Van más de 2 años de proceso jurídico reclamando quincenas, primas y vacaciones que nunca fueron canceladas por su labor en el corredor férreo Buenaventura–La Tebaida.
Un nuevo capítulo se suma a la historia de la construcción del corredor férreo Buenaventura–La Tebaida, que se esperaba estuviera listo en diciembre de 2013 para aportar al desarrollo de la región. Pero la sociedad ejecutora del proyecto, Ferrocarril del Pacífico, ha incumplido con lo pactado, dejando como resultado una obra abandonada, la caducidad del contrato y a trabajadores sin el pago de su salario.
El pasado lunes, la Superintendencia de Transporte convocó a esta sociedad a liquidación judicial, debido a la falta de presentación de un plan de recuperación y mejoramiento, además de la crítica situación administrativa y financiera.
Con esta ventana, los trabajadores de la línea férrea esperan recuperar por lo menos algo de lo que les deben. Héctor Fabio Barandica, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarril del Pacífico, SintraFDP, indicó a LA CRÓNICA que ya instauraron un derecho de petición a la Supertransporte para que sean incluidos dentro del proceso de liquidación.
El documento dirigido a la autoridad de control señala que los trabajadores reclaman “la liquidación de sus pasivos laborales insolutos ante su empleador en desarrollo del contrato de concesión No. 09–CONP-98 que otorga la operación del corredor férreo La Tebaida–Buga–Buenaventura”.
En 2017 se dio el primer paso jurídico por parte de los exempleados de la sociedad, donde 44 de ellos demandaron porque no les pagaban.
Raúl Guzmán Mora, uno de los demandantes y quien trabajaba como jefe de seguridad de la zona norte —Zarzal, Cartago, La Felisa, La Tebaida y Armenia—, habló con este medio escrito sobre lo que hoy le adeudan, el proceso judicial y lo que esperan que suceda con esta nueva acción.
“Ingresé a Ferrocarril del Pacífico en 2015 y laboré hasta diciembre de 2017, pero en marzo de 2017 nos sacaron a licencia remunerada, pero nunca nos hicieron un aporte a salario y el 15 de diciembre de ese mismo año llegó una notificación de despido a través de WhatsApp, donde solamente decía que a partir de ese momento estaba desvinculado de la empresa con el argumento de que la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani, no los dejaba laborar, no se tomaron la molestia de enviar ni siquiera una carta formal”.
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Relató que después de esa licencia nunca les consignaron ni llegaron a un acuerdo. “A mí me deben 23 quincenas, las primas de mitad de año y de Navidad de 2016 y 2017, y las vacaciones”.
A partir de ese momento, Guzmán Mora no ha podido conseguir trabajo. “Yo tengo 50 años y por mi edad es muy difícil vincularme laboralmente en el ramo que yo manejo, que es la seguridad mixta. Me tocó venirme para donde un familiar a una finca, cerca de Ibagué”.
Sobre el proceso jurídico en el que se interpuso una acción de tutela grupal, advirtió que aunque salió a favor de los trabajadores, nunca se hizo ningún acuerdo de pago.
“Ni siquiera he podido retirar las cesantías porque no dieron una carta de despido. Ahora llama uno y dicen que si puede llamar dentro de 15 días porque no está el de gestión humana. Entonces es muy difícil. Yo no tenía tanto ahorrado, porque a finales de 2015 hice un retiro parcial, pero así sea $1.000.000 que tenga, necesito retirar ese dinero”.
Mora Guzmán señaló que en este momento lo que espera es que por lo menos lo liquiden y que si el proyecto para construir el corredor férreo se reanuda, que lo vinculen laboralmente.
“Yo renuncié en una empresa para trabajar con Ferrocarril del Pacífico porque me ofrecieron beneficios muy buenos y resulta que eso bueno solo fue un año, de resto quedamos en total abandono, tanto de la Ani, como de la interventoría, porque ellos se dieron cuenta de todo lo que estaban haciendo con nosotros y ninguno dijo nada. Ellos tenían que velar por el bienestar de todos, ni siquiera nos aceptaron una reunión. Nosotros fuimos hasta el Congreso en Bogotá para que nos escucharan y nadie lo hizo”.
Los motivos para la convocatoria de liquidación
La Superintendencia de Transporte explicó que dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control en todos los modos de transporte público, está la de propender por la preservación de los bienes que hacen parte de las concesiones y velar por la protección de las infraestructuras, en la medida en que son elementos claves para garantizar la prestación de un servicio idóneo y de calidad.
