14 años después, torre El Refugio en Calarcá continúa en pie y sin fecha de demolición

Más de una década después de haberse iniciado la ejecución del proyecto torre El Refugio, ubicado en el municipio de Calarcá, y pese a que su demolición fue anunciada tras las advertencias de la Contraloría, que señalaron que la obra no era habitable, el procedimiento no se ha ejecutado y la estructura continúa en pie.

De acuerdo con la información conocida, el proyecto no cuenta con servicio de acometidas de acueducto ni eléctricas, presenta fallas estructurales y alturas entre pisos que no cumplen con la norma. Sin embargo, la mayor preocupación es manifestada por los habitantes de la urbanización La Primavera, conformada por 195 viviendas de interés social construidas en este predio, quienes advierten que en cualquier momento la torre podría ocasionar daños a las casas aledañas o poner en riesgo la integridad de los residentes del sector. Según expresaron, “la construcción quedó ahí, abandonada, en el mismo predio donde adquirieron sus viviendas”.

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Cabe precisar que El Refugio, también conocido como la torre El Refugio, fue concebido como un proyecto de vivienda de interés social. La torre se encuentra construida en un predio donde anteriormente se ubicaba la finca El Refugio, en el sector de La Primavera, y la edificación se compone de dos torres de cinco pisos cada una; cada piso cuenta con dos apartamentos, diseñados con espacios para cocina, zona de ropas, un baño, tres alcobas, pasillo y salón comedor.

El proyecto se desarrolló en un predio de 43.176 metros cuadrados, con un área construida de 20.975 metros cuadrados. Contó con un presupuesto total de $3.738.921.223, inició el 26 de abril de 2011 y su fecha de entrega estaba prevista para el año 2012.

Tras pasar varios años sin que se ejecutara la entrega de la edificación, en 2021 La Crónica del Quindío dio a conocer que la Universidad La Gran Colombia realizó un análisis del proyecto desde el enfoque de habitabilidad, concluyendo que esta obra debía ser demolida y no sometida a un reforzamiento estructural. Esto debido a que, según los resultados obtenidos, la torre no cumplía con las condiciones de confort térmico ni de espacio, además de presentar deficiencias en los accesos, especialmente en el ancho de las escaleras y la altura de los apartamentos.

Asimismo, tras registrar El Refugio como una obra que requería una pronta solución, la administración municipal de aquel entonces estableció un comité de seguimiento y verificación mediante la Resolución 559 del 27 de julio de 2021, por la cual se conformó un comité técnico para la evaluación de la intervención física de la obra civil inconclusa El Refugio, de conformidad con la Ley 2020.

No obstante, con la construcción de las viviendas aledañas en el predio, se informó que la demolición mediante el uso de explosivos no resulta viable, debido al riesgo que representaría para las nuevas edificaciones. Por ello, esta deberá realizarse de manera manual, con el fin de evitar afectaciones en las unidades de vivienda cercanas.

Ante este panorama y tras varios años de trámites jurídicos y administrativos, La Crónica del Quindío consultó nuevamente a las entidades municipales competentes con el fin de conocer el estado actual de la situación.

Estado jurídico y financiero 

Carlos Andrés Rey Trejos, jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Calarcá, aseguró que frente al estado de dicha estructura la normativa establece componentes de carácter técnico, financiero y jurídico.

En ese sentido, señaló que en su momento la Secretaría de Planeación e Infraestructura adelantaron todo lo relacionado con el soporte técnico; la Secretaría de Hacienda asumió lo correspondiente al componente financiero, particularmente lo relacionado con “la disposición de los recursos”; y la Oficina Jurídica intervino para determinar si “había forma de prevenir un daño” o, en su defecto, si se configuraba algún tipo de afectación para las personas involucradas.

“Con base en ello, se determinó la viabilidad jurídica de llevar a cabo la demolición y se expidió el acto administrativo, tal como lo señala la norma. Posteriormente, se evaluó si era viable adicionar recursos a este tema o, por el contrario, establecer que no existía viabilidad frente al mismo”, precisó el funcionario.

