Por irregularidades en el PAE, pliego de cargos contra Roberto Jairo Jaramillo

La Procuraduría General de la Nación, PGN, profirió pliego de cargos contra el exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas; así como a la exsecretaria departamental de Educación, Ana María Giraldo Martínez; por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE; en el departamento.

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Según comunicado dado a conocer desde el ministerio público, el órgano de control los investiga porque el servicio de alimentación para los estudiantes no se brindó desde el primer día del calendario escolar tal como lo ordena la reglamentación vigente, omisión que no fue debidamente justificada por los entonces funcionarios.

“Al parecer la administración no habría tramitado con la debida antelación la solicitud para que la asamblea departamental aprobara la asignación de los recursos para la financiación del programa en el año 2023”, informaron desde la PGN.

 
Esa situación llevó a que el proceso de selección se iniciara a mediados de diciembre de 2022, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UAPA, en circulares previas, había indicado que para finales de diciembre los departamentos ya debían haber suscrito los contratos necesarios para la operación del PAE.  

“Lo anterior originó que el servicio de alimentación iniciara su operación el 27 de febrero de 2023, un mes después de iniciado el calendario escolar, que comenzó el 23 de enero de ese año”, afirmaron desde la Procuraduría.
Para el órgano de control, “la falta de entrega del complemento alimentario en forma oportuna constituyó una afectación sustancial de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, porque los recursos con los que este se financia están orientados a hacer efectivo el derecho a la educación”. 

Además, al parecer “habría permanecido impávido frente a la necesidad de que la operación del PAE se realizara en forma oportuna”.

Por esos hechos, el ministerio público calificó la presunta falta cometida por los entonces funcionarios como “una falta grave cometida a título de culpa gravísima”.