Opiniones divididas por piso de protección social, ¿avance o retroceso?

El gobierno nacional emitió el decreto 1174 de 2020 que reglamenta el piso de protección social para quienes ganen menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Esta norma ha sido controvertida en los últimos días, pues unos la ven como una oportunidad para avanzar hacia la formalidad en el país, mientras que otros, como un retroceso en el sistema laboral. 

Lo que dispone el decreto

El piso de protección social está compuesto por el régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, los Beneficios Económicos Periódicos, Beps, y el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por Beps. 

El decreto señala que son vinculados obligatorios quienes tengan uno o varios nexos laborales por tiempo parcial  o por prestación de servicios y que en total reciban al mes menos de un salario mínimo. Así como quienes cuenten con uno o varios vínculos laborales y, simultáneamente, con uno o varios contratos por prestación de servicios, que reciban un ingreso total mensual inferior a un salario mínimo. 

Podrán vincularse voluntariamente a este sistema quienes no tengan vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios, incluidos los productores agropecuarios y quienes no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al sistema integral de seguridad social. 

El ministerio de Trabajo aclaró que esta no es una reforma laboral ni pensional y que tampoco se elimina la posibilidad de acceder a una pensión. “Los regímenes pensionales siguen igual, lo que se reglamenta es la posibilidad para que quienes ganan menos de un salario mínimo puedan ahorrar para la vejez. Este decreto no modifica las normas laborales existentes, lo que hace es reconocer a quienes, por diferentes circunstancias de su trabajo, no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo mensual”. 
 

“Un paso hacia la formalización”

Fáber Buitrago Patiño, dirigente gremial y quien ha sido promotor de la creación de un proyecto de seguridad social para el sector agropecuario, dijo a LA CRÓNICA que el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 es un gran avance en la dignificación laboral de los trabajadores del campo, ya que reglamenta una protección en seguridad social mínima para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo.

“Esto garantiza el acceso de muchos trabajadores a una salud subsidiada, acompañada de un ahorro para la vejez, con un seguro de riesgo laboral, es un buen comienzo a diferencia  de países similares que tienen el factor humano del agro en el olvido, lógicamente no es lo perfecto, pero es un avance, ahora debemos estar muy atentos en implementarlo con toda diligencia y oportunidad entre los diferentes actores”. 

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Para entender cómo funciona este mecanismo, Buitrago Patiño puso como ejemplo un trabajador que es contratado por tiempo parcial y gana $100.000 semanal. “El Estado le proporciona la salud subsidiada y un 20 % sobre el ahorro que haga en los Beps. El empleador pagará $15.000 semanales al trabajador vía consignación en los canales que determine Colpensiones. El trabajador también ahorra una cuota semanal para su vejez según los establezca en su vinculación al sistema de protección de piso mínimo —va desde $5.000 semanales—. 

El dirigente gremial indicó que si está en el sistema contributivo deben seguir ahí, pues el espíritu del piso mínimo obedece a vincular a todas aquellas personas que están en la informalidad, por sus ingresos marginales y variables que devengan. “Para nuestro caso agropecuario la cifra de informalidad ronda un 82 %, debido a la baja rentabilidad del sector, según estudios socioeconómicos realizados por la Universidad del Rosario”.

Narró que desde 2016 se puso la semilla para empezar el proceso de buscar un piso mínimo de seguridad social y que en julio de 2017 crearon un grupo para empezar a darle forma a la iniciativa que ha pasado por el Congreso y debates técnicos .

“El proyecto de ley pasó en Cámara, pero no alcanzó para Senado, quedó para retomarlo después. Mientras tanto logramos escalarlo al plan nacional de desarrollo y se pudo aprobar, donde queda la hoja de ruta para el gobierno de turno. Por eso queremos enfilarnos y trabajarlo en la vía legislativa ya como proyecto de ley definitivo”.
 

“Pauperiza la situación de los trabajadores”

Juan José Orrego López, economista con especialización en servicio público, hizo un llamado al presidente para que reconsidere que esta sea una medida transitoria y mire más allá, “porque de quedarse así va a generar una división más profunda en el país. Somos un Estado social de derecho y es injusto, porque en algún momento muchos podremos estar privilegiados, pero eso no quiere decir que no podamos sentir esa diferencia tan grande que se está formando. Una cosa es el campo, otra la ciudad y otra los funcionarios”. 

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Dijo que los Beps son una alternativa buena, sobre todo para muchas personas que ya no tienen la oportunidad de pensionarse, “pero para qué castigar a una persona si puede llegar a tener una pensión, no obligue a que cuando ya una persona tenga 65 años tenga que pagar pensión, no deben cortar en ningún instante a alguien para que obtenga pensión. Hay opciones para poder mejorar y actuar sin afectar gente como la pensión familiar y la pensión anticipada”. 

John Jairo Díaz Gaviria, presidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Pensionados, Anpiss, expuso: “El decreto 1174 autoriza el trabajo por horas. Con este decreto prácticamente no obligan a los empleadores a tener la gente en seguridad social y poder ampliar la cobertura de los Beps. ¿Cómo va a haber una vejez digna con $170.000 mensuales?”. 

Hugo León Echeverry García, representante de la Confederación General de Trabajadores en Quindío, manifestó que cualquier decisión que tenga que ver con los trabajadores, que afecte sus ingresos, su seguridad social, debe ser discutida en la mesa nacional de concertación laboral. 

“Se deben plantear y tomar decisiones de común acuerdo, no decisiones unilaterales que afecten en gran medida a los trabajadores, donde se autoriza y legaliza toda la contratación y pauperizando la situación tan grave que tienen los trabajadores que difícilmente van a tener derecho a una pensión, seguridad social y riesgos laborales”. 

A nivel nacional se viene organizando una movilización para el próximo lunes 7 de agosto que busca rechazar el decreto 1174, Echeverry García indicó que en el departamento no tendrán claros los detalles de esta protesta hasta este fin de semana, cuando se reúnan los coordinadores locales para decidir la estrategia que se adoptará —podría ser una caravana de vehículos y bicicletas— y la ruta.