El alcalde James Padilla García aseguró que buscan soluciones financieras junto con otros mandatarios.
A partir del 1 de julio entrará en vigencia en Colombia la Ley 2346 de 2024, que establece la obligación de los alcaldes de suministrar alimentación a las personas privadas de la libertad en las Instalaciones de Detención Transitoria (CDT), Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía.
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Esta normativa creó un marco transitorio para que las entidades territoriales planifiquen con tiempo suficiente los aspectos presupuestales y contractuales necesarios para asumir la prestación del servicio.
“Hasta el 30 de junio de 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá continuar brindando el servicio de alimentación a las personas recluidas en centros de detención transitoria, garantizando su universalidad. Vencido ese plazo, dicho servicio deberá ser asumido de manera definitiva por las entidades territoriales, conforme a la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional”, precisa la norma, ratificada en 2023.
El documento está firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González; y el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño.
Reacciones
En el Quindío, los municipios de Armenia y Calarcá son los más impactados por esta medida, y ya se han producido las primeras reacciones.
El alcalde de Armenia, James Padilla García, reconoció la preocupación que genera esta nueva obligación y anunció que, junto con otros mandatarios del país, solicitará apoyo financiero al Gobierno nacional para cumplir con la ley.
“Esta normativa representa una carga adicional para los entes territoriales, considerando que la mayoría de los municipios en Colombia cuenta con recursos limitados”, expresó.
Agregó que “es fundamental contar con respaldo económico del Gobierno nacional para garantizar una atención digna y adecuada a esta población”.
Padilla García señaló que, en conjunto con otros alcaldes, impulsarán un proyecto de ley que permita al Gobierno asumir directamente esta responsabilidad financiera. “Estamos trabajando de la mano con agremiaciones para presentar la iniciativa y lograr que el Gobierno no traslade completamente esta carga, que es no solo financiera, sino también social, a los municipios”, puntualizó.
La Crónica intentó obtener la posición del alcalde de Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, pero al cierre de esta edición no fue posible debido a compromisos de última hora en su despacho.
Llamado de la Contraloría
La Contraloría General de la República alertó sobre la inminente finalización del servicio de alimentación por parte de la Uspec.
La entidad advirtió que requerirá y verificará la información suministrada por las entidades territoriales para hacer seguimiento y control. Además, notificará a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.
La advertencia fue emitida a través de la Delegada para el Sector Justicia y también contó con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación.
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