TAQ suspende proceso de la ANT que buscaba reubicar comunidad indígena en Pijao

El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó suspender el procedimiento administrativo que adelantaba la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para reubicar en zona rural de Pijao a una comunidad indígena proveniente del sur del Valle del Cauca, región del Pacífico.

La medida, dictada en primera instancia, respondió a una acción popular interpuesta por el municipio de Pijao en coordinación con la gobernación del Quindío.

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La controversia se originó por la reubicación de la comunidad proveniente del vecino departamento en dos predios ubicados en la vereda La Maicena.

“La acción se fundamenta en la protección de los derechos colectivos, el buen manejo de los recursos naturales, la salubridad pública y la prevención de desastres, entre otros, que venían siendo vulnerados por la ANT, la cual negoció terrenos con determinantes ambientales y riesgo de deslizamiento, pese a las alertas que durante el procedimiento administrativo formularon ambas entidades”, informó el TAQ.

Isabel Cristina Lezama Velázquez, secretaria de Representación Judicial del departamento, explicó que dichos terrenos “no podían ser objeto de negociación por las restricciones ambientales que pesan sobre ellos, la falta de acceso a servicios públicos y un eventual riesgo de desastres”.

En consecuencia, el fallo ordena a la ANT ejecutar un programa de reorientación y concluir el proceso de identificación y asignación de un territorio adecuado para la comunidad en el Valle del Cauca, de donde es oriunda, sin que su reubicación implique el distanciamiento de sus territorios ancestrales.
Asimismo, el Tribunal hizo un llamado para que este tipo de procesos de asignación de territorios a comunidades indígenas en el Quindío sean “primeramente para las comunidades asentadas en este mismo departamento”, siempre que se respeten las variables que los hagan aptos, seguros y dignos.

Reacción desde Pijao

Al conocer el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío, el alcalde de Pijao, John Jairo Restrepo Gallego, expresó su punto de vista.

“El Tribunal nos dio la razón en primera instancia. Desde antes de nuestra llegada a la administración municipal, Pijao venía siendo objeto de designación por parte de la Agencia Nacional de Tierras para la llegada de comunidades indígenas a nuestro territorio sin la observancia de los requisitos legales y sin considerar las condiciones de vida de estas comunidades”, resaltó el mandatario.

Y agregó: “Por ello, con nuestro equipo jurídico del municipio de Pijao, tomamos la decisión en la vigencia 2025 de iniciar una acción judicial contra la Agencia Nacional de Tierras para preservar nuestro territorio y, además, proteger los derechos de estas comunidades indígenas”.

Restrepo Gallego también afirmó que, ante la circunstancia, se desplazó personalmente, acompañado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (Udegerd), a los dos predios ubicados en la vereda La Maicena, donde constataron que estos no cuentan con servicios públicos ni con las condiciones óptimas para la reubicación de la comunidad.

Finalmente, el alcalde indicó que celebra y comparte la decisión del Tribunal con la población de Pijao: “Nos dieron la razón gracias a las pruebas aportadas. Logramos demostrar que esa forma de adjudicar los predios en el municipio de Pijao transgrede los derechos. Pijao seguirá en la defensa de su territorio y sus pobladores, como lo manda la Constitución Política de Colombia”.