Peajes para motocicletas: opiniones divididas en el departamento de Quindío

En el proyecto de ley radicado en el Congreso de la República por el senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, que pretende una nueva reforma al Código Nacional de Tránsito, hay varios aspectos que han llamado la atención, principalmente de los motociclistas, y entre estas están el pago de peajes y la implementación de un airbag.

La iniciativa indica que los motociclistas tendrán que pagar el 30% del cobro del peaje categoría I, por ejemplo, si es $12.600, tendría que cancelar $3.800. Aunque solo aplica para motos que pagan impuestos.

Además, los moteros deberán usar, como medida de protección, un airbag, el cual valdría entre $500.000 y $1.000.000, y consta de un chaleco especial que se activa en el momento de un accidente, antes de que el conductor caiga al piso o se golpee contra otra superficie, para proteger columna, costillas, y torso. Esta medida regiría a partir de 2022.

También, las motocicletas deberán tener encendido automático de luces, control electrónico de estabilidad y sistema de frenos ABS. 

“Medida contraproducente”

Wilson Valencia Rendón, presidente de un club de motociclistas de Armenia, rechazó el proyecto de ley, argumentando que en el país hay muchos peajes y muy caros. 

“La medida es contraproducente en todos sus sentidos, nosotros pagamos demasiado por el Soat y la tecnomecánica y no le vemos ningún sentido a otro impuesto más, la economía del país no es suficiente”, dijo.

Sobre el uso del airbag, aseveró: “Creo que la medida es muy buena pero sería solo asequible para los motociclistas de alto cilindraje, las personas de escasos recursos y que viven del uso diario de su vehículo no tendrían el dinero para comprar este sistema de seguridad”.

Así mismo, Luis Emilio Gómez Henao, presidente de La Disidencia Moto-Club, argumentó: “Lo del cobro de los peajes es solo la punta del iceberg, aquí hay algo escondido a favor de las concesionarias, y son las motocicletas que tendríamos que comprar con las características obligadas por la ley”.

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“No hay vacíos legales”, abogado

Andrés Felipe Bustamante Hincapié, abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, expresó que “no hay vacíos legales porque el proyecto de ley apenas está en curso en el Senado, aunque el precio del peaje sí es costoso y debería ser incluido en el Soat”.

Señaló que el proyecto sí podría fallar en la penalización de cárcel a las personas que excedan en las vías el límite de velocidad. 

Sobre las multas explicó que la definición de estas primero debe ingresar a debate de los organismos de tránsito y del Congreso. Además, se debe tramitar por la Corte para el control constitucional.

Autoridades de tránsito regionales opinaron

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Jairo Alonso Escandón González, opinó: “Después de varias campañas de seguridad vial en el país, las determinaciones que podrían cambiar el Código Nacional de Tránsito son necesarias con el objetivo de disminuir la siniestralidad vial; un segundo destino del proyecto es frenar el aumento de compra de motocicletas que está disparado en  Colombia”.

Diana María Sánchez Roncancio, quien hasta este fin de semana fue la subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá, dijo que “en este momento es complejo el tema, por economía. En caso tal de que la norma estuviera rigiendo, toda vez que las finanzas están afectadas por la COVID-19, el dinero de un peaje se podría destinar para otro gasto que tenga el motociclista. 

Agregó que los organismos de tránsito del país fueron citados para la próxima semana para conocer el proyecto de ley.

José William Torres, subsecretario de Tránsito de Quimbaya, indicó que “es importante que los motociclistas paguen los peajes porque usan las vías y puede ser una medida de control”.

Debbie Duque Burgos, directora del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, manifestó que, “las especificaciones nacionales sobre los automotores cambian y son de obligatorio cumplimiento”.

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Otros artículos del proyecto de ley

El límite de velocidad en carretera para los vehículos particulares sería de 90 kilómetros por hora, en las ciudades sería 50  kilómetros por hora y en zonas residenciales o escolares, 30 kilómetros por hora.

Se haría más exigente la obtención de la licencia de conducción, todas vez que los exámenes y pruebas para obtener el mismo aumentarían. 

Colombia adoptaría la reglamentación sobre vehículos de las Naciones Unidas —WP29—, que incrementa la exigencia en las fabricaciones, la cual debe ser más amigable con el medio ambiente.

Las personas no solo deberán saber leer y escribir, sino tener más de 16 años de edad, los adolescentes deberán conducir automotores que sean marcados como ‘conductores novel’, además se le expedirá una licencia provisional y cuando cumplan 18 años deben tramitar una nueva.

Se constituirá una póliza de responsabilidad civil extracontractual de 46 salarios mínimos legales mensuales vigente para el ‘conductor novel’ y este no podrá exceder los 60 kilómetros por hora. El límite de velocidad para los vehículos de carga y de transporte escolar será 40 kilómetros por hora. En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para vehículos públicos o privados, serían determinadas por el ministerio de Transporte o las gobernaciones y no podrá exceder los 60 kilómetros por hora.

Continúa la obligación del pago de las multas a los propietarios de los vehículos y no a los conductores que infrinjan el Código Nacional de Tránsito.