La sostenibilidad ya no es opcional: Quindío debe prepararse para las crisis climáticas

Hace unas semanas, una alerta de tsunami obligó a suspender actividades turísticas en varios parques nacionales de la costa Pacífica —tras el terremoto de magnitud 8.8 en Rusia. Sin embargo,  más que un susto: fue una advertencia sobre la fragilidad operativa de regiones enteras ante los eventos climáticos extremos, así lo señaló Ayari Pérez, gerente de Expansión América de Valora Consultores, empresa que apoya a los negocios a invertir, competir y cumplir en la nueva economía verde, inclusiva y digital.

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Aunque no se materializó un tsunami, Pérez indicó que sí se activaron evacuaciones y se suspendieron actividades turísticas en varias zonas costeras.

“Este tipo de situaciones tienen un impacto más allá del territorio afectado: alteran la percepción de seguridad de los viajeros y pueden desacelerar las reservas incluso en regiones del interior como el Quindío”, relató a La Crónica del Quindío.

Dijo que en el sector empresarial cuando ocurren este tipo de alertas, las compañías — especialmente en turismo, infraestructura y logística— se ven obligadas a pausar operaciones, asumir pérdidas, gestionar cancelaciones o enfrentar bloqueos. “Lo peor es que muchas no tienen un plan de adaptación climática, ni protocolos para mitigar el impacto operativo, reputacional o financiero de estos eventos”.

El turismo, entre los sectores más expuestos y menos preparados

Ayari Pérez señaló que en el departamento el turismo de naturaleza y la experiencia cafetera son motores clave de la economía, por ende, estar preparados para gestionar riesgos climáticos y ambientales es fundamental.

“La prevención no solo protege vidas, también protege empleos, ingresos y reputación del destino”, dijo la profesional.

Por otro lado, en el foro de Conexión Valora, realizado el jueves 24 de julio en Bogotá, que contó con la participación de líderes de BBVA, Ecopetrol, IFC, Postobón y la ANDI, se señaló que el sector turístico es uno de los más vulnerables frente al cambio climático y la conflictividad social.

“Marchas, bloqueos o desplazamientos ya no son fenómenos externos. Son factores de riesgo directo para las operaciones”, advirtió Judith Flores, especialista del IFC (Grupo Banco Mundial).

Expertos destacaron que el cierre temporal de parques como Gorgona, Utría, Uramba Bahía Málaga y Malpelo implica pérdidas en ingresos, cancelaciones de reservas y afectaciones logísticas para operadores turísticos y comunidades locales.

No obstante, la gerente de Expansión América explicó que territorios como el Quindío, donde la economía se entrelaza con el entorno —desde las fincas cafetaleras hasta el ecoturismo rural—, no contar con un plan ambiental y social estructurado es un riesgo directo para la continuidad del negocio.

En ese sentido, las empresas que no integren criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) enfrentan riesgos operativos, regulatorios y comerciales.

“Pueden quedar por fuera de cadenas de suministro sostenibles, enfrentar mayores exigencias por parte de entidades financieras o perder preferencia entre consumidores cada vez más conscientes. La sostenibilidad no es solo reputación, es una herramienta real de mitigación de riesgos y de diferenciación estratégica”, afirmó

La sostenibilidad como estrategia de riesgo

David Pacheco, director de sostenibilidad de BBVA, aseveró que desde el sector financiero, el mensaje es claro:

“La sostenibilidad es un buen negocio porque reduce riesgos. Las empresas que la entienden acceden a mejores condiciones financieras”.

Por su parte, Mónica Tangarife, gerente de responsabilidad corporativa de Ecopetrol, mencionó que es importante la adaptación y prevención antes estás situaciones.

“Si no demostramos con datos cómo prevenimos y cómo nos adaptamos, no vamos a ser competitivos”.

Para Rubén Goldsztyn, director de Producción y Consumo Sostenible de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, el error más grave es seguir viendo la sostenibilidad como un tema reputacional. “Es control de riesgo. Es licencia para operar. Ya existen tecnologías como la inteligencia artificial para anticipar amenazas, pero no estamos aplicándolas con la rigurosidad que exige el momento”, argumentó.

Así entonces, desde Valora Consultores subrayaron que la alerta de tsunami fue solo una señal más en un contexto donde el riesgo climático, social y regulatorio ya está golpeando las finanzas de las empresas. Y aunque el evento no ha avanzado a mayores, sí expuso con claridad la fragilidad operativa del país frente a crisis ambientales crecientes.

Según la entidad, hoy el entorno empresarial colombiano opera en un mapa de riesgo diferente:

•  Los bancos ya no prestan solo por rentabilidad, sino por capacidad de adaptación.
•  Las regulaciones exigen reportes ambientales técnicos y verificables.
• Los inversionistas miden la exposición ESG —— la exposición y el progreso de una empresa con respecto a dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza específicas—— antes de comprometer capital.

“En este escenario, la sostenibilidad no es un valor agregado. Es una línea de defensa estratégica para garantizar continuidad operativa, acceso a financiamiento y resiliencia frente a lo inesperado”, reiteraron desde la empresa.

El cambio climático es un riesgo legal

El 23 de julio pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica en la que afirma que los Estados tienen obligaciones legales bajo el derecho internacional para enfrentar el cambio climático. El fallo establece que deben reducir emisiones, prevenir daños ambientales futuros, y proteger activamente el derecho humano a un ambiente sano.

La Corte también advirtió que la inacción o respuesta insuficiente de un Estado puede constituir un acto internacionalmente ilícito, lo cual podría derivar en demandas o sanciones, especialmente si no se regulan adecuadamente actividades privadas con alto impacto ambiental, como energía, infraestructura, turismo y agroindustria.

Para Colombia, este pronunciamiento se alinea con normativas internas como la Circular 004 de la Superfinanciera, que exige a las empresas identificar, reportar y gestionar riesgos ambientales y sociales con criterios técnicos y auditables.

Teniendo en cuenta este pronunciamiento sobre las obligaciones legales de los Estados en relación al cambio climático, Ayari Pérez, gerente de Expansión América de Valora Consultores, sostuvo que este pronunciamiento refuerza que el cambio climático ya no es solo un asunto ético o de voluntad, sino un compromiso legal para los Estados. En consecuencia, las regulaciones climáticas se endurecerán y el sector privado será parte de ese marco.

“Empresas que no se alineen con estas exigencias podrán enfrentar consecuencias económicas reales: acceso limitado a financiamiento, pérdida de licencias, aumento de primas de seguros, exclusión de mercados de exportación o reputación deteriorada. En cambio, las que lideren la transición hacia modelos sostenibles podrán acceder a nuevas oportunidades comerciales, financiamiento verde y mejores condiciones competitivas”, advirtió.