El VIII Congreso Internacional de Seguridad, organizado por Confevip en el Quindío, reunió a expertos, empresarios y autoridades nacionales e internacionales para abordar los retos del país en materia de criminalidad, inteligencia artificial y coordinación público-privada.
La semana pasada el municipio de Montenegro fue sede del VIII Congreso Internacional de Seguridad, organizado por la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada, Confevip. El evento congregó a candidatos presidenciales, autoridades nacionales y regionales, empresarios del sector y expertos internacionales para enfrentar una realidad ineludible: el aumento de la criminalidad, el debilitamiento institucional y la expansión del crimen organizado.
En el Congreso se discutieron temas cruciales como la colaboración entre el sector público y privado, el uso responsable de inteligencia artificial, la necesidad de reformas políticas en seguridad, y se presentó un análisis detallado sobre el crimen organizado transnacional y su impacto en las economías locales.
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El general (r) Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia y seguridad, expuso que el crimen organizado opera hoy como una economía paralela. Según datos compartidos, si se midiera como un país, sería la tercera mayor economía del mundo. Se alertó sobre la sofisticación de redes criminales que se adaptan velozmente mediante esquemas de subcontratación, y sobre el uso de rutas ilegales para el tráfico de drogas y mercancías en la región.
Se señaló que Colombia enfrenta una fragilidad institucional agravada por corrupción sistémica, con escándalos recientes que han socavado la confianza ciudadana y debilitado la acción estatal.
En palabras de Carlos Andrés García, director de prensa de Confevip: “Son más de 400.000 guardas en Colombia. El respaldo del sector privado, con tecnología y capital humano, es clave para reducir los delitos comunes”.
La senadora Paloma Valencia subrayó la necesidad de contundencia política: “En nuestro gobierno los delincuentes no van a ir al Congreso, van a ir a las cárceles. Colombia necesita efectividad nacional”.
Por su parte, Hernán Sanín Posada, exviceministro de Defensa y exsuperintendente de vigilancia, fue claro sobre el papel del próximo presidente: “Debe restablecer los canales de comunicación con el sector privado. No se puede seguir diseñando políticas públicas de seguridad de espaldas al gremio. La inteligencia artificial será indispensable, pero el diálogo también”.
Además, Sanín profundizó sobre el rol estratégico del sector privado de seguridad en el país: “El sector es amplio y colaborador desde siempre. Incluso, en número de hombres, tiene más miembros que la fuerza pública. Cada vigilante libera de muchas obligaciones a la Policía. Por eso, si el Estado logra integrar y articular a estas empresas de manera estratégica, no solo gana capacidad operativa, también eficiencia en la ejecución de políticas de seguridad”.
También hizo énfasis en la profesionalización del gremio: “La seguridad privada debe seguir consolidándose como sector empresarial, fortalecerse patrimonialmente, cumplir su función social y elevar cada vez más su nivel profesional. No son instituciones oficiales, pero sí actores clave en la seguridad ciudadana del país”.
El Congreso concluyó con un llamado a fortalecer iniciativas como la Estrategia Triángulos y la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal, CIMA, propuestas que buscan articular esfuerzos interinstitucionales, regionales y público-privados.
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