con “otras disposiciones”, la reestructuración del sistema. 

Salud Pública: Establece que cada 5 años se formulará el Plan Nacional de Salud Pública y con base en las metas allí dispuestas, se definirán acciones que deben ejecutarse a nivel nacional y regional.

Gestión del Riesgo en Salud: Será ejecutada a través de aseguramiento y la salud pública. Las EPS deben contar con un sistema de información y monitoreo para implementar la gestión del riesgo en salud.

Aseguramiento: En este capítulo se encuentra uno de los puntos más relevantes del proyecto de ley, ya que dispone que las actuales EPS se transformarán en Aseguradoras en Salud, AS. Estas aseguradoras deberán garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional con las redes integradas de servicios de salud que conformen y celebrarán los acuerdos de voluntades con los integrantes de las redes o las asociaciones que se presenten entre ellos u otras AS. Estas redes deberán impulsar el uso de la telesalud, atención de consulta y hospitalización domiciliaria. Asimismo, se propone la integración de los regímenes contributivo y subsidiado en un régimen único y la unificación del Plan de Beneficios en Salud en un Plan Único de Salud, Plus.

Prestación de servicios de salud: Será provista por redes integrales de servicios compuestas por prestadores con funciones diferenciadas e integradas bajo un modelo de atención, un plan único de salud y la interoperabilidad de la información sanitaria a lo largo del sistema.

Modelo de atención: Determina que el sistema de salud colombiano estará sustentado en la atención primaria integral con enfoque familiar y comunitario, lo que se traduce en que toda persona estará adscrita a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo, de su libre elección, ubicado cerca al lugar de residencia o trabajo, de acuerdo con la reglamentación que el ministerio de Salud y Protección expida.

Hospital público: Seguirán funcionando como ESE y el ministerio de Salud reglamentará las condiciones para su conformación y sus características.

Transaccionalidad y mecanismos de pago: MinSalud establecerá, por ejemplo, las condiciones y porcentajes para la contratación con la red pública. Asimismo, existirá una plataforma tecnológica para registrar la información consignada en los acuerdos de voluntades entre Aseguradoras en Salud, entidades territoriales, entre otros.

Talento humano en salud: Se deberá disponer de un sistema de información nacional sobre la disponibilidad y necesidad del talento humano en salud a nivel nacional, departamental y municipal. Adicionalmente, habrá incentivos para las instituciones de educación superior que ofrezcan especialidades clínicas, quirúrgicas, entre otros, con base en convenios establecidos de acuerdo a la disponibilidad del talento humano en salud en el territorio nacional. Finalmente, el proyecto contempla dignificación para este talento humano a través de la ratificación de prohibición de tercerización laboral.

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Dignificación laboral del talento humano: De conformidad con el artículo 18 de la ley 1751 de 2015, serán principios rectores de la relación laboral para la dignificación del talento humano, las garantías para la prestación del servicio. 

Financiación y Sostenibilidad: Se contempla la presentación de planes de estabilización y fortalecimiento del aseguramiento en salud por parte de las AS; la implementación de un programa de saneamiento financiero del sistema, a cargo de la Superintendencia de Salud, se establece el giro directo de la Unidad de Pago por Capacitación, UPC, incluyendo facturación electrónica; se crea un fondo de garantías del sector salud para garantizar la continuidad de prestación de servicios de salud al usuario; y finalmente, se busca modificar las tarifas del impuesto de cigarrillo y tabaco elaborado.

Inspección, vigilancia y medidas anti evasión: MinSalud, UGPP, Unidad de Pensión Nacional y Parafiscales y Dian articularán sistemas de información y adelantarán de manera conjunta, medidas persuasivas y sancionatorias para controlar la evasión en el sistema de salud.