San Rafael: el colegio que resistió al Túnel de la Línea

—¿Por qué dejó de vivir al lado de la carretera La Línea? 

—Estaban haciendo el hueco para el túnel, y cada vez que llovía, caían piedras a la casa, y se crecía la quebrada. 

—¿En dónde estaba la casa? 

—Donde se conoce como La Virgen Negra. Y nos tocaba salir corriendo a la hora que fuera, y a todos nos daba temor de que todo eso se nos viniera encima. 

—¿Cómo así? ¿avisaron a los encargados de la obra? 

—Nosotros empezamos a notificarle a los de Invías lo que estaba pasando, y llegaron con los de la CRQ, y revisaron los daños que nos habían hecho. 

—¿Y qué respondieron? 

—Uno de ellos dijo que “eso no era mayor cosa”. Entonces uno de mis familiares le respondió: “¿cómo así que eso no?, ojalá estuvieran acá para que se dé cuenta cómo es todo cuando caen los aguaceros, y que nos toca salir corriendo con los niños en brazos” 

—Hay un colegio cerca de ahí, se decía que también debía ser reubicado…

—Si, decían que la escuela la tenían que reubicar. Al escuchar eso, se nos arrugaba el corazón, porque la escuela fue todo para nosotros. Los profesores nos vieron crecer, teníamos dónde jugar. Pero iban a construir otra carretera. 

Así lo vivió Viviana Sánchez junto a su familia, quien no solo abandonó su casa y su principal fuente de sustento —lavaban carros, y tenían una pequeña tienda—, también fue testigo de la reubicación de una de las sedes del colegio San Rafaél de Calarcá, donde ella y cinco de sus once hermanos, tomaron sus clases.

Más tarde, ella y su familia fueron reubicados en el barrio Llanitos, en la periferia de Calarcá, Quindío. En la casa aún viven sus padres, y ocho de sus hermanos. Relata Viviana que su familia fue una de las pocas que recibió apoyo estatal para comprar una casa, y una de las muchas que perdió su fuente principal de sustento. “No tuvieron en cuenta a las personas que su único hogar eran sus casas allí en La Virgen Negra”, agrega. 

La Unión Temporal Segundo Centenario y el Instituto Nacional de Vías, Invias, después de la reubicación, les ofrecieron a algunos de sus hermanos y a su padre trabajar en la obra, cosa que hicieron durante casi cinco años. Sus contratos finalizaron en 2020 con  la entrega de la primera fase del proyecto. 

—¿Cómo era la vida de su familia allá? 

—Mi mamá tenía su negocio, una tienda, y mi papá lavaba carros junto a mis hermanos y primos. Dejar el terreno, y ver cómo destruyeron las casas de todos nosotros nos afectó demasiado.  

—¿Y esto cómo afectó al resto de la gente? 

—La vida de quienes habitaron por tantos años La Línea transcurría entre el convite con familiares, hermanos, primos y tíos. Vivían de la mecánica y de lavar mulas, volquetas y automóviles, y de pequeños puestos de comidas y tiendas de víveres.

 —¿A dónde se fueron a vivir quienes se quedaron sin hogar? 

—A nosotros nos reubicaron, pero no tuvieron en cuenta a las personas que su único hogar, eran esas casas allí en la Virgen Negra.

—¿Han regresado a la Virgen Negra? 

—Regresar a La Virgen Negra y recordar toda la niñez de nosotros, eso nos da mucha nostalgia. Además desde la carretera, ya solo se ve la puerta oxidada de la escuela.  

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Los transeúntes de la vía La Línea poco sospechan de la existencia de un portón metálico ajado, y desteñido con el tiempo, —se pierde fácilmente entre la hierba—, sobre la acera que está frente a la Virgen Negra, en el kilómetro siete. También ignoran que siete años atrás, dio la bienvenida a cientos de niños y niñas. Fue la entrada a una de las sedes del Colegio San Rafael de Calarcá. En sus aulas se solía dictar la básica primaria y una parte de su secundaria —hasta noveno grado—. También fue un lugar de reunión para los habitantes de sus alrededores, y las familias que construyeron una vida sobre la carretera, —aunque solo queda el recuerdo—. 

El colegio estaba ubicado sobre una montaña boscosa, con vista al río Quindío, y un par de quebradas. Sus vestigios y ruinas permanecen inmóviles. Para hallarlas, habrá que cruzar una de las pocas casas que quedan en pie sobre la vía, custodiada también por un portón metálico, —en la casa vive la familia que cuidó del colegio, cuando se anunció la reubicación—.Las ruinas aguardan detrás de la propiedad, después de descolgar por una pendiente y un improvisado camino. Entre la espesa y hostil hierba descubriremos lo que parece ser una cocina, y un par de salones. 

Algunos ladrillos están al descubierto, y de ellos sobresalen algunas vigas, hay muros pintados de color blanco y delineados con verde menta, que sostienen los marcos de algunas puertas y ventanas. Murales sin terminar, una base de madera de la que alguna vez pendieron un par de columpios, y una gran mata de moras silvestres. Todo está cubierto por la  hojarasca, por eso no es sencillo verlas desde la carretera. 

