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Ministro de Hacienda explicó las ventajas de la nueva reforma tributaria

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jueves, 12 agosto 2021

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José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Hacienda, fue el invitado del Foro de Gerentes de la Cámara de comercio y dio a conocer detalles del proyecto de ley.

Con el nuevo proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional, se espera que este año se comiencen a dar los primeros resultados y en ese sentido uno de los más importantes es el crecimiento de la economía, que se estima sea de 6 % al finalizar la vigencia.

Así lo dio a conocer José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Hacienda, durante su intervención como invitado al Foro de Gerentes, organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, CCAQ, en donde explicó cómo se estructuró el documento.

 

Por qué la reforma 

 

“Para entender la reforma es necesario comprender que nosotros llegamos a este proyecto por una razón y para explicarla hay que recordar que en diciembre de 2019 Colombia tenía la tasa de crecimiento más alta entre los países de América Latina con economías de su tamaño, tenía el mejor resultado en déficit fiscal de los últimos 8 años, tenía superávit fiscal primario —la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno sin incluir intereses daba positivo—, lo que no se registraba desde hacía 7 años”, manifestó el ministro. 

Agregó que en esa anualidad se logró un empuje a la economía nacional y sectores como el turístico tenía las mejores cifras en la historia. “Incluso en enero y febrero de 2020 logramos un crecimiento por encima de 4%, cuando se estimaba del 3 %, pero fue en ese momento cuando llegó la pandemia y nos obligó a tomar decisiones muy dolorosas, por ejemplo, el cierre de la actividad productiva, en defensa de la vida”.

Aseguró que todas las medidas fueron generando impactos importantes que llevaron a que se diera la caída de ingresos en los hogares, casi un 13 %, a que la pobreza monetaria extrema se multiplicara. “2.8 millones de personas nuevas pasaron a estar en esa situación y son familias que se ven en dificultades serias para atender sus necesidades básicas, así mismo, 4 millones de personas nuevas en pobreza monetaria y eso destruyó parte del avance que habíamos logrado en la clase media”.

Lamentó que fueron 8 años perdidos como resultado de una pandemia y relató que el agravante es que la población más pobre se ve más afectada. “Es obvio, porque si alguien vive en la informalidad y le cierran su actividad productiva, no tendrá ingresos para satisfacer las necesidades de cada día. Los ingresos en estos niveles económicos cayeron entre el 11 y el 25 %, mientras que en los más altos, cayeron entre el 5 y el 7 %”.

El jefe de la cartera nacional aseveró que en abril de 2020 se perdieron 5.4 millones de empleos, la pobreza extrema llegó al 15 % y la pobreza monetaria, al 42 %, casi la mitad de la población.

“Esto hubiera sido mucho más difícil, pero el gobierno nacional destinó el 11 % del Producto Interno Bruto para atender las necesidades de la población en distintos frentes, lo que representa un costo que llevó a que el déficit fiscal de Colombia se multiplicara por 3, después del mejor resultado del país, llegamos al 7.8 %, más de 3 veces la cifra que tenía. La deuda pública se elevó 15 %”, informó Restrepo Abondano. 

 

Los desafíos a enfrentar

 

Debido a estas dificultades, el gobierno nacional se vio obligado a hacerle frente a 3 desafíos. “1. Desafío social: No podemos ser indiferentes a la realidad de tantas personas que están sufriendo como resultado del impacto de la pandemia, a los informales, al reclamo de la juventud de tener oportunidades laborales, al reclamo de las familias y jóvenes que perdieron la posibilidad de acceso a la educación superior oficial, al reclamo del microempresario, que necesita hoy un subsidio de liquidez para pagar su caja. 2 Desafío Fiscal: No podemos permitir que siga creciendo la deuda pública, no podemos seguir sosteniendo el déficit fiscal, tenemos que estabilizar las finanzas públicas de Colombia. 3. Desafío de la reactivación: Tenemos que generar una nueva dinámica productiva, para que Colombia crezca más en los próximos años. Para lograr eso acojo el mensaje del presidente Iván Duque Márquez, que nos invitaba a actuar con grandeza, con sentido solidario como gremios y empresarios, y a tener concesos, por lo que hemos venido desarrollando diálogos con los diferentes sectores, para construir puentes con base en una iniciativa y así es como surgió este proyecto de inversión social”, aseguró el ministro.

