En el Quindío, 23 privados de la libertad cursan estudios universitarios

Entre muros altos, horarios estrictos y rutinas, hay quienes decidieron que el encierro no fuera sinónimo de pausa total. Para John Alejandro Zapata Ramírez, un privado de la libertad en el Quindío, el tiempo se mide en semestres, lecturas virtuales y trabajos académicos. Mientras cumple su condena, avanza en cuarto semestre de Administración de Empresas, una carrera que —según contó–, le transformó la manera de asumir su presente y de proyectar su futuro.

“Ha sido una experiencia que cambia vidas”, afirmó. No lo dijo desde la teoría, sino desde la práctica diaria de estudiar en medio de la adversidad. Reconoció que la privación de la libertad no es una situación fácil, pero insistió en que el acceso a la educación abre una oportunidad real de mejora.

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“No solo demostramos algo a la sociedad, sino también a nuestras familias. Queremos mostrarles que aprovechamos el tiempo y hacemos algo productivo”, expresó, al resaltar el valor simbólico de formarse profesionalmente mientras permanece recluido.

La oportunidad llegó a través de una convocatoria interna dentro del establecimiento penitenciario, en un proceso articulado entre el INPEC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Según relató, el trámite fue sencillo y accesible, pues solo requirió documentos básicos como diploma, acta de grado, una fotografía y algunas certificaciones internas expedidas por el instituto penitenciariora. 

Actualmente, su rutina combina estudio y trabajo. Se desempeña como monitor educativo, una labor que lo obliga a organizar con disciplina sus horarios. En ese proceso, aseguró, ha contado con el respaldo institucional. “La institución y todo el personal nos facilita el tiempo y las herramientas para que tengamos ese espacio”, señaló.

Para John, estudiar durante la privación de la libertad no se limita a adquirir conocimientos académicos. Lo entiende como un proceso de resocialización y preparación para el regreso a la vida en libertad. Antes de estar recluido trabajaba en el sector de bienes raíces y considera que la carrera que cursa complementa su experiencia laboral. “A medida que uno va aprendiendo, ya sabe cómo implementarlo en lo que proyecta hacer afuera”, recalcó.

Desde su experiencia, hizo un llamado a otras personas que atraviesan la misma condición para que se integren a estos procesos formativos. Habló del tiempo en reclusión no solo como una etapa de encierro, sino como un periodo que puede resignificarse a través del estudio y la disciplina. Para él, las horas que antes parecían inmóviles hoy se transforman en espacios de lectura, tareas académicas y reflexión personal. “Es un tiempo temporal, pasajero, y se puede aprovechar para hacer algo productivo”, expresó, convencido de que la educación permite darle otro sentido a la espera.

En sus palabras también hubo gratitud hacia quienes miran más allá del delito y reconocen el esfuerzo de aquellos que buscan cambiar. Para John Alejandro, estudiar no es solo una oportunidad académica, sino una forma de demostrar que el deseo de transformación es real y que una segunda oportunidad también puede construirse desde adentro.

La modalidad virtual, reconoció, exige un alto nivel de compromiso personal. Sin embargo, destacó el acompañamiento y la orientación recibida durante el proceso. De esa manera, aceptó que la privación de la libertad no es fácil, pero aseguró que se vuelve más llevadera cuando existen espacios que permiten usar el tiempo de manera adecuada. 

Aprender desde adentro: la apuesta educativa en los centros penitenciarios

Actualmente, en el departamento del Quindío 23 personas privadas de la libertad están cursando estudios universitarios a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). De ese total, trece estudiantes se encuentran en el Centro Penitenciario Peñas Blancas de Calarcá, siete en la cárcel de Hombres San Bernardo de Armenia y tres en el Centro de Reclusión para Mujeres Villa Cristina. Detrás de estas cifras hay un proceso institucional que busca llevar la educación superior a escenarios donde históricamente ha sido limitada.

Liliana Herreño Múnera, directora de la UNAD UDR La Tebaida, explicó a La Crónica del Quindío que la llegada de la institución al departamento respondió a un propósito claro: generar impacto territorial. Aunque la universidad ya contaba con cobertura en otras regiones del país, fue desde el año pasado cuando fortaleció su presencia en el Quindío y comenzó a articularse de manera directa con los centros penitenciarios.

