Estado de Emergencia Económica: choque de poderes y tensiones políticas en Colombia

A una semana de cumplir su límite constitucional de 30 días, el controvertido Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro Urrego declaró un Estado de Emergencia Económica y Social, ha detonando una fuerte crisis política e institucional que ya cruza ramas del poder público.

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Un decreto bajo lupa constitucional

Como ocurre con todos los estados de excepción, la declaratoria pasó automáticamente a control de la Corte Constitucional, que debe evaluar si el Gobierno cumplió con los requisitos formales y materiales exigidos por la Carta Política.

En el alto tribunal, el estudio del caso quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien actúa como ponente del expediente. Desde allí se abrió un debate interno sobre la validez de la emergencia, especialmente por el uso de facultades extraordinarias para atender problemas estructurales y no hechos imprevistos o sobrevinientes, como lo exige la jurisprudencia constitucional.

De manera paralela, gremios económicos y otros sectores anunciaron demandas contra el decreto, al considerar que el Gobierno utilizó la figura de la emergencia para expedir medidas económicas y tributarias sin pasar por el Congreso.

Tensiones internas en la Corte

En medio del trámite, se conoció que al interior de la Corte Constitucional se presentó una solicitud para suspender provisionalmente los efectos del decreto, mientras se adopta una decisión de fondo. No obstante, hasta el momento no existe un comunicado oficial ni una decisión pública de la Corte que confirme que el decreto haya sido suspendido.

Es decir, la suspensión ha sido solicitada y discutida, pero no ha sido formalmente decretada ni anunciada por la Corte Constitucional.

A esta controversia se sumó la decisión del presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien se declaró impedido para participar en el estudio del caso, argumentando que algunas de sus declaraciones públicas previas podrían afectar su imparcialidad. Su impedimento deberá ser resuelto por la Sala Plena.

El Senado endurece el control político

Mientras la Corte avanza en el control constitucional, el Senado de la República activó su propio frente de confrontación institucional. Varios congresistas cuestionaron la legalidad y necesidad de la emergencia y promovieron debates de control político contra los ministros del Gobierno.

Desde el Legislativo se ha advertido que el Ejecutivo habría recurrido a la emergencia para eludir el trámite ordinario de reformas económicas, lo que, a juicio de la oposición, vulnera el principio de separación de poderes.

Incluso, algunos sectores han planteado la posibilidad de mociones de censura si el Gobierno no entrega explicaciones suficientes sobre la motivación real del decreto y las medidas adoptadas bajo su amparo.

Una emergencia en la recta final de su vigencia

El decreto de emergencia fue expedido el 22 de diciembre de 2025, por lo que su vigencia máxima constitucional es de 30 días, plazo que se cumple hacia finales de enero de 2026. Esto significa que la emergencia entra en su recta final, mientras aún no existe un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional.

La decisión de fondo del alto tribunal será clave para determinar si el Gobierno actuó dentro de los límites constitucionales o si, por el contrario, incurrió en un uso indebido de las facultades excepcionales.

Más allá del debate jurídico, la emergencia económica ha profundizado un clima de tensión política entre las ramas del poder público, en un contexto preelectoral marcado por la polarización y la desconfianza institucional.