Se levantó una bodega para almacenamiento de aguacate y se alteró el terreno para adecuar un tanque.
Hoy o mañana se oficializarían las sanciones que tendría Green Superfood, tras efectuar algunas construcciones sin permiso en zona rural de la vereda El Cinabrio, municipio de Pijao.
La empresa fue denunciada ante las autoridades de la localidad y la personería, al señalarse de parte de la comunidad y ambientalistas que “se construyeron una bodega y un tanque atentando contra los recursos naturales”.
Además se habían habilitado unas carreteras que podrían generar afectación y alteración del terreno sin un estudio previo.
La empresa recibió después la visita de la administración municipal, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, la personería y otros organismos, donde evidenciaron que “no se contaba con los permisos para llevar a cabo esas labores”.
Aunque no se dieron a conocer cifras exactas de cuánto recurso deberá pagar la empresa por la afectación, el alcalde de Pijao, Juan Camilo Pinzón Cuervo, le confirmó a LA CRÓNICA que “sí se van a implementar comparendos por el hecho. Estoy a la espera de la información que me entregue la inspección de Policía”.
Lo mismo fue comunicado a este medio escrito por parte del personero de la localidad, Hernán Augusto Bernal, quien expresó: “Nuestra entidad hizo los requerimientos el viernes pasado, se le solicitó al área de Planeación la notificación de los actos administrativos para hacerlos públicos. Sería el martes el día que conoceremos esos resultados”.
Aunque se está a la espera del comparendo, también se confirmó que se trabaja en la conciliación de las partes.
Procedimiento
El personero de Pijao, Hernán Augusto Bernal, dio a conocer a LA CRÓNICA apartes de lo que fue la denuncia de la comunidad y el procedimiento llevado a cabo desde su entidad como de las demás autoridades.
“Nosotros atendimos la querella de la comunidad y la hicimos llegar a los organismos de control pertinentes para que tomaran decisiones correspondientes”, reveló Bernal.
Indicó que en un principio habían recibido el llamado por la instalación de una puerta en plena vía pública, pero de inmediato se llevaron a cabo labores para su retiro. “Se realizó la demolición de lo que se había instalado, tras escuchar a la población”.
Dijo el personero que en la misma diligencia se dio a conocer la apertura de unas vías detrás de la escuela de la vereda, que al parecer sería una causa de generación de estabilidad en el terreno, además se habían habilitado otros tramos de carretera destapada en otras propiedades.
“Agregado a ello se dio lo de la construcción de una bodega y una especie de tanque de reserva. Esa revisión la llevamos a cabo la semana pasada en compañía de la CRQ, la inspección de Policía y la administración municipal”, destacó Bernal a este medio escrito.
Al igual que lo revelado por el alcalde Pinzón Cuervo, el personero también indicó a este medio escrito que “se pudo constatar que no se contaba con los permisos para ese tipo de construcciones, no se había solicitado uso de suelos y en estos momentos esos trabajos están detenidos por orden de Policía”.
Bernal aseveró que “creo que se le va a dar un tiempo prudencial a la empresa para que formalice esas construcciones, así como los usos de los suelos, de lo contrario se tendrá que remover lo que habían construido”.
Agregó: “Es que las sanciones a las que estaría sometida la entidad se relacionan con modificaciones urbanísticas sin observar los parámetros legales contenidos en el artículo 135 de la ley 1801 del 2016”.
El personero sostuvo que deben estar congeladas las obras, además la Policía puede conceder hasta 60 días para que formalicen, habrá una imposición de la multa por metro cuadrado intervenido. “Desde nuestra entidad se pudo evidenciar que fue más de un kilómetro habilitado en el tema de carreteras”.
Sobre el tanque está calculado que tiene una capacidad para 400 mil litros de agua y la bodega también estaría entre 300 y 400 metros cuadrados.
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Urge políticas de contribución
El personero Bernal sostuvo que es importante que la administración municipal y autoridades incentiven una política de contribución para las empresas.
“Es que las fincas y empresas que se dedican al cultivo de aguacate están exentas del pago de industria y comercio, porque al parecer no hacen alguna transformación. Pero nosotros insistimos que sí hay como tal porque el producto no es para consumo interno sino para exportación y se requieren unos parámetros que en efecto involucran a la transformación”, destacó Bernal.