A su vez, indicó que en los últimos meses se han realizado reuniones del Comité de Obras Inconclusas, en las cuales, desde la Oficina Jurídica y la actual administración municipal, se consideró que lo más adecuado era comunicar la decisión a terceros, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, con el fin de establecer si existía algún tipo de afectación a otros interesados o a los órganos de control.

En ese marco—argumentó—se remitieron oficios a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, informándoles que, con base en “el principio de la prevalencia de la prueba” y dentro de un término prudencial, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo, se procedería a materializar la decisión prevista en el acto administrativo.

“Desde la Procuraduría se informó que no existen investigaciones a la fecha; la Contraloría señaló que no se evidencia ningún tipo de responsabilidad fiscal, ni procesos registrados o en archivo; y, por parte de la Fiscalía, a través de dos despachos que atienden delitos contra la administración pública, se determinó que no se registra proceso penal alguno relacionado con el tema de El Refugio”, relató Rey Trejos.

El jefe de la Oficina Jurídica también destacó no se presentaran observaciones desde el punto de vista técnico-jurídico frente al acto administrativo, y que a la fecha se adelantan los trámites administrativos precontractuales, los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestal, según lo establecido en la Ley 80 de 1993.

En esa misma línea, aclaró que para poder sacar adelante un proceso de contratación, —que es lo que hay que realizar—, se debe tener toda la subvención de los recursos disponibles para tales efectos. “Una vez se tenga la disposición de recursos, se va a materializar el proceso administrativo para llevar a cabo el tema de la demolición frente a las torres de El Refugio”.

Es importante tener en cuenta que desde la Alcaldía de Calarcá afirmaron que la asignación de estos recursos los da la misma administración municipal, y que la Secretaría de Infraestructura solicitó esta asignación con recursos del balance, y depende de las necesidades del municipio si se asignan o no.

Por último, Carlos Andrés mencionó que la demolición del proyecto ha sido objeto de preguntas y cuestionamientos por parte del Concejo Municipal; sin embargo, precisó que “se trata de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, el cual no ha sido desvirtuado”, y que la administración se encuentra dentro de los términos legales para adelantar el proceso de intervención en estas zonas.

Por su parte, Leonardo Marín Londoño, concejal de Calarcá, ratificó que la torre El Refugio es un tema preocupante para el sector y para toda la comunidad, ya que “a esta construcción nunca se le ha dado ningún uso”. Recalcó además que se trata de una edificación con más de 15 años, a la que no se le ha hecho mantenimiento, y que no cuenta con los conceptos técnicos ni con el acta de liquidación. “Para la comunidad genera inconformidad y, de cierta manera, miedo, ya que es una estructura con muchos años de construcción que no genera confianza”, expresó.

El concejal agregó que la intención con el edificio era entregárselo a una constructora española para desarrollar un plan de vivienda, pero que el edificio no contaba con todos los documentos de liquidación, por lo que el proyecto no pudo avanzar.
Finalmente, señaló que al consejo no ha llegado un proyecto que indique la asignación de presupuesto para la demolición ni se ha llevado a cabo algún debate sobre el tema en esta dependencia.

Comunidad en alerta ante una estructura peligrosa

Para Sandra Milena Villalba Gómez, residente desde hace tres años en la urbanización La Primavera, la principal preocupación es la seguridad de los niños que con frecuencia juegan en los alrededores de la torre El Refugio. Según relató, con el paso del tiempo los vidrios de las ventanas comenzaron a desprenderse, situación que llevó a los propios habitantes a instalar un superboard como medida preventiva.

Villalba explicó que, debido a la falta de vigilancia permanente en la urbanización, los vecinos deben permanecer atentos para evitar que personas ingresen a dormir al edificio. Con el fin de mantenerse comunicados y alertar sobre cualquier situación, la comunidad creó un grupo de WhatsApp y, en varias ocasiones, se vio obligada a bloquear la puerta de acceso para impedir ingresos no autorizados.

