En noviembre, 145 menores con discapacidad cognitiva quedarán ‘desprotegidos’

Desde varias organizaciones y fundaciones que trabajan por el cuidado de los menores con algún tipo de discapacidad cognitiva o intelectual advierten que 145 niños están a punto de quedar por fuera del servicio en el Quindío.

De acuerdo con Martha María Marín Mejía, representante legal de la Fundación Quindiana de Atención Integral, lo anterior se debe a un cambio normativo que modificó la duración y estancia de niñas, niños y adolescentes, NNA, al determinar que solo podrán estar en los centros de atención por 24 meses. 

Estas fundaciones realizan la labor de operadores del programa denominado fortalecimiento de capacidades en los NNA con discapacidad y sus familias, formación de orden nacional direccionada y financiada por el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, ICBF.

Según Marín Mejía, un cambio a nivel central del ICBF trasladó la responsabilidad de atención de dicha población a los entes territoriales. La situación ha despertado inquietud, pues al elevar las consultas respectivas a nivel local no han encontrado una ruta clara de atención.

“Ellos (ICBF a nivel central) insisten en que la discapacidad no está dentro de su misionalidad, sistema que maneja salud, educación, cultura, recreación y deporte y entonces son las alcaldías y las gobernaciones las que deberán disponer de los recursos para atender a estas personas”, manifestó Marín Mejía.

¿Qué pasará?

La directriz impartida orienta que los niños con discapacidad solo podrán recibir atención hasta el próximo 30 de noviembre, razón por la cual se ignora qué pasará a partir de allí. 

“En los cupos que yo manejo con el ICBF, que son un total de 103, se cumplirá el tiempo de unos 75 niños que prácticamente van para la calle, no sabemos quién los va a atender ni con qué dinero”, manifestó.

Ya saben

La representante legal de la fundación Quindiana de Atención Integral indicó que desde que se conoció el cambio en la norma se consultó al departamento y a los municipios para saber quién asumiría. Hasta el momento solo reposan propuestas sin que exista una solución certera.

Afirmó que la condición de estos menores los hace más vulnerables a una serie de amenazas, que van desde la utilización para la comisión de ilícitos, hasta violación sexual y actos de violencia.

“Definitivamente ante estas circunstancias, que no son exclusivas en el departamento, sino del orden nacional, es posible que se retorne a la situación cuando estos niños eran encerrados y maltratados, pues nadie quería atenderlos y entregarles una asistencia profesional”. 

Complementó que estos menores, en un alto porcentaje pertenecen a núcleos familiares de los estratos socioeconómicos más vulnerables, muchos hacen parte de hogares de pobreza extrema y en estos centros de atención reciben una formación diferencial y acorde con las necesidades de cada caso.

Riesgo financiero

Con dicha determinación estas fundaciones quedan en riesgo de desaparecer, al pasar a atender un número muy inferior de menores. Cada uno de los niños recibe una formación que al mes cuesta unos $900.000.

La determinación acabaría con estos centros de atención y, en el caso particular de la fundación, unas 25 personas perderían sus puestos de trabajo y esta institución, con cerca de 50 años de servicio, tendría que cerrar sus puertas.

Adicionalmente, hay quienes advierten que durante la aprobación del presupuesto nacional del 2022, en lo correspondiente a este programa, se presenta una desfinanciación de $7.384 millones, y en el último trimestre del año 2022, 2.485 menores quedarán sin atención integral y diferencial.

La solución 

Alba Johanna Quejada Torres, la secretaria de familia del departamento, dijo que el próximo 28 de octubre se efectuará una nueva mesa de seguimiento para estudiar las alternativas y pasos a seguir. 

Entre las propuestas que hay sobre la mesa están que los municipios asuman con recursos propios la formación integral de los menores con discapacidad cognitiva o intelectual que hay en el departamento. 

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