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En 2010 inició formalmente uno de los proyectos viales más importantes de Colombia: el Túnel de La Línea, con la excavación de su túnel principal, y la proyección del trazado de una doble calzada, que buscó la comunicación entre Calarcá, Quindío, y Cajamarca, Tolima, que permitiría la conexión de esta zona con el proyecto en sí mismo, y el puerto de Buenaventura. La construcción de esta carretera significó la inminente reubicación de la sede San Rafael, del Colegio San Rafael de Calarcá en 2014, ya que la vía pasaría a casi ocho metros de su infraestructura. 

Henry Antonio Meza, rector del Colegio San Rafael en aquel momento, fue notificado a través de la secretaría de Educación departamental, que la constructora Unión Temporal Segundo Centenario, requería la reubicación de esta sede. “Allí conocimos que la vía pasaría a pocos metros de la infraestructura del colegio, proyectándose una sería afectación a los estudiantes y maestros por el ruido vehicular y por el riesgo de accidentes. Aunque el director de la obra aseguró que no había riesgos” relata Mesa. 

“La información nos llegó a través de una carta. Esa fue la primera comunicación, fue casi epistolar. No había con quien hablar, las decisiones se tomaban desde escritorios más arriba, y tal vez nosotros estábamos sometidos a ello” cuenta Gabriel Buitrago, uno de los profesores que desde hace quince años dicta clases en el colegio, y que participó del proceso de reubicación. El 5 de marzo de 2011 la constructora Consorcio Unión Temporal Segundo Centenario e Instituto Nacional de Vías, Invias, citó a la comunidad académica para hablarles del proyecto. 

Días después, les notificaron que la reubicación ya no sería completa, porque no consideraban desde la constructora, que corrieran peligro el que estuvieran tan cerca a la obra. “Nos enteramos a través de comunicados oficiales que fueron enviados por los representantes de la obra de aquel momento, Consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, al ministerio de Educación, que ésta ya sería de manera parcial” recuerda el profesor Buitrago. 

Así que decidieron realizar una segunda reunión y citar a la constructora. Le pusieron de manifiesto su desacuerdo con la decisión que estaban tomando. Entonces, cuenta Buitrago, “allí mismo les informamos que ya habíamos redactado un documento, y que recogeríamos las firmas en la misma reunión, y así fue, en el marco de la reunión la hicimos, y luego enviamos (…)  un comunicado a los medios de comunicación como La Crónica del Quindío, El Tiempo, RCN, y Caracol, y a entidades de vigilancia”. 

Una parte del comunicado expresaba lo siguiente: 

(…) sorpresivamente el pasado 18 de marzo, un día después de la visita de la comisión del Gobierno Nacional que tenía como objetivo inspeccionar las obras, nuestra Institución fue informada de que existe una nueva variación en el trazado de la vía, el cual sólo solicita una modificación parcial de la infraestructura de la sede educativa. Al consultar los planos en los que se recrea la situación topográfica en la que quedaría la planta física del plantel, se observa que son dos aulas de clases, dos baños, un tanque de abastecimiento de agua y la cancha de deportes; los elementos que deberán ser demolidos. La solución presentada por los emisarios de la entidad contratista del Estado, es construir estos mismos elementos metros más abajo de la construcción que no sería afectada en una zona de pendiente supremamente pronunciada a nuestro parecer. (…). Calarcá, Quindío. Marzo 18  de 2011.

“A partir de allí, se conformó una veeduría (…). que, finalmente logró (…)  la reubicación del colegio (…). El Consorcio siempre estuvo reacio a aceptar la reubicación (…), porque eso elevaba costos. La veeduría fortaleció el trabajo de organización de la comunidad, y en todas las reuniones no se dio el brazo a torcer.(…) No fue una tarea fácil” explicó Meza, quien fue rector de la institución hasta 2012. 

Más tarde, en 2013, asumiría Luz Mary Cubillos la rectoría, y fue ella quien veló porque la reubicación fuera completa, y no de manera parcial como pretendían quienes estaban frente al proyecto vial. 

Aún queda en la memoria de algunos de sus estudiantes y maestros, que su antiguo colegio fue un lugar perfecto para enseñar y aprender geografía. Era fácil ubicar la serranía del Quindío, y la del Tolima. Ambas forman lo que parece un corte, y originan “la cuchilla de los Pijaos”. Además, la ubicación de algunas de sus zonas pobladas, —Calarcá y Armenia—, permiten la configuración de “la hoya del Quindío”. Desde allí es sencillo reconocer algunas quebradas y ríos, como La Gata y Santo Domingo, que recorren este territorio, y desembocan en el río Quindío. 

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Después de dar a conocer la situación a través de medios de comunicación y que algunos órganos de vigilancia como la Defensoría del Pueblo tomaran cartas en el asunto, la constructora decide reunirse nuevamente con la comunidad educativa. Tanto Henry Meza, como Luz Mary Cubillos,  —cada uno durante su periodo desde la rectoría —, y Gabriel Buitrago, como docente, coinciden en que su intención “nunca fue oponernos a lo que llaman el desarrollo del país. Simplemente que una empresa tan grande, de tal magnitud, tuviera unos mínimos de responsabilidad social”.  

