El titular de la cartera de Setta mencionó que los problemas de movilidad están relacionados con la falta de cultura ciudadana.
En noviembre de 2021, la Universidad del Quindío entregó un diagnóstico de las condiciones de movilidad de Armenia, revisando las condiciones geométricas y físicas de las vías. Este informe proporcionó una base técnica para que la alcaldía tomara decisiones de intervención y rehabilitación vial, incluyendo la estructuración técnica, legal y financiera de zonas azules, amarillas, blancas con el objetivo de regular el espacio público.
En diciembre de 2022, Setta presentó un proyecto ante el concejo de Armenia para definir el funcionamiento y cobros de las zonas azules, pero no pasó a plenaria debido a críticas sobre la ejecución y por los estudios técnicos.
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Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, explicó que el proyecto buscaba renovar las facultades del alcalde basado en la estructuración realizada por la Universidad del Quindío. Sin embargo, la incertidumbre económica impidió ajustar los modelos, con la intención de presentar nuevamente el proyecto en 2023.
Castaño Calderón mencionó que las zonas amarillas -exclusivas para que los taxistas puedan recoger pasajeros- y las zonas blancas -para cargue y descargue de mercancía- fueron reglamentadas y demarcadas en 2023, pero la falta de personal ha limitado el control riguroso. Pese a ello, se ha trabajado con comerciantes en puntos críticos para asegurar el buen uso de estas zonas.
El secretario subrayó que el correcto funcionamiento de estas áreas depende en gran medida de la cultura ciudadana y la colaboración de los dueños de establecimientos comerciales. En cuanto a las zonas azules, se espera retomar el proyecto y hacerlo realidad pronto en Armenia.
En 2015, cincuenta calles de Armenia fueron demarcadas para permitir el estacionamiento de vehículos en zonas públicas, a cambio los conductores debían pagar una tarifa más alta que la de un parqueadero regular, esto con el fin de desincentivar el parqueo en las calles. Los cobros, coordinados por 50 operadores con discapacidad y 5 inspectores, enfrentaron problemas que llevaron a la retirada del modelo.
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