Venta irregular de lotes en Filandia desata alerta por construcciones ilegales y riesgo ambiental

En el municipio de Filandia, personas están adquiriendo lotes pequeños —de 300, 500 o hasta 1.100 metros cuadrados— con la falsa expectativa de poder construir viviendas, cuando en realidad esas zonas no cuentan con licencias, servicios públicos ni condiciones legales para urbanizar.

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El alcalde de Filandia, Duberney Pareja Giraldo, denunció públicamente esta problemática que, según él, ya está generando consecuencias graves en el municipio. “No se puede seguir vendiendo territorio sin control, sin servicios básicos y sin planificación. Se generan problemas de salubridad y afectando el orden legal del suelo rural”, declaró el mandatario.

¿Qué está ocurriendo?

La situación escaló por el uso de la figura legal del “común y proindiviso”, una modalidad mediante la cual se venden porcentajes de una finca rural a diferentes personas. Aunque legal en sí misma, está siendo utilizada de forma engañosa, pues se les promete a los compradores que podrán construir casas individuales en cada fracción. Sin embargo, la ley colombiana y el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio no lo permiten.

“El problema no es solo legal. Es ambiental, sanitario y social. Se están formando asentamientos en zonas que no tienen agua potable, ni tratamiento de aguas residuales, ni vías adecuadas. Y todo esto, sin que existan licencias ni un respaldo técnico ni institucional”, explicó Pareja.

La ley es clara: en zonas rurales solo se permite una vivienda por cada Unidad Agrícola Familiar, que equivale a 50.000 metros cuadrados. Esto quiere decir que una finca de 200.000 m² podría dividirse, como máximo, en cuatro unidades habitacionales. Lo contrario —parcelar en pequeñas fracciones para hacer viviendas— no solo es ilegal, sino insostenible.

Consecuencias y casos detectados

En varias veredas de Filandia se han identificado casos en los que ya se iniciaron intervenciones en el terreno: apertura de huecos para pozos sépticos, cimientos, y preparación de construcciones, todo sin ningún permiso ni estudio técnico. Al ser requeridos por la administración, los compradores explican que “quien les vendió les aseguró que era tierra de la Nación” o que “como son víctimas o desplazados, el Gobierno les permitirá construir”.

Pero eso no es así. “El ordenamiento del suelo lo maneja el municipio, no la Agencia Nacional de Tierras ni ningún otro ente nacional. Aquí hay normas, hay procedimientos y hay límites claros”, recalcó el alcalde.

Además, la administración ha detectado que algunas canchas rurales —bienes públicos— han sido apropiadas indebidamente por particulares, por lo que se está emprendiendo una estrategia para recuperarlas legalmente y destinar esos terrenos a proyectos que protejan los recursos hídricos del municipio.

Medidas de control

La alcaldía ha iniciado acciones administrativas y legales para frenar esta situación. Entre ellas:

•     Suspensión inmediata de obras ilegales.
•     Apertura de procesos sancionatorios por parte de la inspección de policía.
• Remisión de casos a la Fiscalía, que ya inició investigaciones, incluso sin necesidad de denuncia formal, ya que algunos delitos asociados pueden ser procesados de oficio.

“Estamos cumpliendo con nuestro deber legal. La oficina de Planeación Municipal está vigilando y sancionando. Pero también estamos haciendo pedagogía para evitar que más personas caigan en estas trampas”, dijo el alcalde.

Recomendaciones para la ciudadanía

El llamado a la población es claro: antes de comprar un predio rural, acérquese a la oficina de Planeación Municipal y solicite el certificado de uso del suelo. Ese documento indica si el terreno es zona rural rural, suburbana, centro poblado o polígono campestre. Cada una tiene reglas distintas, y no todas permiten construir viviendas.

“No es solo un tema técnico. También está en juego la identidad cultural de Filandia. Aquí hay casas coloniales, hay patrimonio arquitectónico, y no vamos a permitir que se derriben para hacer casas modernas con vidrio y metal, que rompen la estética del territorio”, sostuvo el alcalde.

Alternativas y soluciones

A quienes ya cayeron en estas compras, la alcaldía les ofrece una alternativa: inscribirse en los programas de vivienda de interés prioritario que se están gestionando con apoyo del gobernador del Quindío. Con recursos de un empréstito aprobado recientemente, se proyecta la construcción de 64 apartamentos legales y dignos, donde las familias podrán vivir sin exponerse a ilegalidades ni problemas sanitarios.

“No estamos en contra de nadie. Estamos evitando que las personas pierdan su dinero o terminen metidas en líos legales. Queremos proteger a Filandia, a su gente y a su territorio”, concluyó Duberney Pareja.