En ese contexto, y al tratarse de una institución pública, Liliana precisó que la UNAD aplicó a la política de gratuidad del Gobierno Nacional, lo que permitió priorizar a las personas privadas de la libertad. “Cuando vimos que dentro de los requisitos aparecía el certificado poblacional de personas privadas de la libertad, decidimos ir a los centros penitenciarios del Quindío”, relató la directora, al explicar que se trata de una población que requiere procesos de resocialización y que puede aprovechar al máximo este tipo de oportunidades.

En este proceso, Herreño subrayó que los estudiantes privados de la libertad solo deben asumir el costo de la inscripción, que se paga una única vez, y el seguro estudiantil semestral de $9 mil, el cual, en la mayoría de las ocasiones, es cancelado por los familiares.

En cuanto a la formación académica, la directora manifestó que aunque la universidad cuenta con una amplia oferta, las personas privadas de la libertad acceden a un número más reducido de programas debido a restricciones propias del sistema penitenciario, como la imposibilidad de realizar trabajos colaborativos. Por esta razón, cuentan con un campus virtual específico, dispuesto exclusivamente para esta población. Entre los programas habilitados se encuentran Administración de Empresas, Ciencia Política, Sociología, Filosofía y Gestión Jurídica de la Información, siendo Administración de Empresas el programa con mayor demanda.

Es importante resaltar que la modalidad de estudio es completamente virtual y a distancia. Para ello, los centros penitenciarios disponen de computadores y herramientas que permiten a los estudiantes ingresar al campus digital, donde acceden a sus cursos, desarrollan actividades académicas, realizan lecturas y participan en encuentros sincrónicos con tutores. “Ellos entran con su usuario y contraseña y desarrollan todas las actividades”, destacó Múnera.

La educación como puerta a la resocialización

Gonzalo Patiño Moreno, subdirector del Establecimiento de Reclusión de Hombres de Armenia, sitúa el inicio del programa de pregrado hace cerca de dos años. Desde entonces —dijo— el acompañamiento desde la UNAD ha sido fundamental. No por una alianza simbólica, sino por algo concreto: la gratuidad. En un lugar donde la mayoría no cuenta con recursos ni con medios para acceder a la educación superior, esa condición marca la diferencia.

Habló de una población vulnerable, de hombres privados de la libertad que, sin ese apoyo, difícilmente podrían pensar en una carrera universitaria. Para la institución, enfatizó, el impacto va más allá del aula. Está directamente ligado a la función que cumplen como establecimiento penitenciario: la resocialización. La posibilidad de que, al terminar la condena, algunos salgan con estudios universitarios no es un detalle menor. Es, en sus palabras, algo “importante y fundamental”.

A pesar de eso, Moreno ratificó que los programas universitarios no son automáticos ni están abiertos para todos. Para acceder, los internos deben cumplir varios requisitos: ser bachilleres, presentar el título y contar con la documentación correspondiente. Dentro del establecimiento, no obstante, hay una condición que tiene el mismo peso que cualquier certificado: la conducta. Patiño fue claro al detallar que se exige buena disciplina, no haber sido sancionado ni estar inmerso en investigaciones internas. Además, situaciones como la tenencia de elementos prohibidos o la comercialización de armas, teléfonos o estupefacientes cierran la posibilidad de acceder a estos programas.

El mayor desafío, reconoció el subdirector, no está en los requisitos ni en los convenios, sino en la motivación. Encontrar personas que quieran vincularse y aprovechar estas oportunidades no siempre es fácil. En algunos casos, comentó, se busca entre la población interna y resulta difícil hallar quién esté dispuesto a dar ese paso y a participar.

“A veces nos ponemos a buscar dentro del personal que tenemos y es difícil encontrar personas que se quieran vincular y aprovechar estas oportunidades, que son importantes para tomar un nuevo camino, hacer una nueva vida y no quedarse únicamente en el tema de la delincuencia o en el error que cometieron para estar acá”, narró.

Frente a ese panorama, insistió en que estas oportunidades pueden representar un cambio de camino, una posibilidad de pensar la vida más allá del delito o del error que los llevó hasta allí. Sin embargo, no todos están dispuestos a asumirlo, y ese sigue siendo, para él, el reto principal.

Participar, concluyó, es coherente con la finalidad que persigue la institución. No lo plantea como una consigna, sino como el resultado de un proceso que, paso a paso, ha ido abriéndose espacio entre las rejas.

“Hay que apoyar esta oportunidad educativa y dentro de la finalidad que tiene el instituto, que es la resocialización, nos cae muy bien participar en este tipo de actividades”, puntualizó Patiño Moreno.