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Según Red PaPaz, el país es el segundo en Latinoamérica con mayor interferencia de la industria tabacalera.

Según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida 2024 del DANE, el 8,2 % de las personas en el Quindío fuman cigarrillo o tabaco actualmente. La población comprendida entre los 10 a 17 años registró un 6 % y de 18 años y más el 9,2 %. Casi un 76 % de la población del Quindío fuma diariamente.

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La edad promedio de inicio del consumo en el departamento es de 16 años, lo que coincide con la alerta de Red PaPaz sobre la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes frente a estrategias de mercadeo de la industria.

El informe del Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera 2025, publicado por el Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) y STOP, reveló que Colombia enfrenta un nuevo retroceso en la lucha contra la interferencia de la industria tabacalera, obtuvo 80 puntos sobre 100, ubicándose como el segundo con mayor injerencia en América Latina, solo detrás de República Dominicana, que alcanzó 93 puntos.

El informe evidenció un incremento respecto al 2023, cuando el país registró 78 puntos, lo que demuestra, según la organización Red PaPaz, un aumento en la influencia de la industria sobre las políticas públicas de salud.

El índice evalúa en más de 90 países el nivel de interferencia de las tabacaleras en la formulación e implementación de políticas de control del tabaco, a través de siete indicadores, entre ellos la participación en el desarrollo de políticas, los beneficios a la industria, los conflictos de interés y la transparencia en las relaciones entre empresas y gobierno.

“Colombia no está cumpliendo con las obligaciones derivadas del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que exige proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera”, señaló Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz.

La organización advirtió que durante el último año las empresas tabacaleras intervinieron directamente en el diseño de proyectos normativos, impulsando conceptos como la “reducción del riesgo” o la “disminución del daño”, y promoviendo modificaciones tributarias que favorecen la venta de cigarrillos electrónicos y dispositivos alternativos.

 

Llamado a la acción

Red PaPaz instó al Gobierno Nacional, el Congreso y las entidades territoriales a adoptar medidas urgentes que garanticen independencia y transparencia en la formulación de políticas públicas, en cumplimiento del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).

“El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes de los daños causados por la industria tabacalera. Para ello debe asegurar que las políticas públicas se formulen libres de conflictos de interés”, afirmó Piñeros Ospina.

El llamado cobra especial relevancia en departamentos como el Quindío, donde el consumo juvenil, el acceso a cigarrillos electrónicos y la normalización del hábito representan desafíos para la salud pública.

Mientras países como Uruguay, Brasil y México han fortalecido sus estrategias de control del tabaco, Colombia continúa atrasada en la implementación de estrategias. Expertos coinciden en que la clave está en blindar las políticas de salud frente a los intereses comerciales y en fortalecer los programas de prevención en los territorios.


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