Gobernación retoma proyecto para reemplazar puente tras fallo favorable del Tribunal

El Tribunal Administrativo del Quindío revocó la sanción impuesta al gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya por presunto desacato a una sentencia relacionada con la acción popular sobre el deteriorado puente Don Nicolás, que conecta los municipios de Armenia y Calarcá. La decisión, emitida el 1 de julio de 2025 en grado de consulta, revierte la medida tomada previamente por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito, que contemplaba una multa equivalente a 40 salarios mínimos y seis meses de arresto para el mandatario regional.

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La resolución judicial tuvo en cuenta la defensa presentada por el departamento del Quindío, que argumentó la existencia de una vocación de cumplimiento frente al fallo judicial. Según lo sustentado, en el año 2024 se ejecutaron tanto el contrato de consultoría como el de interventoría, los cuales concluyeron con los estudios y diseños de la denominada “alternativa tres”, una propuesta técnica que plantea una solución definitiva al problema estructural del puente.

En palabras de la secretaria de Representación Judicial y Defensa del departamento, Isabel Cristina Lezama Velásquez, “no ha habido por parte del gobierno ningún incumplimiento”, y agregó que no puede atribuírsele al gobernador responsabilidad por errores o falencias en la formulación inicial del pacto de cumplimiento, el cual no previó el alto costo de la intervención necesaria ni el tiempo real que implicaba su ejecución.

Los estudios técnicos recibidos en enero de 2025 indican que la alternativa seleccionada contempla la construcción de un nuevo puente 100 metros aguas abajo del actual, acompañado de una nueva vía de acceso. Este proyecto de gran envergadura tiene una inversión estimada, a precios de 2024, de 14.000 millones de pesos.

Dada la magnitud de la obra y los recursos requeridos, el gobierno departamental está actualmente enfocado en la consecución del financiamiento. “Estamos realizando todas las gestiones que nos corresponden para conseguir los recursos que permitan ejecutar esta labor”, afirmó Lezama. También explicó que se deben cumplir etapas preliminares como la adquisición del terreno y la validación judicial de un nuevo cronograma, ajustado a la realidad técnica y financiera del proyecto.

El nuevo cronograma debe ser presentado ante la autoridad judicial en un plazo de 20 días hábiles a partir del 3 de julio, fecha en la que empezó a contar el término tras la notificación de la revocatoria de la sanción. Para avanzar con este proceso, se tiene prevista una mesa de trabajo interdisciplinaria el próximo lunes.

Respecto al futuro del puente Don Nicolás, que presenta serios daños estructurales, los estudios concluyen que es “completamente inservible”. Aunque no se ha contemplado aún un ítem de demolición dentro del cronograma de obras, se prevé que esa será la consecuencia lógica una vez se construya la nueva infraestructura, que tendrá una luz de 33 metros —mucho menor que los 102 metros del puente original—.

La secretaria también indicó que, aunque ciertas labores de gestión previa no están contempladas formalmente en el pacto de cumplimiento, ya se ha solicitado el apoyo de las alcaldías de Armenia y Calarcá para avanzar más ágilmente. Esto, con el fin de que el cronograma pueda ejecutarse de forma planeada y realista, en función de las condiciones actuales.

Finalizado el plazo de 20 días hábiles —lo que ubica la fecha límite hacia finales de julio—, el departamento debe haber formulado y entregado el nuevo cronograma para su aprobación por parte del juez del caso. Posteriormente, podrá iniciar con las siguientes fases del proceso.

“Estamos acudiendo a todas las ventanillas del orden nacional para conseguir los recursos. Estamos formulando los proyectos que nos permitan arrancar con las labores de gestión previa y posteriormente con las obras”, concluyó Lezama.

Esta decisión judicial no solo exonera al gobernador Galvis Bedoya de una sanción, sino que refuerza el compromiso del gobierno del Quindío con el cumplimiento de las decisiones judiciales y, sobre todo, con una solución definitiva a una problemática que afecta a cientos de ciudadanos que transitan entre Armenia y Calarcá a través del puente Don Nicolás.