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Panel del Foro Derecho y Justicia entregó puntos de vista acerca de la propuesta de Asamblea Nacional que generó apoyo y rechazo.

El debate sobre la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, planteada por el presidente Gustavo Petro, continúa generando posturas encontradas entre académicos, congresistas y juristas.

Mientras algunos consideran que podría ser un mecanismo necesario para resolver los problemas estructurales de Colombia, otros advierten que su convocatoria pondría en riesgo la estabilidad democrática y económica del país.

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Durante el Foro Derecho y Justicia “Constituyente 2.0 entre el mito y la realidad”, llevado a cabo ayer martes 26 de agosto en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia e impulsado por el concejal Felipe Villamil Ocampo, un panel especializado expuso posiciones a favor y en contra.

Riesgos de inestabilidad

Francisco Bernate Ochoa aseguró que una reforma de esa magnitud alteraría de manera profunda las “reglas de juego”, lo que generaría desconfianza en la ciudadanía y en los inversionistas.

Explicó que la Constitución de 1991 definió derechos, estructura estatal e interacción con el poder público. Aunque ha tenido avances y retrocesos, los mayores cambios se han concentrado en temas de pensiones y Fiscalía, sin consenso nacional.

“Una Asamblea Constituyente que pretenda cambiar toda la estructura del Estado no es viable ni necesaria. Nos verían como una democracia inestable donde las reglas cambian y ningún inversionista se arriesgaría”, recalcó.

No obstante, reconoció la necesidad de reformas para mejorar la justicia: “Mientras se mantengan buenas intenciones no va a funcionar. Hoy los procesos se demoran años y se volvieron demasiado complejos”. También señaló la importancia de que las Cortes estén integradas por personas con experiencia, sin amiguismos políticos.

Mirada desde el Congreso

La representante a la Cámara Lina María Garrido Martín recordó que la Constitución de 1991 nació como un pacto de paz frente a la violencia, pero sin una hoja de ruta clara.

Considera que sí se requiere una Asamblea Constituyente para enfrentar la violencia, la corrupción y la impunidad, pero no bajo la propuesta del presidente Petro: “En campaña firmó que gobernaría con la Constitución de 1991. Cambiar ahora su posición es traicionar la confianza de los colombianos”.

Advirtió que la Constituyente no debe ser un instrumento al servicio de intereses de gobierno ni un recurso para perpetuarse en el poder. Subrayó que los 56 actos legislativos que han modificado la Carta han creado derechos que no se garantizan en la práctica: “Están en el papel, pero no hay justicia real para quienes roban”.

Propuesta como “cortina de humo”

El excongresista Rodrigo Lara Restrepo calificó la iniciativa como una “cortina de humo” para tapar incumplimientos del Gobierno.

Explicó que convocar una Constituyente requiere una ley aprobada con mayorías reforzadas en el Congreso y luego refrendada por la ciudadanía. “El Gobierno sabe que no puede llevarla a cabo, pero plantea la idea como distractor”, afirmó.

Para Lara, los cambios urgentes deben realizarse mediante reformas puntuales y voluntad política, no a través de una Asamblea que “solo aumentaría la polarización”.

Durante el foro se planteó la necesidad de reformar la justicia en una eventual Asamblea Constituyente.

Polarización y reformas aplazadas

El abogado Iván Cancino González comparó la Constitución con “una partitura de Beethoven mal interpretada”, en alusión a que el problema no está en las normas sino en su aplicación.

Considera que una Constituyente genera polarización y frena la celeridad de reformas necesarias. Planteó como cambios urgentes el voto obligatorio para combatir la compra de sufragios y la autonomía financiera de las regiones para reducir la dependencia del Gobierno central.

En materia social, señaló la necesidad de debatir temas aplazados como la eutanasia y la adopción por parejas del mismo sexo. En el ámbito judicial cuestionó la participación de la Procuraduría en procesos, aunque reconoció la experiencia de algunos de sus funcionarios.

Conclusiones

El concejal Felipe Villamil Ocampo, quien estuvo a la cabeza del foro, entregó conclusiones al finalizar el acto, donde invitó a la comunidad en general a reflexionar acerca de una Asamblea Constituyente que generaría impacto en todos los aspectos nacionales.

“Lo primero es que logramos escuchar distintas intervenciones donde entendimos ese concepto de Asamblea Nacional Constituyente, que no quede como un ejercicio de polarización, sino que sea real de lo que representa y significa. Era importante comprenderlo y entenderlo desde todas las voces que tuvimos, que es un mecanismo legítimo pero que tiene sus riesgos también”, acotó el cabildante.

Indicó, además: “Lo segundo, hablamos en el marco constitucional de que hay unas reglas claras que evidentemente iniciamos en el Congreso de la República y posteriormente una consulta donde es la ciudadanía la que tiene una gran responsabilidad de participación”.

Ante el público afirmó, a partir de lo expresado por el panel, que existen riesgos como inestabilidad política, crisis institucional, pérdida de derechos y afectaciones.

“Sin embargo, contamos con garantías propias del sistema democrático como la participación ciudadana, la separación de poderes y la vigencia constitucional. La experiencia de 1991 nos deja una gran lección: a través de los consensos, el pluralismo y la participación activa podemos lograr realmente un acuerdo social legítimo y duradero. Debemos participar todos para lograrlo”.

Consideró que la Constitución actual es excelente, pero el gran problema es el cumplimiento: “Cumplirla y hacerla cumplir, ese es el reto que tenemos, pero es una tarea de muchos años que no hemos logrado. Se ha tratado de sobrepasar las ramas del poder, se han maltratado”.


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