Agregó: “Hay que modificar los estatutos tributarios municipales para poder que esas empresas realmente generen desarrollo dentro de la localidad, porque por ahora se están lucrando, pero no han generado un impacto económico dentro del municipio”.
No atendieron
Este medio escrito intentó contactar a representantes de la empresa Green Superfood para conocer su punto de vista y qué acciones iban a tomar a favor, sin embargo no respondieron.
El artículo 135 de la ley 1806 de 2016
Como lo expresó el personero de Pijao, Hernán Augusto Bernal, la empresa Green Superfood estaría sometida a una sanción al incumplir con el artículo 135 de la ley 1806 de 2016.
Ese punto se relaciona con el comportamiento contrario a la integridad urbanística en referencia con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público.
En el punto de parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir, están prohibidas esas tareas en áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos, así como con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia, en bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público, en terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere caducado.
En el caso de actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico no se puede demoler sin previa autorización o licencia, intervenir o modificar sin la licencia, incumplir las obligaciones para su adecuada conservación, realizar acciones que puedan generar impactos negativos en el bien de interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas, adecuaciones funcionales, intervenciones en las zonas de influencia y/o en los contextos del inmueble que puedan afectar las características y los valores culturales por los cuales los inmuebles se declararon como bien de interés cultural.
Además no es aceptado usar o destinar un inmueble a uso diferente al señalado en la licencia de construcción, ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción, contravenir los usos específicos del suelo, facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos específicos.
Queja desde Génova
El Comité por la Dignidad de Génova también dio a conocer a través de sus redes sociales actividades en las zonas de El Cedral y La Granja, donde según explicó el colectivo, también hay presencia de empresas aguacateras extranjeras.
“En compañía de varios campesinos preocupados por esta situación estuvimos visitando el alto de Las Palomas, entre la vereda La Granja y el Cedral, cerca al batallón de alta montaña, en donde se pudo evidenciar como empresas aguacateras extranjeras han hecho carreteras con maquinaria pesada por toda la cordillera y además como en montañas donde en su mayoría era bosque ahora están llenas de aguacate hass, secando fuentes hídricas, quebradas y prohibiendo el paso”.
Hace unos días, la CRQ efectuó una inspección, se trasladó con el equipo de la Unidad de Reacción Inmediata, acompañados por la Policía de Carabineros, para atender una denuncia sobre tala indiscriminada de árboles para “extender una frontera agropecuaria para el cultivo del aguacate en una finca”.
El director general de la CRQ, José Manuel Cortés Orozco, explicó que, las personas y los dueños del predio no contaban con los permisos de la autoridad ambiental y se afectaron especies como cordoncillo, manzanillo y eucalipto. Se pudo decomisar 19.2 metros cúbicos de madera talada.
Actuar de la CRQ
José Manuel Cortés Orozco, director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, se manifestó luego que la entidad asistiera a la revisión de las trabajos que había realizado la empresa.
“Encontramos una apertura de vías, un movimiento de tierras para presuntamente efectuar un reservorio de aguas y la construcción de una bodega para almacenar el aguacate. Si observamos esos 3 elementos son competencias que le corresponden a las administraciones municipales”, dijo el directivo.
No obstante, reconoció que la corporación tiene injerencia: “Verificamos para saber si se había dado alguna afectación de tipo ambiental, lo que sugerimos es hacer conceptos técnicos que permitan tomar decisiones jurídicas sólidas por parte de la autoridad ambiental”.
Se estaba en la terminación del concepto técnico para que la CRQ se pronuncie y dé a conocer las decisiones administrativas a tomar frente a las afectaciones o presuntas infracciones ambientales que se pudieron cometer.
Cortés Orozco manifestó que “nuestro mandato por constitución de ley es proteger y defender el patrimonio ambiental. Es cierto que se va a buscar una conciliación, pero el mandato de ley va a prevalecer por encima de cualquier pacto. Si hay alguna afectación vamos a actuar con todo el rigor técnico y jurídico”.
Empero, Cortés Orozco aseveró que no se puede estigmatizar el sector aguacatero: “Sabemos que desde hace 2 años se traían problemas por el cultivo del aguacate, pero disminuyeron esas denuncias. Hay empresas que contrataron su grupo de gestión ambiental para cumplir y no afectar los recursos. Pero últimamente hemos efectuado decomisos de metros cúbicos de madera taladas de forma ilegal para ampliar la frontera agropecuaria”.
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