Gobernación del Quindío rechazó hallazgos fiscales de Contraloría sobre el PAE

La gobernación del Quindío rechazó los señalamientos de la Contraloría General de la República sobre presuntos hallazgos fiscales en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2024, su primer año de gestión.

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La secretaría de Educación departamental aseguró que “la operación a la que hace referencia el comunicado fue ejecutada de manera correcta y sin contratiempos”, después de revisar los detalles de la ejecución, la relación entre las raciones pagadas y entregadas, y el costo individual de cada una.

“Desde la administración departamental existe total claridad de que no se registra ningún componente en el que se haya presentado alguna irregularidad”, indicó la cartera territorial.

Tatiana Hernández Mejía, secretaria de Educación del Quindío, explicó que “se requiere un análisis más detallado de cada uno de los días de servicio, cuya demanda es elástica por cuestiones relacionadas, entre otras, con la movilidad, por lo que no es posible calcular el costo real del mes partiendo del valor de unos días analizados, dado que la matrícula no se mantiene estable a lo largo del tiempo”.

La funcionaria agregó que “la cantidad de cupos asignados a la población beneficiada está establecida con anterioridad y es verificada por cada rector, lo que certifica que cada ración pagada es entregada efectivamente en las sedes educativas”.

Hernández Mejía puntualizó que la cartera territorial ya comunicó al ente de control que “el valor del servicio no presenta ninguna variación y que todo está debidamente sustentado, por lo que se espera que la situación sea aclarada y corregida en la respectiva instancia”.

Los hallazgos de la Contraloría

La Contraloría General de la República identificó cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal en el departamento del Quindío por deficiencias detectadas en todas las etapas del proceso contractual del PAE, así como en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales.

El ente de control señaló al Quindío en una investigación efectuada sobre los recursos del Sistema General de Regalías para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.

El departamento aparece en la lista junto con Nariño y Meta, más la ciudad de Arauca. La incidencia fiscal que incluye a estos entes territoriales asciende a 28.863 millones de pesos.

Aunque la Contraloría no especificó a profundidad las faltas detectadas en el Quindío, sí resaltó los casos de Nariño y Arauca.

En Nariño, el ente estableció el hallazgo fiscal de mayor cuantía sobre estos recursos por 23.549 millones de pesos, relacionado con el incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE, por deficiencias en la planeación y ausencias de aprobación formal de los ciclos de menú, que constituyen un riesgo para el cumplimiento de los parámetros nutricionales en las entregas de las raciones.

En Arauca, la Contraloría determinó un hallazgo por 3.111 millones de pesos sobre las regalías aportadas al PAE, al considerar que una parte de los pagos efectuados no estuvo respaldada por soportes contables, financieros ni técnicos suficientes que demostraran costos reales asociados al cumplimiento del contrato.

El organismo de control también identificó deficiencias en la interventoría y supervisión, lo que impidió ejercer un control efectivo sobre aspectos críticos del componente nutricional y financiero del programa.

800.000 estudiantes afectados por inicio tardío del PAE 2026

La Contraloría alertó sobre la afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 entidades territoriales certificadas, incluida Armenia, en el marco del control social participativo al desarrollo del PAE.

El ente de control advirtió esta situación con base en información reportada por las entidades territoriales certificadas y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (Uapa).

“El inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026”, reveló la Contraloría.

Esta situación se presenta también en las ETC Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.

“La Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional; nos resta por cobijar cerca de 1 millón 200 mil niños en el país”, señaló el organismo.