Tras 7 meses del incendio que afectó a 30 familias en el corregimiento de Quebradanegra, los habitantes continúan en la reconstrucción con recursos propios mientras la formalización de los predios avanza en trámites ante la Agencia Nacional de Tierras.

El 15 de julio de 2025 el fuego se propagó con rapidez por las viviendas construidas en madera y guadua en la zona rural del municipio de Calarcá y en cuestión de minutos, lo que durante años había sido levantado con esfuerzo quedó reducido a cenizas. En total, 30 viviendas resultaron afectadas por un incendio que no solo consumió estructuras físicas, sino que también dejó al descubierto la precariedad jurídica del barrio Villa del Sol.

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Cristian Morales, uno de los damnificados, recuerda que recibió una llamada de su madre cuando no se encontraba en el lugar.

“Cuando llegué ya no había nada que hacer; las llamas ya habían tomado fuerza”, relató a La Crónica del Quindío.

Su vivienda, como muchas otras, estaba hecha de materiales livianos, lo que facilitó la expansión del fuego y tras la conflagración describe una escena de pérdida total: electrodomésticos, muebles, ropa y hasta documentos que desaparecieron en cuestión de minutos.

La emergencia activó la respuesta institucional por parte de la administración municipal con la instalación de un Puesto de Mando Unificado y se coordinó la entrega de ayudas humanitarias como mercados, colchonetas y algunos materiales básicos. Durante los primeros días hubo presencia constante de funcionarios y organismos de socorro; sin embargo, para varios habitantes, esa fase tuvo una duración limitada.

“Eso duró una semana”, afirma Morales.

“Nos colaboraron con unas cositas, pero después ya no volvimos a ver a nadie”, menciona Esteban Álvarez, otro residente afectado. Coincide en que recibieron apoyo inicial en materiales: “Nos ayudaron con 15 hojitas de zinc y 15 guaduitas”.

Con esos insumos, explica, comenzaron a levantar nuevamente techos provisionales y paredes de lona, mientras intentaban volver a la rutina diaria.

Gustavo Sánchez Aguirre, de 78 años, lo expresa en términos similares: “subieron unas ayuditas y luego no volvimos a ver a nadie”.

El obstáculo jurídico

La explicación institucional introduce un elemento fundamental en el análisis de esta tragedia y, a su vez, delimita el margen de acción pública tras la emergencia.

Las viviendas afectadas por el incendio estaban construidas en un predio privado que, aunque había sido habitado durante años, nunca fue formalmente adjudicado a las familias que allí vivían. Es decir, quienes levantaron sus casas no contaban con escrituras ni con un título legal que acreditara la propiedad individual de los lotes; el barrio creció con el tiempo, pero lo hizo sin completar el proceso de legalización.

Esa situación se convirtió en el principal obstáculo para que el municipio pudiera intervenir con obras permanentes o destinar recursos para la reconstrucción definitiva.

Según la información suministrada por María Andrea Árbelaez, jefa de comunicaciones de la Alcaldía de Calarcá, la falta de titularidad impedía que la administración destinara recursos públicos a la reconstrucción de las viviendas o a la entrega de materiales, dado que al invertir dineros oficiales en un terreno privado sin formalización podría constituir una irregularidad administrativa.

En ese contexto, explicó, la ayuda humanitaria inmediata como mercados, colchonetas y apoyo básico sí era esencial dentro de las competencias locales, pero cualquier solución estructural debía estar sujeta a la legalización.

Desde el gobierno local se sostiene que, una vez superada la fase crítica de la emergencia, el proceso debía trasladarse al ámbito jurídico para evitar eventuales responsabilidades disciplinarias o fiscales.

El argumento, en términos administrativos, es claro; no obstante, mientras los trámites avanzaban en el plano institucional, las familias enfrentaban una realidad inmediata y concreta: reconstruir un techo con los recursos disponibles y esperar que la regularización prometida se traduzca en una solución definitiva.

Reconstruir con lo poco

Ante la ausencia de un programa de vivienda o de reubicaciones formales, los habitantes comenzaron a reconstruir como pudieron.

Meses después el sector evidencia una reconstrucción desigual marcada por la capacidad económica de cada familia más que por un plan colectivo. En algunas viviendas se evidencia la construcción de paredes y cemento; otros volvieron a levantar sus hogares en madera y esterilla, replicando las condiciones antes del siniestro; el avance depende principalmente del esfuerzo individual.

“Uno tiene que ir comprando un bloque, un bulto de cemento, despacio”, explica Gustavo, quien señala que a su edad no puede trabajar como antes y que cada mejora implica semanas de ahorro. La reconstrucción en su caso avanza por etapas.

Esteban vive en una estructura provisional mientras intenta levantar una habitación sólida, además, debido a problemas de salud en sus rodillas y columna la situación es más compleja.

“Estoy en una chocita atrás, ese es mi hogar, pero por lo menos estoy con vida”, relató de manera nostálgica. Como él, otras familias han tenido que priorizar lo urgente, un techo básico, y seguir luchando en el día a día.

Según los testimonios recogidos, no hubo subsidios de arrendamiento ni anuncios de planes específicos para el sector mientras avanzaban los trámites de legalización. Cristian reconoce que las autoridades fueron claras al señalar las limitaciones jurídicas del municipio, pero con el paso de los meses la presencia institucional disminuyó.

“En los primeros días sí nos visitaban mucho. Después nos fueron dejando”, afirma Esteban, reflejando una percepción que persiste entre los habitantes del sector.

Los damnificados reconocen la asistencia humanitaria, pero cuestionan la ausencia de soluciones estructurales. Es decir, el contraste entre las versiones no radica en la ayuda inicial, sino en el alcance y duración del proceso de escrituración.

“Es entendible que no puedan ayudar por tantos meses, pero esto no se arregla en una semana”, reflexiona Cristian; por otro lado Gustavo es más directo: “Para mí, nos olvidaron”.

Un barrio que renace entre escrituras y espera

Tras la tragedia, la propietaria del predio se puso en contacto con la administración municipal y decidió entregar las escrituras del terreno para facilitar la formalización individual de los lotes.

Según relataron los habitantes, su decisión estuvo motivada por la magnitud de la emergencia y la presencia de bebés, niños y adultos mayores entre las familias afectadas.

No quería que, después del incendio, quedaran sin un lugar donde vivir; este gesto permitió que el proceso de escrituración comenzara a tramitarse ante la Agencia Nacional de Tierras, abriendo la posibilidad de que, por primera vez, cada hogar cuente con un respaldo legal sobre el suelo que ocupa.

La expectativa frente a la formalización va de la mano con la incertidumbre propia de los tiempos administrativos. Para los residentes, la escritura no representa únicamente un documento, sino la puerta de entrada a una estabilidad que antes no existía con el acceso a programas de vivienda, mayor seguridad jurídica y la posibilidad de invertir en sus casas con menos temor; sin embargo, mientras el trámite avanza aún no existe una fecha definitiva de culminación.

En medio de ese proceso, la comunidad decidió marcar un nuevo comienzo cambiando el nombre del sector. Lo que durante años fue Villa del Sol ahora se conoce como Villa Lucía, una decisión colectiva que busca simbolizar la esperanza después de ese 15 de julio; el barrio renace con la intención de dejar atrás la emergencia y proyectarse como comunidad.