La Procuraduría hizo el llamado a exfuncionarios del hospital San Juan de Dios y de la alcaldía de La Tebaida.
La Procuraduría General de la Nación, PGN, dio a conocer la semana pasada 2 fallos que involucran a exfuncionarios en el departamento. En primer lugar se encuentra la formulación de cargos a los exgerentes —titular y encargado— del hospital San Juan de Dios, Jorge Raúl Ossa Botero y Jaime Gallego López —2016—, y a la profesional especializada, Martha Lorena Arango Ospina, por presuntas irregularidades administrativas.
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La decisión también involucra a la exjefe de la oficina asesora jurídica, María Carolina Carrillo Garay, y a la profesional universitaria de gestión y desarrollo de personal, Liliana María Buitrago Suárez. La Procuraduría Regional de Quindío cuestionó a los antes mencionados por presuntamente nombrar y posesionar a Arango Ospina como profesional especializada —e— del área de la salud código 242 grado 43 de la planta de personal, sin que al parecer cumpliera con los requisitos académicos para ejercer el cargo.
A Martha Lorena Arango el órgano de control le reprochó el haberse posesionado sin ostentar título en medicina, pues tenía formación profesional en bacteriología y laboralista clínico. Para la Procuraduría, los implicados habrían podido vulnerar el principio de moralidad contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política, que exige a los servidores públicos que sus actuaciones se realicen acatando las normas constitucionales, legales, reglamentarias y demás, para el cumplimiento de la función administrativa.
El ente de control calificó provisionalmente la conducta de los investigados como constitutiva de falta disciplinaria grave cometida con culpa gravísima. En ejercicio del derecho a la defensa, los implicados podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
Por otra parte, la PGN citó a juicio disciplinario al entonces jefe de la oficina asesora de Planeación de La Tebaida, Jaime Humberto Muñoz Molina —2014-2015—, por presuntamente omitir la etapa de concertación ambiental del plan parcial de desarrollo del predio denominado Palenque.
Al parecer, al expedir el decreto 065 del 6 de julio de 2015, por el que se adoptó el plan, Muñoz Molina habría desconocido su deber de adelantar las solicitudes previas ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío, por encontrarse el terreno en una zona de expansión urbana.
Para el ente de control, el ordenamiento territorial no es una cuestión menor, pues a partir de las reglas y criterios fijados en este se regulan “relaciones y articulaciones entre los miembros de la sociedad y su entorno cultural y natural”, porque las decisiones y regulaciones que definen de manera democrática el uso de un determinado espacio físico territorial son “unos de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria (…)”.
Provisionalmente, la Procuraduría calificó la posible falta del exfuncionario como grave a título de dolo, teniendo en cuenta que el servicio fue perturbado, de tal manera que el acto administrativo por el cual se adoptó el plan fue demandado ante la jurisdicción contenciosa, que como medida cautelar ordenó su suspensión. La audiencia virtual se cumplirá el próximo miércoles a partir de las 9:30 a. m.
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