Por lo anterior, el 1 de junio de 2016, mediante resolución 18713, la entidad de control impuso medida de sometimiento a control a la sociedad Ferrocarril del Pacífico y ordenó la presentación de un plan de recuperación y mejoramiento, por presentar una situación crítica de orden administrativo y financiero que afectaba directamente la prestación del servicio público de transporte de carga.
“No obstante, luego de transcurrido un año y medio, mediante la resolución 64479 del 5 de diciembre de 2017, la medida de sometimiento a control tuvo que ser prorrogada a término indefinido hasta tanto la sociedad Ferrocarril del Pacífico subsanara los hechos que dieron lugar a su imposición y aquellos otros que pudieran presentarse antes o durante el desarrollo del plan de recuperación y mejoramiento. Lo anterior en respuesta a que la sociedad presentó de manera extemporánea dicho plan ordenado y no logró subsanar la situación advertida”.
Tras más de 4 años sin que la sociedad hubiera presentado un plan satisfactorio que resolviera las situaciones críticas, la Supertransporte comprobó otros hallazgos que revelan un estado crítico contable y jurídico que se suma al financiero y administrativo.
“Así lo demuestran, entre otras evidencias, las distintas visitas administrativas y los requerimientos de información que le fueron realizados a la sociedad Ferrocarril del Pacífico por parte de esta superintendencia. De igual forma, la sociedad en mención no atendió los requerimientos de información y recomendaciones sobre un plan que respondiera de manera efectiva a la situación crítica que presentaba”.
La Supertransporte advirtió que además se encontraron hechos relacionados con la situación de control entre sociedades controlantes de Ferrocarril del Pacífico, los cuales no fueron informados debida y oportunamente a la Superintendencia de Sociedades.
A esto se suma “el no dar razón sobre el levantamiento de bienes que se sabe fueron objeto de venta sin autorización, a pesar de la medida de sometimiento a control que les fue impuesta por la Superintendencia de Transporte; los pendientes de pago de acreencias laborales y/o prestaciones sociales que aún existen; la decisión de suspender la operación de la Red Férrea del Pacífico y la obstaculización de las funciones del revisor fiscal, entre otros”.
Para el superintendente Camilo Pabón Almanza, “el uso de ferrocarriles es indispensable para nuestro país. No obstante, a pesar de los esfuerzos por generar un plan de mejoramiento, la situación crítica de la empresa no se habría superado y, además, fue declarada la caducidad del contrato de concesión, por lo cual la Superintendencia de Transporte convocó a la sociedad Ferrocarril del Pacífico a liquidación judicial”.
La decisión hoy se encuentra en firme, sin que la sociedad haya presentado recurso de reposición.
Caducidad del contrato de la concesión se confirmó en mayo
La Superintendencia de Transporte recordó que la declaratoria de caducidad del contrato de concesión se produjo por 3 motivos especiales: “Desde el 7 de abril de 2017 la sociedad suspendió la prestación del servicio de transporte de carga, el concesionario no realizó el mantenimiento para la conservación de la infraestructura entregada en concesión y tampoco realizó el mantenimiento de los equipos férreos”.
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Anotó: “Las situaciones críticas de la sociedad Ferrocarril del Pacífico afectaron la operación del corredor férreo y la infraestructura que se encuentra dispuesta para la prestación del servicio público de transporte de carga, circunstancia de relevancia para la Superintendencia de Transporte, ya que debe propender por garantizar el acceso, calidad y seguridad del servicio público”.
Durante cerca de 2 años estuvo el caso en un tribunal de arbitramento para definir el destino de la concesión, lo que dejó frenada la ejecución de las obras. El 18 de mayo de 2020, la Ani confirmó la declaratoria de la caducidad del contrato de concesión y dio paso a la liquidación de dicho contrato en el estado actual en que se encontraba, además de imponerse una multa por perjuicios derivados de los incumplimientos de más de $100.000.000.000 que deberá pagar al Estado.
La Ani informó que en este momento la vía férrea se encuentra en muy mal estado, según lo reportado por la interventoría Consorcio Concesión Férreo, “con deslizamientos en algunos sectores, un deterioro general de la vía y sin operación comercial, afectando la competitividad, la movilización de carga desde y hacia el puerto de Buenaventura y la conectividad del comercio entre Buenaventura y el centro del país”.
¿Se reanudará la obra?
Desde la Agencia Nacional de Infraestructura informaron a LA CRÓNICA que aún se encuentran siguiendo todas las etapas del proceso de caducidad “hasta llegar a la reversión del corredor. Después de esto, la Ani podrá adelantar la estructuración del corredor”.
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