Escándalo Petro: temor a crisis de gobernabilidad en el Quindío

En el Quindío preocupa que la confesión de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, sobre una posible infiltración de dineros indebidos a la campaña presidencial, pueda generar una gran crisis de gobernabilidad.

Para congresistas y mandatarios de la región, este escándalo podría ocasionar un atraso a la hora de aprobar proyectos de impacto para el país y un retroceso en el andamiaje nacional.

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO consultó a algunos actores del departamento, quienes pidieron eficiencia para esclarecer los hechos, actuando de conformidad con la investigación respetando el debido proceso, así como el derecho de defensa. 

Reacciones congresistas

Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, representante por el partido Liberal, aseveró que es un tiempo difícil no solo para el presidente y su familia, sino para el país, pues se está hablando de temas muy complejos como la financiación de la campaña presidencial. 

“Son hechos graves que deben investigarse a fondo, como colombianos debemos esperar a que el tiempo garantice que haya verdad y que la justicia opere efectivamente para mostrarnos esa verdad”. 

También Aristizábal Saleg indicó: “Es una crisis fuerte, pero por más terribles que resulten los hechos, como ciudadanos debemos actuar sin apasionamientos, creer en la institucionalidad, que se respete el derecho a un debido proceso para los involucrados y que actúe el Estado con toda su estructura jurídica, mucho más si tenemos en cuenta que estamos en periodo electoral y que las pasiones no deben nublar el propósito de que primero esté el país”.

Recalcó: “Los efectos no son solo para la familia Petro, ni para la gobernabilidad del presidente. El llamado a la sensatez tiene que ser para todos los colombianos”.

La congresista Piedad Correal Rubiano, también del partido Liberal, manifestó que se deben rodear las instituciones del Estado y respetar la independencia de las ramas del poder público.

“Deben actuar de conformidad con la investigación, respetando el debido proceso, así como el derecho a la defensa, consagrados en la Constitución Política. Las entidades deben actuar, investigar y judicializar a las personas que estén implicadas en caso de comprobarse los graves hechos que se vienen denunciando”, sostuvo la congresista.

Correal Rubiano manifestó que “el Estado debe funcionar, ya que para eso son precisamente los órganos y las competencias, tanto en este caso de lo judicial como en lo legislativo a través de las comisiones respectivas de acusaciones para llevar a cabo las investigaciones”.

Indicó que los procesos de la gobernabilidad deben continuar a pesar de las adversidades: “Hay muchas necesidades, falencias, no olvidar que tenemos que seguir trabajando unidos por la seguridad, por los factores como el desempleo, la pobreza, por todo lo que hemos venido trabajando sin desconcentrarnos en el Congreso de la República”.

Finalmente, John Édgar Pérez Rojas, representante del Quindío en la Cámara por Cambio Radical, no ocultó su preocupación por la situación: “Es que por un lado tenemos a un gobierno cuya agenda está muy retrasada, que al paso de un año no tiene mayores ejecutorias para mostrar, es más, las cifras evidencian que la ejecución en los diferentes ministerios es muy baja en comparación con lo que ha ocurrido en los últimos 20 años”.

A ello se le debe sumar, según el congresista, la crisis de gobernabilidad: “Sin lugar a dudas existe la crisis a partir de las declaraciones de Nicolás Petro en lo que tiene que ver con la financiación de la campaña, si sumamos los 2 fenómenos, una baja ejecución, una agenda atrasada con la crisis institucional, el debilitamiento de la figura presidencial, la confiabilidad en la institucionalidad que representa el jefe de Estado pues va a ahondar más la crisis de gobierno”.

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Señaló que se deben esperar los resultados que se den dentro de las investigaciones: “Obviamente no estoy en estos momentos juzgando porque no me compete, para ello serán las autoridades que tengan que avanzar en las respectivas investigaciones, pero no podemos desconocer que dichos acontecimientos van a marcar la agenda del país en los próximos meses”.

Preocupación en Armenia

Otro de los que opinó del momento que afronta el país fue el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, quien expresó que se podría generar un retraso en la ejecución de iniciativas y prolongar el distanciamiento con las autoridades públicas del territorio colombiano. 

“Esto lo que hace es agudizar más la situación de distanciamiento que tiene la presidencia con las administraciones nacionales, hay que reconocer que es muy complicado el contar con el gobierno de parte de los territorios”, acotó el alcalde de Armenia.

“Se paralizaron muchos proyectos con el Departamento de Prosperidad Social, así como los ministerios en especial el de Medio Ambiente que perjudica lo que tenemos planteado en la ciudad como es la remodelación de la Central Minorista, la intervención que teníamos para el parque El Bosque y algunas vías”. 

Agregó: “Sería desafortunado para el país que siguiera la tendencia de que ingresen recursos que no se hayan tenido en cuenta dentro de la contabilidad o sean rubros de personas al margen de la ley o en alguna actividad ilícita, esto no es nada bueno para el país”.

Al igual que los representantes a la Cámara, Ríos Morales aseveró que la justicia tiene que actuar de manera rápida y, sobre todo, que si se tienen las pruebas suficientes y contundentes que se actúe. “Sería lamentable para el desarrollo de un país”.