La reducción en la disponibilidad de subsidios y las recientes medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno nacional ponen en jaque la capacidad del sector para producir vivienda de interés social y afecta la demanda de los hogares de menores ingresos, sostiene el gremio de la construcción.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) hizo un llamado al Gobierno Nacional para abordar los efectos negativos que sus recientes decisiones podrían tener en el sector de la construcción de vivienda popular y el empleo en el país. Según el gremio, las medidas de reducción en los subsidios del programa Mi Casa Ya para 2025 y la implementación de aranceles en materiales clave podrían frenar el ritmo de construcción de viviendas de interés social (VIS) y generar una reducción significativa en la generación de empleo.
“La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
El presupuesto destinado a programas de vivienda para el próximo año se proyecta en $2.66 billones, un 39 % menos que el presupuesto asignado para 2024, que alcanzó $4.3 billones. Como consecuencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informó que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya anunciados por el Gobierno Nacional para el próximo año. De estos, 6.000 subsidios ya se encuentran preasignados.
El impacto de esta reducción podría generar serias consecuencias económicas, según Camacol. “Si a los desistimientos se le suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55.000 VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011”, señaló Herrera, quien agregó que los menores ritmos de obra se traducirían en la pérdida de 200.000 puestos de trabajo durante 2025.
El último reporte de Dane mostró que en agosto de 2024, la construcción fue el sector que más empleos perdió, con una disminución de 84.000 puestos de trabajo. En el segmento de vivienda se perdieron 79.000 empleos, de los cuales 47.000 (59 %) correspondían a obreros, oficiales y operarios, trabajadores de menores ingresos que ahora ven afectado su sustento.
“No hay un plan de reactivación y, por el contrario, las medidas de política golpean fuertemente la producción de vivienda de interés social”, aseveró Herrera. Desde julio de 2023, el Gobierno Nacional anunció una política de recuperación económica para impulsar el crecimiento del país y proteger el empleo, en la que el sector construcción fue identificado como un eje clave por su impacto en el corto plazo.º
A la disminución de subsidios para los hogares de menores ingresos, se suman las medidas arancelarias que afectan la capacidad de construcción de vivienda de interés social. Camacol advirtió que en el último año se han implementado al menos cuatro salvaguardias y gravámenes que impactan significativamente los costos de la construcción. Se trata del Decreto 2214 de 2023, los Decretos 1227 y 1294 de 2024 y la Resolución 288 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que imponen aranceles de hasta el 30 % para productos de hierro, acero y aluminio importados.
Estas medidas afectan el 88 % de las importaciones de aluminio, el 55 % de las importaciones de alambrón y el 31 % de las importaciones de barras, productos clave en la construcción.
“Es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas medidas pueden generar en la economía y en la vivienda”, manifestó Herrera.
“Las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta”, agregó el presidente de Camacol, quien además afirmó que “resulta contradictorio que el Gobierno celebre la adopción de unas medidas arancelarias que claramente van a seguir agravando la generación de empleo en un sector donde el 85 % de la mano de obra directa está constituida por obreros, oficiales y operarios. Sin la construcción no se puede hablar de una política de reindustrialización”.
Un cierre de 2024 complicado
En agosto de 2024 se registró un repunte momentáneo en las ventas del sector, comparado con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, esta tendencia no logró consolidarse y en septiembre se presentó una caída del 15.6 % en las ventas, lo que sugiere que el sector cerrará el año con niveles similares a los de 2023, manteniéndose cerca de un 40 % por debajo de lo registrado en 2022.
“Todo lo anterior nos lleva a enviar un mensaje de urgencia para que el Gobierno Nacional tome medidas inmediatas que eviten la pérdida masiva de empleos y permitan impulsar la vivienda, un sector clave para la economía del país. Es fundamental revisar de manera objetiva las políticas adoptadas hasta ahora, buscar salidas para garantizar los subsidios requeridos en 2025, y evitar distorsiones en los costos para asegurar que no se profundicen las caídas en la producción de vivienda de interés social. Se requieren decisiones técnicas y genuinamente orientadas a la reactivación económica para enfrentar los desafíos que se avecinan en 2025 y proteger a miles de trabajadores y hogares colombianos”, concluyó el líder gremial.
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