¿Congelar tarifas de servicios públicos puede ayudar a 'atajar' la inflación?, sigue el debate

Polémica causó en el país la petición que realizó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de congelar las tarifas en los servicios de energía que presta Empresas Públicas de Medellín, EPM, en varios departamentos, luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego asumiera funciones en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.  

Cabe recordar que EPM tiene como filial a la Empresa de Energía del Quindío, Edeq y a 11 empresas más que atienden a igual número de departamentos entre los que se encuentran Afinia, Cheq, Cens, Edeq, EPM y Essa.
 

Reacciones a la petición 

Uno de los primeros en reaccionar a la solicitud del alcalde de Medellín fue el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, quien a través de entrevista manifestó que apoya la iniciativa y, además, recordó que, durante la pandemia, Empresas Públicas de Armenia adelantó este mismo proceso con el propósito de disminuir las afectaciones económicas en la ciudad. 

“Todo lo que tenga que ver con que se haga un esfuerzo desde la gerencia de una empresa como EPM me parece excelente, la apoyo totalmente”, señaló el burgomaestre quien indicó que son muchas las alzas que han tenido que asumir este año los ciudadanos por lo que este tipo de medidas alivian un poco el bolsillo.  

Por su parte, el experto en temas económicos José Santos Hernández señaló que la medida que busca congelar las tarifas de los servicios de energía en la ciudad sí podría ayudar a disminuir los índices de inflación que mes a mes se han venido evidenciando en los informes que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.  

Sin embargo, manifestó que el problema al tratar de congelar las tarifas radica en que las demandas agregadas para establecer los costos del servicio se dan en la bolsa y esta depende de la información del mercado y la tasa de cambio lo que hace difícil sostener una tarifa.  

“Lo que se debe revisar es la estructura de formación de precios mientras se democratiza la prestación de algunos servicios públicos y que sea la oferta y demanda la que regule los precios”, concluyó el economista consultado por este medio. 

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO quiso conocer la posición del gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, frente a la solicitud de congelar tarifas; sin embargo, por ahora se mantiene al margen del debate.
 

Solicitud no es para el presidente 

Así mismo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, señaló que la solicitud no debería hacerla al presidente de la República, sino ante el gerente general de la empresa para que la analice y, de encontrarla viable, la presente y sustente ante la junta directiva de EPM, que el alcalde preside, considerando los marcos regulatorios vigentes. 

“Es muy importante recordar que no se deberían tomar decisiones que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera de las empresas, porque, en tal caso, serían los usuarios los más perjudicados”, señaló el presidente de Andesco. 

Dijo que las decisiones sobre la gestión de costos e inversiones son del resorte exclusivo de cada empresa en el marco de la regulación y procesos establecidos por las Comisiones. “Entendemos que el grupo EPM tiene los análisis técnicos para la toma de estas medidas y esperamos que se realicen en el marco de dichos análisis”, señaló el dirigente gremial. 

Puntualizó que, en todo caso, cualquier acción que se lleve a cabo debe preservar los criterios definidos en la Ley 142 de 1994. Lo anterior, en aras de que la prestación de los servicios públicos conserve su calidad, continuidad y eficiencia. 

Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, señaló que la decisión del presidente Gustavo Petro de recuperar sus funciones constitucionales delegadas en la Creg y la CRA ha despertado dudas sobre posibles motivaciones políticas en la regulación de la prestación del servicio público de electricidad. 

Dijo que los agentes del sector temen que los precios de la electricidad sean determinados por el ejecutivo sin consideraciones técnicas e ignorando la complejidad de factores que intervienen en la definición de los precios. 

Frente a esta preocupación, Quiroga Collazos dijo que “en primer lugar, cabe señalar que las comisiones de regulación de servicios públicos, por diseño constitucional, no son entidades con plena autonomía del presidente. De acuerdo con la Constitución, las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios le corresponden al presidente”. 

También señaló que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia determina que la dirección general de la economía está a cargo del Estado y que este intervendrá, entre otras actividades, en los servicios públicos para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

“La recuperación de funciones regulatorias por parte del presidente se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y le permite recuperar la iniciativa en un sector económico cuya responsabilidad recae en el ejecutivo. Es así como el acceso a los servicios públicos y las características de su generación y prestación requieren de la intervención del Estado”, señaló el superintendente.  

Advirtió que no se debe perder de vista que el acceso a los servicios públicos es un derecho ciudadano que no puede estar sujeto a las dinámicas del mercado y que la competencia tiende a ser limitada en las diferentes etapas de la prestación del servicio.  

“La coyuntura actual, en la que el alza de las tarifas sobrepasa las posibilidades financieras de las familias colombianas, demanda acciones rápidas y oportunas, a través de las herramientas de intervención que ofrece nuestro ordenamiento jurídico”, manifestó. 

Continuó su posición diciendo que, de hecho, hace unos meses el ministerio de Minas y Energía, con la participación de la Creg, lideró el Pacto por la Justicia Tarifaria, al que se vincularon varios agentes del sector. Sin embargo, el acuerdo no tuvo el impacto esperado y la Creg no ha mostrado el sentido de urgencia que la realidad de millones de colombianos demanda. 

“Sabemos que es posible disminuir las tarifas, sin que ello ponga en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y las inversiones en mantenimiento y expansión necesarias para garantizar la seguridad energética nacional”, concluyó.