¿Qué pasa cuando llega una denuncia de abuso infantil a la Diócesis de Armenia?

De acuerdo con el sacerdote William de Jesús Marín Pérez, delegado para la protección de menores de la Diócesis de Armenia y encargado de la oficina El Buen Trato, en el Quindío hay 13 denuncias por pederastia, en las cuales hay 11 sacerdotes involucrados. 

“2 sacerdotes fueron denunciados 2 veces por víctimas diferentes, otros 2 casos fueron remitidos a diferentes institutos dentro de la iglesia porque no pertenecen a la Diócesis de Armenia, 2 sacerdotes acusados murieron mientras se hacía el proceso investigativo, así que ya no se puede hacer nada; a otro de los sacerdotes le llegó su respuesta desde el Dicasterio para la doctrina de la Fe en la Ciudad del Vaticano, en la que afirman que no encontraron material suficiente para iniciar un proceso penal administrativo, teniendo en cuenta también la declaración de la Fiscalía, que dijo no haber encontrado material para llevar una investigación, por lo que el dicasterio le dio un precepto penal, los demás casos se encuentran siendo investigados aún”, explicó Marín Pérez. 

La oficina de El Buen Trato tiene un comité o grupo interdisciplinario que se encarga de atender cada uno de estos casos, dentro del grupo está el sacerdote Marín Pérez, sacerdotes especialistas en derecho canónico que se encargan de realizar las investigaciones previas, para la asistencia y ayuda, tanto de los denunciantes como de sus familias y, así mismo, para asistir al sacerdote que es denunciado; además, se cuenta con 2 abogados penalistas, que se encargan de ayudar en la tarea de protección de menores.

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El encargado de la oficina mencionó que cuando llega una persona a interponer la denuncia en la oficina, esta se le da a conocer al juez nato de la diócesis, es decir, a monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez y él mismo se encarga de llamar al sacerdote y hacerle una amonestación, es decir, comunicarle que hay una denuncia en su contra, posteriormente le comenta lo que puede suceder con él y que se le dará inicio a un proceso investigativo.  

El obispo de la diócesis nombra un tribunal ad hoc para el caso respectivo, un instructor y un notario, estos últimos hacen un juramento de guardar confidencialidad como lo expide el derecho canónico que es usado por la Iglesia católica. 

Después de realizar la respectiva investigación se convoca al denunciante nuevamente para pedirle las pruebas, igualmente se llama al sacerdote acusado para que haga sus descargos, se llaman a los testigos -si los hay- para tener más pruebas y al final, el instructor ad hoc recoge todo el material probatorio y se lo da al obispo, quien da su voto junto con el del instructor.  

Luego de todo el proceso, las pruebas son enviadas al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en la Ciudad del Vaticano. Allí revisan el proceso y deciden si al sacerdote acusado se le adelanta un proceso penal administrativo o si se exonera de la denuncia, dependiendo de las pruebas entregadas. 

Durante el desarrollo del caso, la iglesia ofrece un acompañamiento espiritual y sicológico a la víctima y a su familia, por medio de una sicóloga de la iglesia y de un sacerdote. 

Por otro lado, la víctima es informada que tiene la plena libertad para poner la denuncia en la Fiscalía y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -en caso de ser menor de edad-. Según el sacerdote, si la persona o los acudientes dicen que no quieren hacer pública la situación, de parte de la oficina del Buen Trato se les comenta que, si no ponen la denuncia, la misma oficina está autorizada por el decreto diocesano para notificar a la Fiscalía.

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Trabajo desde la iglesia para evitar los casos 

El sacerdote Marín Pérez dijo que, en su momento, monseñor Pablo Emilio Salas Anteliz (obispo de Armenia entre 2014 y 2017) expidió un decreto diocesano para la protección de menores que fue publicado en el 2015 y que se dio a conocer a los sacerdotes y a todos los miembros del trabajo pastoral que laboran en parroquias con niños y adolescentes, así mismo, publicó el manual de conducta para la protección de menores y de adultos vulnerables.  

“Desde entonces se inició un trabajo de capacitaciones y seminarios para los sacerdotes con el fin de concientizarlos sobre el manual de conducta para la protección de menores”, dijo el encargado de la oficina El Buen Trato. Además, aseguró que en la actualidad se trabaja con capacitaciones constantes con todos los que hacen parte del trabajo pastoral dentro de las parroquias, como catequistas, sacristanes y secretarios, quienes han firmado un acta que los hace responsabilizarse del trabajo que deben hacer con todos los menores. 

Por último, desde la iglesia se evita que, durante su formación, los monaguillos se encuentren solos dentro de la parroquia así que se les pide a los padres o acudientes acompañarlos en cualquier actividad.