La medida anunciada por el Gobierno ecuatoriano afecta directamente a Ecopetrol y se produce en un contexto de cruce de aranceles, reclamos por seguridad fronteriza y crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.
El Gobierno de Ecuador anunció un aumento del 900 % en la tarifa que cobra por el transporte de petróleo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una decisión que profundiza la tensión comercial, energética y diplomática entre Ecuador y Colombia.
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La medida eleva el costo de USD 3 a USD 30 por barril y afecta directamente al crudo que moviliza la estatal colombiana Ecopetrol, así como el de algunas empresas privadas.
La decisión fue confirmada este lunes 26 de enero por la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien explicó que el ajuste tarifario entró en vigencia desde el viernes 23 de enero y responde a un principio de “reciprocidad” frente a las recientes medidas adoptadas por Colombia, entre ellas la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a Ecuador.
Según datos citados por la agencia AFP, por el SOTE se transportaron cerca de 10.300 barriles diarios de crudo colombiano durante noviembre de 2025. El ducto, administrado por la empresa estatal Petroecuador, tiene una capacidad de hasta 360.000 barriles diarios y constituye una infraestructura clave para llevar petróleo desde el sur de Colombia hasta el puerto ecuatoriano de Esmeraldas, en el océano Pacífico.
Manzano defendió el incremento señalando que Ecuador presta un “servicio estratégico” al facilitar la exportación de crudo colombiano desde zonas fronterizas afectadas por problemas de seguridad y presencia de economías ilegales. A su juicio, la nueva tarifa refleja el valor del servicio y está sujeta a criterios de disponibilidad y oportunidad para los usuarios extranjeros.
El anuncio se produce en un contexto de creciente fricción bilateral. La semana pasada, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa informó que su país aplicará, a partir del 1 de febrero, un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando falta de cooperación efectiva en el control del narcotráfico en la frontera común. Colombia respondió con un gravamen equivalente a más de 20 productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de energía eléctrica, un recurso del que Ecuador es deficitario.
Además del SOTE, Ecuador cuenta con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por donde también se transporta petróleo colombiano, principalmente de empresas privadas. Aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de un ajuste tarifario en este ducto, la ministra Manzano aclaró que en ese caso se trata de acuerdos entre privados y no confirmó nuevos incrementos.
Las medidas han generado inquietud entre empresarios y analistas, dado que el comercio binacional alcanza cerca de USD 2.800 millones anuales. Mientras ambos gobiernos insisten en que sus decisiones son de carácter recíproco y defensivo, el escenario abre interrogantes sobre el impacto económico y político de una disputa que, por ahora, sigue en escalada.
