Obras del Túnel de La Línea y del SETP estarían en riesgo por cambio en presupuesto nacional

Quindío se sumó a la preocupación nacional que hay en diversos sectores por los cambios que el Gobierno nacional le realizó al Presupuesto General de la Nación (PGN), relacionados con el decreto de liquidación, el cual no fue separado del anexo del presupuesto que contiene el detalle del gasto como lo exige el Estatuto Orgánico de Presupuesto y que hoy tiene en vilo cerca de $13 billones para la ejecución de proyectos relacionados con infraestructura.  

Esta situación pone en riesgo la ejecución, a través del mecanismo de vigencias futuras de 65 proyectos del Invías por un total de $3.1 billones y 24 proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura por un rubro cercano a los $7.1 billones, además del apoyo presupuestal para 11 universidades públicas del país. 

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En diálogo con NUEVA CRÓNICA QUINDÍO el representante a la Cámara por el Quindío, John Édgar Pérez Rojas, quien hace parte de las comisiones económicas que se encargan de aprobar el presupuesto, manifestó que el Gobierno nacional no solo se equivocó, sino que también violó la ley. 

“Recordemos que el Congreso de la República aprueba un Presupuesto General de la Nación y después de la aprobación se debe expedir un decreto de liquidación del presupuesto donde ya se aterriza lo aprobado por el Congreso a nivel de proyectos, subproyectos y le asignan recursos a cada una de las ejecuciones”, expresó el congresista. 

Explicó que en la liquidación del presupuesto cerca de $13 billones que son con cargo a vigencias futuras de proyectos que vienen de años atrás no se le asignaron recursos. “Están en riesgo obras como el Metro de Bogotá, el metro ligero para Medellín, obras de Transmilenio y para el caso del Quindío el corredor vial que va de Buenaventura- Bogotá, entre muchas obras más”, señaló Pérez Rojas.

El congresista del partido Cambio Radical indicó que revisando la lista de proyectos que están en riesgo para el Quindío con esta modificación al presupuesto nacional solamente encontró que existe el peligro de que se paralicen las obras complementarias del Túnel de La Línea. 

NUEVA CRÓNICA conoció que otro de los proyectos que está en vilo con esta decisión del Gobierno nacional tiene que ver con la implementación del proyecto del Sistema Estratégico de Transporte de Armenia que tiene una inversión de $25.000 millones y en la cual se viene trabajando años atrás. 

El representante a la Cámara por el Quindío fue enfático en manifestar que el gobierno no tiene la facultad de mover el presupuesto y priorizar a su voluntad la inversión en estas obras y dejar otros proyectos sin recursos porque existen compromisos de vigencias futuras. 

“El gobierno con el presupuesto que no esté comprometido puede priorizar lo que quiera para eso es gobierno, pero lo que ya viene comprometido no se puede modificar porque existen vigencias futuras que se comprometieron de 2020 a 2044 que equivale más o menos al 0,4 % del Producto Interno Bruto del país”, puntualizó el congresista. 

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Llamado al Gobierno 

Por su parte el ingeniero Uriel Orjuela Ospina, presidente del Comité Intergremial, se sumó a la preocupación por el riesgo que existe en la ejecución del proyecto de la carretera Armenia-Ibagué y las obras complementarias del Túnel de La Línea. 

“Hay un contrato de operación y mantenimiento de la carretera que se vence ahora en marzo y que de no salir pues esta carretera no puede funcionar sin quien la opere, eso podría llegar en un momento dado a generar un cierre del corredor por muchos temas incluso de seguridad”, expresó el líder gremial.

Dijo que desde Alianza por el Quindío y el Comité Intergremial ven esta situación muy delicada considerando que el Gobierno nacional está en una situación de emergencia. “Se necesita que se haga todo el esfuerzo necesario para apropiar los recursos y continuar con la operación del proyecto que no es solo el Túnel de La Línea, recordemos que son 26 túneles en ese corredor entre Cajamarca y Calarcá, 31 viaductos más la carretera, los puntos críticos, la operación y mantenimiento de una carretera para garantizar el nivel de servicio de la misma en condiciones de seguridad para los usuarios”, expresó.

Dijo que el llamado al Gobierno nacional es para que con mucha celeridad le den solución al problema y no dejar la carretera desprovista en el caso de que no haya recursos para el operador.

“La carretera necesita el operador es importante tenerlo por la importancia también de la carretera, es decir, es una vía que no solamente nos afecta a los quindianos sino al país, la movilidad de carga de pasajeros y turistas, la comunicación entre el puerto de Buenaventura y el centro del país”, puntualizó Orjuela Ospina. 

Parálisis en infraestructura de transporte

“La no corrección de los yerros del Decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte, pone en jaque proyectos estratégicos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, la operación del Túnel de La Línea e, incluso, la licitación de la doble calzada Pasto-Popayán.  No honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras, atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista, sin duda alguna, el activo más preciado consolidado por el país, en los últimos 30 años”, fue lo que expresaron desde la Cámara Colombia de la Infraestructura sobre la situación del presupuesto nacional.

Expresaron que de los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte. De esa partida, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.

Sin embargo, la CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Lo anterior, resulta aún más preocupante, si se tiene en cuenta que de esta manera se violenta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta.

Advierte la CCI que, de manera sorpresiva, recientes anuncios del ministro de Hacienda señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.  “La no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos”, expresaron. 

También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267 mil millones de pesos, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.

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