En un video reciente la jefe de la cartera del Gobierno nacional acusó a los integrantes del Consejo Directivo de actuar en contra de la ley en el procedimiento que los llevó a escoger a Juan Esteban Orozco como director general encargado de la entidad.
La situación en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, continúa siendo motivo de atención tras la sesión del pasado 15 de agosto, en la que el Consejo Directivo decidió nombrar como director general encargado al subdirector del área administrativa y financiera, Juan Esteban Cortés Orozco, hermano del exdirector José Manuel Cortés.
Este nombramiento se realizó mientras se lleva a cabo el proceso para la elección de un nuevo director en propieadad, luego de que el Consejo de Estado declarara nulo el proceso que designó a Jaider Arles Lopera Soscué como director general.
Recientemente se conoció un comunicado de prensa de los integrantes del Consejo Directivo de la CRQ que tomaron la decisión de designar el director general encargado de la entidad, rechazando las afirmaciones que realizó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien calificó de vergonzoso lo sucedido en la sesión del pasado 15 de agosto.
En el comunicado firmado por los consejeros: Viviana Patricia Álvarez Rojas, Jhon Sebastián García Martínez, Jaime Marín, Luz Melina Siagama Niamundia y los alcaldes de Quimbaya y Salento; se rechazan las afirmaciones de la ministra catalogando que lo expresado por la jefe de la cartera del Gobierno nacional es producto de la desinformación.
“Como consejeros de la Corporación Autónoma Regional del Quindío rechazamos de manera vehemente las declaraciones desafortunadas realizadas por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dra. Susana Muhamad González, respecto a la situación administrativa que atraviesa la entidad en mención. Las declaraciones realizadas por la señora ministra carecen de veracidad y sustento jurídico, demostrando con ello que ha recibido versiones equivocadas de quienes le quieren hacer daño a la entidad y al pueblo quindiano, sin consideración de la verdad de los hechos”, sostienen en el comunicado.
Advierten que es la actuación de terceros, y no la de los consejeros, la que tiene hoy a la entidad ambiental sumida en una parálisis administrativa, calificándola como un daño al ejercicio de la función pública, a la protección de los elementos naturales del territorio y a la gestión ambiental que le compete a la entidad ambiental.
“Los procesos jurídicos y administrativos para la elección de un director general, que pueda direccionar con rigor técnico y conforme a las normas la entidad, han sido atacados sistemáticamente y sin justificación válida, por personas interesadas en atender los intereses oscuros de politiqueros que quieren apoderarse de la entidad”, dijeron en la información entregada a medios de comunicación.
La ministra ni su delegado estuvieron en la sesión
Otro de los puntos en los que hizo énfasis el comunicado es en relación a lo indicado por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad cuando afirmó que “el ministerio de Ambiente, la gobernación, dos alcaldes, y el delegado de la presidencia nos salimos de ese Consejo Directivo y no avalamos semejante argucia jurídica”.
De acuerdo con los miembros del Consejo Directivo estas afirmaciones realizadas por Muhamad desatienden la realidad de lo sucedido en la sesión del Consejo Directivo del pasado 15 de agosto de 2024. “No entendemos por qué se hacen, pues debe indicarse que, en la precitada sesión, no asistió la señora ministra ni su delegada, motivo por el cual no se comparte la afirmación de la misma cuando señala que el ministerio se retiró de la sesión”.
Así mismo, manifiestan que no son ciertas las consideraciones sobre las que se alega una presunta falta de quórum, porque según ellos la decisión de designación de director general encargado fue tomada por el voto de 6 consejeros con facultad legal y reglamentaria para hacerlo.
Con respecto a los fundamentos que dieron origen a la declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado de la elección de Jaider Arlés Lopera Soscué como director general, sostuvieron que estos obedecen al cumplimiento irrestricto de las directrices y lineamientos fijados por la Procuraduría General de la Nación en el marco de los procesos de elección.
“En efecto, la circular 17 del 03 de noviembre de 2023 exhortaba a realizar una serie de validaciones previas al trámite de cualquier escrito de recusación, las cuales, en consideración de la mayoría del Consejo Directivo, no se cumplieron en los escritos presentados y, por tanto, fueron rechazadas. No obstante, el Consejo de Estado consideró que dichas recusaciones sí cumplían con los requisitos mínimos y, por tanto, debían ser tramitadas ante la Procuraduría General de la Nación por afectar el quórum del órgano colegiado”, expresan en el texto enviado.
Dicen que, así las cosas, el Consejo Directivo entendió que debía dar cumplimiento a la orden judicial y realizar el saneamiento del proceso electoral, para lo cual fue citada la sesión del Consejo Directivo del 02 de agosto de 2024 donde se pretendía proceder a la remoción del director general, elegir un director encargado y realizar el saneamiento del proceso de elección.
Sin embargo, estas actuaciones no se pudieron realizar por una serie de recusaciones presentadas por parte del señor Diego Felipe Urrea Vanegas, quien también es aspirante a director de la entidad y de Carlos Andrés Rubio Devia recusaciones que imposibilitaron al Consejo Directivo dar cumplimiento a la orden judicial.
“Es así como, solo hasta el día 12 de agosto de 2024, se recibieron la totalidad de los pronunciamientos por parte de los 6 consejeros recusados y se procedió, por parte del Consejo Directivo, el día 13 de agosto de 2024, en sesión extraordinaria, a aprobar la remisión a la Procuraduría General de la Nación de las recusaciones para efectos de su resolución”, precisan los integrantes del Consejo Directivo.
Explicaron que el día 15 de agosto de 2024, el hasta entonces director general Jaider Arlés Lopera Soscué, presentó renuncia irrevocable que fue aceptada generando así, según ellos, una dificultad que debía ser resuelta con una nueva actuación administrativa que permitiera la elección de un director encargado.
“Consideramos que el subdirector administrativo y financiero (Juan Esteban Cortés Orozco) es quien está en las mejores condiciones de mantener en funcionamiento la entidad, mientras se hace la elección del nuevo director de la Corporación, una vez se produzca el saneamiento del proceso, previa decisión de la Procuraduría respecto de las recusaciones presentadas para llevar a cabo ese procedimiento administrativo”, concluyen en su comunicado.
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