Ante este escenario, la residente expresó su temor y pidió una solución definitiva: “Lo que pido es que por favor quiten esa edificación. Mi sueño fue tener una propiedad y ahora que la tengo la mantengo con miedo de que algo malo pueda suceder, incluso que se caiga y afecte alguna casa de un vecino”.

Hilda María Gómez Rodríguez, habitante del sector, coincidió en que la situación de El Refugio representa un riesgo grave para toda la comunidad. Señaló que el edificio ha sido utilizado por personas que ingresan a consumir sustancias psicoactivas o a esconderse, mientras que la falta de mantenimiento ha provocado desprendimientos que ponen en peligro a los residentes.

En ese contexto, describió con preocupación el estado estructural de la edificación: “Vivo en la esquina del edificio y se pueden ver partes superiores desprendidas. Esto representa un peligro enorme: se puede caer una pared sobre una persona, un niño o incluso sobre una vivienda. Además, los vidrios regados en el sector aumentan el riesgo para los niños que juegan cerca”.

Sobre las acciones adelantadas por la comunidad, explicó que los vecinos han intentado gestionar soluciones ante las autoridades. “Nos reunimos con la Secretaría de Infraestructura para plantear el problema. Nos indicaron que ingenieros evaluarían la demolición, incluso mencionaron la realización de una licitación, pero luego todo quedó detenido”, expresó.

Frente a este panorama, Gómez Rodríguez envió un mensaje directo a las autoridades y pidió celeridad en las decisiones.

“Nos gustaría que se agilice el proceso y que se tengan en cuenta todos los riesgos que enfrentamos, tanto en materia de seguridad como la posibilidad de un accidente grave. Este espacio podría destinarse a esparcimiento o a una cancha, ya que los niños no tienen dónde jugar y actualmente corren el riesgo de cortarse con vidrios o puntillas. Es urgente actuar”.

Por su parte, Élber Quintero Rodríguez también manifestó su preocupación y aseguró que la torre no representa ningún beneficio para la comunidad, además de advertir que podría colapsar en cualquier momento. “Ante un movimiento sísmico, considero que la demolición sería la mejor opción. Cualquier cosa puede pasar y podría ocurrir una desgracia; todo sucede en un segundo”, expresó.

Finalmente, Javier Henao resumió la situación al señalar que el edificio enfrenta múltiples problemáticas. “Son varios los factores: inseguridad, desprendimientos de tejas y otros materiales, y la presencia de animales. Por eso necesitamos que la Alcaldía intervenga lo más pronto posible. Hemos tenido muchos tropiezos con este edificio y hemos estado en constante expectativa sobre su estado”, puntualizó.

Cronología de la torre El Refugio: del convenio a la alerta por irregularidades

La torre El Refugio se ejecutó en el año 2011, mediante un convenio celebrado entre el municipio —bajo la administración de Carlos Enrique López Murillo— y la Asociación Hábitat para la Humanidad Colombia.

El convenio contemplaba la construcción de una torre bifamiliar destinada a viviendas de interés social prioritario, con el objetivo de albergar a 20 familias. Estas viviendas, según lo programado inicialmente, no aplicarían a subsidios del Estado ni los beneficiarios tendrían que aportar recursos para su adquisición.

Según la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía municipal de aquel entonces, las viviendas serían de propiedad del municipio, quien se encargaría de adjudicarlas a las familias que requerían reubicación inmediata.

Para el 2012, la obra fue entregada, coincidiendo con el inicio de la administración de Juan Carlos Giraldo Romero. Al momento de la entrega, se realizaron apreciaciones técnicas que evidenciaron incumplimientos en la normativa de altura entre pisos.

En el 2017, durante la administración de Yenny Alexandra Trujillo Alzate, se contrató una consultoría encargada de analizar el reforzamiento y la vulnerabilidad del edificio, concluyendo que la edificación presentaba condiciones de construcción irregulares.

Finalmente, en 2020, con la entrada en vigor de la Ley 2020 de obras inconclusas o “elefantes blancos” de la Contraloría General de la República, Calarcá reportó esta iniciativa en su jurisdicción, quedando registrada dentro del control de obras inconclusas del país.