 

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Los principios del proyecto de ley

 

Minhacienda dijo que el proyecto de ley inicia con unos principios. 1. No puede tocar a las clases medias, no puede afectar a los más vulnerables, por el contrario, debe beneficiarlos. No debe tocar el IVA, la base de las personas naturales en el impuesto de renta, ni crear impuestos a las pensiones. 

Con esto establecido, desarrollaron un proyecto sencillo de 35 artículos, que busca trabajar para enfrentar los 3 desafíos antes expuestos.

“Primero el propósito social, para el que nos pusimos como tarea construir la estructura de protección social más importante que pueda tener Colombia en su historia y hablando con la gente, llegamos a la conclusión que lo primero que había que hacer era extender el programa Ingreso Solidario de manera temporal, hasta diciembre de 2022, con el que se busca beneficiar, ya no a 3.1 millones de personas, sino a 4.1 millones. Con esta iniciativa y otros programas sociales, vamos a llegar al 50 % de los hogares de Colombia —25 millones de colombianos—“, apuntó Restrepo Abondano.

Agregó “Además, quisimos incluir otros componentes, como el subsidio a la nómina, para que el empresario tenga un incentivo para vincular laboralmente a jóvenes entre 18 y 28 años, financiándole cerca del 100 % de los costos de seguridad social, para que se disminuyan los costos de contratación y se generen oportunidades a esta población y generar 500.000 empleos. Así mismo, está la matrícula cero, que busca beneficiar a casi 700.000 jóvenes”. 

Según el funcionario, esta es una de las columnas vertebrales de la iniciativa de inversión social, pero surgió la pregunta de cómo financiar esta propuesta. “Nos fuimos por la vía del ejemplo, por lo que tenemos que demostrar que el Estado puede ser austero en el gasto público, no es fácil, pero puede serlo y con cosas concretas, por ejemplo, se limita el aumento de la burocracia —sosteniendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores—, se restringe los cambios de personal de planta de entidades públicas, se congelan las vacantes, se toma la decisión de que el crecimiento en adquisición de bienes y servicios no supere la inflación en los siguientes 10 años, se propone llegar al 50 % de ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, combustible; no se renovarán planes de telefonía móvil y de internet, con un desmonte gradual. Que se controlen los costos de arrendamiento de instalaciones físicas del Estado, que se haga un análisis y racionalización de los esquemas de seguridad, que se controlen los contratos de prestación de servicios de personas naturales y jurídicas hasta en 10 %, reducir en 5 % las transferencias durante 5 años, entre otros ahorros. Con esto se esperan obtener $1.9 billones”.

Subrayó: “Hay que dar ejemplo en otro frente, la lucha contra la expresión de la corrupción, que es la evasión fiscal, y aquí hay que hacer un esfuerzo para recaudar $2.7 billones. Para esto, además de lo que ya se venía haciendo, se contemplan nuevos componentes, como que al potencial evasor le vamos a emitir una declaración de renta sugerida. Así mismo, estamos incluyendo más de 100.000 personas en IVA, que son potenciales evasores. Además, la Dian va a tener la facultad de expedirles el RUT correspondiente a los potenciales evasores y con este se realizará la declaración de renta. Tenemos un propósito también de identificar lo que denominamos beneficiarios finales, quiénes están detrás de cada persona jurídica, para evitar la evasión fiscal. Con todo lo anterior se recaudaría el 39% del presupuesto para la iniciativa”.

El ministro dijo que el 61 % restante saldrá del sentido de solidaridad que fue expresado por los sectores productivos para contribuir a esta reforma, por lo que se desmontarán parte de los beneficios establecidos en la ley de crecimiento de 2019. “Se desmontará el descuento del 100 % en el ICA, que ahora será solo del 50 %. No se va a dar la reducción en el impuesto de renta como se tenía previsto, así como tampoco en lo relacionado con descuentos del IVA en bienes de capital, entre otros. Se incluye también una sobretasa en el sector financiero de 3 % hasta 2025. Esa es la segunda columna vertebral y la tercera es la que denominamos la regla fiscal, que fortalece la institucionalidad fiscal, para salvaguardar las finanzas públicas, para tener metas que garanticen niveles de deuda prudentes, entre otros aspectos en la materia”.

Manifestó que, para el tercer desafío, el de la reactivación, tienen que trabajar mancomunadamente los sectores público y privado local, con el público nacional, para lograr mejores posibilidades para los ciudadanos.
 


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