En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Colombia pidió desescalar la crisis, proteger a la población civil y privilegiar una salida diplomática liderada por los venezolanos.
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos desató un intenso debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde varios países denunciaron una violación a la soberanía venezolana y a los principios del derecho internacional.
Colombia, uno de los países más directamente impactados por la crisis, centró su intervención en los riesgos humanitarios, el posible aumento de la migración y la necesidad de preservar la estabilidad regional mediante el diálogo y la diplomacia.
Alerta migratoria
En el encuentro, Colombia asumió un rol de advertencia regional y de contención diplomática, subrayando que la población civil es la principal víctima de las confrontaciones armadas y alertó sobre un posible flujo migratorio masivo hacia países vecinos. En ese contexto, informó que el Gobierno ha adoptado medidas preventivas en la frontera para proteger tanto a ciudadanos colombianos como a población migrante venezolana.
Recordó que América Latina y el Caribe fueron declarados zona de paz y calificó la operación estadounidense como una amenaza directa a ese compromiso regional, al representar una regresión a prácticas de injerencia que se creían superadas.
La representante colombiana expresó preocupación por el precedente que supone que un miembro permanente del Consejo de Seguridad recurra a la fuerza para intervenir en un Estado soberano, señalando que este tipo de acciones vulnera la Carta de la ONU y los cimientos del sistema de seguridad internacional.
Colombia enfatizó que la democracia no puede imponerse mediante la violencia ni estar condicionada por intereses económicos externos, insistiendo en que el futuro de Venezuela debe ser definido por su propio pueblo.
Finalmente, ofreció sus “buenos oficios” para facilitar una salida política y diplomática, instando a la desescalada del conflicto y al uso de mecanismos de mediación liderados por el Secretario General de la ONU.
Las posturas internacionales
Entre acuerdos y desacuerdos, los países expresaron su postura frente a lo ocurrido. China y Rusia condenaron la acción como un ataque unilateral que vulnera la soberanía venezolana y el principio de no injerencia, advirtiendo que se intenta definir el destino político de un Estado mediante la fuerza.
Por parte, México calificó la operación como un golpe severo al multilateralismo y reiteró la prohibición del uso de la fuerza consagrada en la Carta de la ONU. Brasil y el grupo A3 Liberia, Somalia y República Democrática del Congo reafirmaron la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial como pilares irrenunciables del orden internacional.
Pakistán, Irán y Venezuela denunciaron la violación de la inmunidad soberana de los jefes de Estado en ejercicio, calificando la detención de Nicolás Maduro como un hecho grave para la estabilidad del sistema internacional.
Francia y España recordaron que las controversias internacionales deben resolverse por vías pacíficas y que el uso de la fuerza contraviene el principio de arreglo pacífico de disputas. Sudáfrica y Dinamarca defendieron el derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, subrayando que la democracia no puede ser impuesta desde el exterior.
En el cumplimiento de la Ley
Estados Unidos justificó la operación como una acción de “cumplimiento de la ley” contra individuos señalados de narcoterrorismo y sostuvo que Nicolás Maduro carecía de legitimidad como jefe de Estado tras las elecciones de 2024. Esta argumentación se distanció de los principios invocados por la mayoría de delegaciones, centrando el debate en la legalidad interna estadounidense más que en el marco del derecho internacional.
La sesión del Consejo de Seguridad dejó en evidencia una profunda fractura en la comunidad internacional frente a la crisis venezolana. Mientras Estados Unidos defendió su actuación como una operación policial, la mayoría de países incluyendo Colombia, insistieron en la urgencia de proteger a la población civil, respetar la soberanía y evitar que el conflicto derive en una desestabilización regional de mayores proporciones.
Casi que coincidiendo, Estados Unidos logró el respaldo de algunos de los países miembros. Argentina fue el que brindó el apoyo más directo y contundente, manifestando que “valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos” en la captura de Nicolás Maduro. El representante argentino calificó la acción como un “avance decisivo contra el narcoterrorismo” y recordó que el presidente Javier Milei ya había saludado la presión estadounidense para “liberar al pueblo venezolano”.
Trinidad y Tobago expresó su respaldo a las iniciativas de seguridad regional lideradas por Estados Unidos, señalando que mantienen su “compromiso con esos esfuerzos de cooperación encabezados por Estados Unidos para acabar y desmantelar con las redes que permiten el crimen transnacional”. Además, afirmó apoyar el fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad en el continente bajo la iniciativa estadounidense.
Paraguay: Si bien no calificó explícitamente la operación militar, alineó su discurso con el de Washington al describir a Maduro como el “cabecilla del cartel de los soles” y una amenaza para la región. Señaló que la salida del líder de dicha “organización terrorista” debía abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia.
Letonia aunque subrayó la importancia de los principios del derecho internacional, coincidió con la narrativa estadounidense al afirmar que el régimen de Maduro estaba “enraizado en la represión masiva, la corrupción, la delincuencia organizada incluido el narcotráfico” y que constituía una grave amenaza mundial,. Expresó su disposición a trabajar con sus socios (en referencia a EE. UU. y otros aliados) para una transición en Venezuela.
Finalmente, Panamá mostró una postura ambivalente; aunque reiteró su compromiso con la prohibición del uso de la fuerza, fue enfático al declarar que “no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo” de Maduro. Al igual que Estados Unidos, reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo tras las elecciones de 2024.
La delegación de Estados Unidos afirmó en su intervención que más de 50 países rechazaron la legitimidad de la reelección de Maduro en 2024, lo cual servía como base política para justificar que su acción no era contra un jefe de Estado legítimo, sino contra un “fugitivo” de la justicia.
- Temas relacionados :
- Captura Nicolas maduro
- Consejo de Seguridad de la ONU
- Crisis en Venezuela
