Rechazo a proyectos deja sin recursos de estampilla a CDA y Centros Vida

La Secretaría de Familia del Quindío rechazó los proyectos presentados a inicios de 2025 para la asignación de recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor. Esta decisión dejó sin financiamiento a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CDA) y Centros Vida del departamento.

Las principales objeciones están relacionadas con pagos de servicios públicos, adecuaciones en infraestructura, adquisición de insumos y contratación de auxiliares.

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La decisión sorprendió a los municipios y generó preocupación entre quienes administran estos hogares, los cuales enfrentan constantes crisis económicas para atender a poblaciones vulnerables.

Este medio intentó obtener declaraciones de Jorge Hernán Gutiérrez Arbeláez, secretario de Familia del Quindío, pero no respondió a la solicitud. Sin embargo, se conoció que la medida obedece al cumplimiento de una resolución de 2020 (tiempos de pandemia). Algunos municipios expresaron su molestia porque la aplicación efectiva de esta norma comienza apenas en 2025, a pesar de que en años anteriores los mismos proyectos recibieron aprobación.

Efecto de las observaciones

La Crónica conversó con Jenny Gómez Betancourt, secretaria de Desarrollo Social de Armenia, quien confirmó la problemática. “En primer lugar, sí hemos tenido una demora. Hasta el 3 de enero de 2025 solo llegaron los pagos de la estampilla correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2024”, explicó.

Asimismo, detalló que cada año, al inicio del periodo, los CDA y Centros Vida deben presentar proyectos a la gobernación para su aprobación y así proyectar la asignación de la estampilla departamental. “Les pedimos a los CDA y Centros Vida que reenvíen sus proyectos, especificando cómo ejecutarán los recursos, como lo establece la ley de estampillas. Desde el municipio verificamos que los beneficiarios tengan Sisbén y enviamos la información al departamento antes del 31 de enero”, agregó.

Indicó que, una semana antes de cumplirse el plazo, solicitaron a la administración departamental revisar los proyectos para evitar dificultades. “Nos dijeron que subsanarían algunas situaciones, como permisos de salud que vencían en enero. Sin embargo, la gobernación tardó casi mes y medio en responder si aprobaban o no los proyectos”, denunció.

El 10 de marzo, la Secretaría de Familia envió un oficio informando que los proyectos no fueron aprobados debido a observaciones que generaron inquietud entre los municipios. “Son las mismas iniciativas que se presentaron en vigencias pasadas y fueron avaladas”, afirmó Gómez Betancourt.

Tras la negativa, se conformaron mesas de trabajo con la Procuraduría, la Diócesis de Armenia y la gobernación para esclarecer los motivos del rechazo. “Solicitamos explicaciones sobre por qué antes los CDA y Centros Vida podían pagar servicios públicos con estos recursos y ahora no, o por qué ya no se permite adquirir insumos como tensiómetros”, agregó.

Reconoció que algunas disposiciones deben cumplirse por ley, pero cuestionó otras. “Se lograron acuerdos con la gobernación, pero al final no se aprobaron muchas de las iniciativas que siempre se han financiado con estos recursos, como el pago de servicios públicos o las adecuaciones requeridas por la Secretaría de Salud para operar”.

Esta situación retrasó la transferencia de recursos de la estampilla departamental correspondientes a enero, febrero y marzo. “El municipio ya pagó enero y realizó proyecciones para febrero, marzo y abril. Sin embargo, la estampilla depende de obras, y en los primeros meses del año es difícil que se ejecuten trabajos. Por eso hacemos estimaciones basadas en el comportamiento del año anterior”, puntualizó.

Para evitar nuevos retrasos, se estudian alternativas con veedurías para agilizar el pago de los recursos departamentales.

Preocupación en los Centros Vida

Arcesio Ocampo Mejía, director del hogar del anciano El Carmen de Armenia, expresó su preocupación ante La Crónica. Aunque respeta las normativas, instó a las autoridades a ser más flexibles en la aprobación de proyectos que benefician estos centros.

El hogar alberga a 150 adultos mayores, de los cuales 120 están en situación de vulnerabilidad. “Los ingresos municipales y departamentales apenas alcanzan los $700.000 mensuales por adulto mayor, cuando el costo real de atención oscila entre $1.400.000 y $1.800.000, según el nivel de dependencia”, explicó.

Sobre la falta de recursos, señaló que “es un tema de trámite, pero el Estado debe priorizar la atención de poblaciones vulnerables”. También lamentó que algunos cambios administrativos retrasen procesos clave.

Para mitigar la crisis, El Carmen recibe apoyo de familias y empresas solidarias. “Nos ayudan con ropa y alimentos. También gestionamos donaciones de camas, sillas de baño y otros insumos”, indicó.

Finalmente, cuestionó las nuevas restricciones. “No entiendo por qué ahora no reconocen el pago de servicios públicos. Además, nos prohibieron contratar auxiliares administrativos, a pesar de que son clave en la atención de los adultos mayores”, concluyó.

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