Luego vinieron en 2013 las discusiones por los planos. A ellas asistieron todos los implicados: la constructora Consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, Institución Educativa San Rafael, Instituto Nacional de Vías, Invias, Corporación Autónoma Regional, CRQ, la Alcaldía de Calarcá, Quindío, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y la Defensoría del Pueblo como ente veedor. 

La rectora Cubillos recuerda que una de las primeras discusiones que se llevaron a cabo giró en torno a la construcción en sí misma, porque “en algunas de las propuestas de planos que presentaba proponía construir un colegio de dos pisos, en un entorno que es completamente rural, y en pendiente”. Finalmente, la constructora y la alcaldía de Calarcá, encontraron el terreno propicio para su construcción, sin olvidar que debía contar con las mismas dimensiones que la anterior. 

“La Defensoría del Pueblo desempeñó un papel fundamental al estar en todas las reuniones y mesas de trabajo, siendo un ente veedor (…) hubo muchas reuniones donde se convocó  (…) la oficina de planeación de Calarcá, Invías, el consorcio a cargo de la construcción del túnel y la institución educativa”, añade Cubillos. 

“Era trabajar sobre lo que había, se tenía que elegir algún terreno que ya fuera propiedad de la alcaldía de Calarcá, no se podía hacer expropiación o compra de terrenos adicionales” recuerda Marleny Montoya, una de las madres que acompañó el proceso de reubicación. En aquella época dos de sus hijos estudiaban en el colegio, y actualmente otros dos de ellos también lo hacen. 

—La construcción del colegio duró como año y medio, después de que a todos nos parecía que sí, que esos eran los planos, pues se acomodaban a la necesidad. 

—¿Quiénes debían estar de acuerdo, además de ustedes como comunidad educativa?

—La alcaldía de Calarcá y el Consorcio

—Después de eso ¿a qué se comprometieron? 

—Debían dejarla totalmente instalada, para que los estudiantes pudieran empezar clases rápido. No se podía demoler la antigua sede sin tener totalmente construida la nueva, (…) ya estaba que se nos venía encima la carretera, entonces hubo celeridad. 

Marleny también recuerda, que la nueva sede del colegio fue entregada el 27 de agosto de 2014, y un mes más tarde sus estudiantes ya estaban de regreso a las aulas. El 13 de noviembre de 2013 los planos ya se encontraban en la oficina de Planeación, y el 4 de febrero de 2014 fueron aprobados. Así quedó consignado en varias de las actas suministradas por la Defensoría del Pueblo, solicitadas a través de derechos de petición. Se intentó entrevistar a funcionarios que desde gestión social acompañaron a Invías en el proceso, pero no hubo respuesta. 

“Logramos entre todos que este asunto saliera de las discusiones de escritorio y se llevara hasta el ministerio de Transporte y ministerio de Educación (…) En algún momento me citaron a la Defensoría, para decirme que no molestáramos más por puntillas y vidrios, y que firmara el acta de entrega, por supuesto no la firmé, hasta que todo estuvo en un ciento por ciento terminado” cuenta Luz Mary Cubillos, desde la rectoría. Para ella, este fue un triunfo de padres de familia, estudiantes y profesorado. 

Ahora es posible hallar la nueva sede a unos 200 metros de la antigua, sobre la misma acera, y a 75 metros de la vía. Aún brinda educación primaria y secundaria a los hijos e hijas de quienes pese a las fuertes pisadas de la obra, aún viven cerca de allí. 

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Gabriel y Marleny fueron quienes acompañaron y siguieron de cerca todo el proceso de diálogo, discusión y reubicación, que duró tres años y medio. Realizaron un proceso pedagógico con estudiantes, padres y madres de familia. Algunas de las clases se convirtieron en escenarios de veeduría. Cuenta el profesor Gabriel que realizaron videos y cortos animados, intentando explicar el proceso por el que habían atravesado, los impactos que generó la obra, como el desplazamiento de algunos habitantes de la zona, y la contaminación ambiental. “Ya no eran agentes ajenos, sordos y ciegos, por el contrario, había una pedagogía al respecto” concluyó.  

Actualmente los niños, niñas, y jóvenes, que aún viven en las veredas San Rafael, El Túnel, Cebollal y Buenos Aires, de Calarcá, y El Castillo, de Salento, continúan tomando sus clases allí. Peligran cada vez que transitan la vía nacional para llegar al colegio. Sobre esta carretera existe un alto tránsito vehicular, entre carros pequeños y pesados, que alcanzan una velocidad promedio de 50 a 60 kilómetros. 

Cada año la comunidad académica debe exigir a la alcaldía de Calarcá la contratación del transporte escolar, que suele ser tardía e intermitente, dejando expuestos a los y las estudiantes, a los riesgos de la misma.  

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