Entre rejas y escaleras, la pérdida del espacio público en los barrios de Armenia

En distintos barrios de la ciudad, el andén ya no es una franja continua destinada al peatón; de hecho, en ciertos tramos se interrumpe abruptamente por una escalera externa que desciende desde una vivienda. En otros, un cerramiento metálico reduce el paso hasta convertirlo en un corredor estrecho y, más adelante, una ampliación avanza unos centímetros más sobre lo que en los planos oficiales figura como espacio público. Por ello, el peatón no tiene alternativa y desciende a la vía, bordea la estructura o cambia de acera.

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A simple vista, podría parecer que se trata de intervenciones menores: decisiones tomadas al interior de cada vivienda que modifican unos metros de concreto frente a la fachada. Sin embargo, cuando esas mismas estructuras se repiten barrio tras barrio, la percepción cambia. No son hechos aislados ni obras recientes; se trata de construcciones que llevan años integradas al entorno urbano, tan incorporadas al paisaje cotidiano que dejaron de llamar la atención. Lo que en su momento fue una alteración puntual terminó naturalizado y la irregularidad dejó de percibirse como tal.

En Portal de Pinares, escaleras externas descienden directamente sobre el andén, obligando al peatón a interrumpir su trayecto. En la Carrera 14, algunos establecimientos comerciales han instalado rejas que reducen el paso hasta convertirlo en un corredor estrecho. En La Patria, cerramientos avanzan sobre la franja peatonal; en el barrio El Nogal, se evidenció una construcción que ocupaba el espacio público. Incluso, entre las calles 14 y 15, la construcción de escaleras y antejardines, en un caso con un hidrante ubicado dentro del cerramiento, muestra cómo la intervención privada puede llegar a apropiarse de elementos que son, por definición, colectivos.

Desde este punto, lo que está en juego no es únicamente la reducción física de un andén; es la frontera entre lo público y lo privado desplazándose de manera progresiva. Es la línea de paramento, definida por la norma, reinterpretada en la práctica cotidiana: una ciudad donde el espacio común se encoge sin mucho ruido, mientras las intervenciones particulares se integran al entorno con la fuerza de la costumbre.

La pregunta es: ¿Cómo una práctica que la norma urbanística prohíbe terminó incorporándose al paisaje cotidiano de la ciudad y qué revela esa normalización sobre el modelo urbano que hoy se está consolidando en Armenia?

El POT y el espacio público

El debate sobre la ocupación de andenes en barrios de Armenia se ancla en la regulación urbanística vigente,es decir, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que fija la línea de paramento y regula las construcciones en predios urbanos. Dentro de esa franja, el andén forma parte integral del espacio público, destinado prioritariamente a la movilidad peatonal.

“El paramento está definido en la norma. La construcción no puede sobrepasar esa línea”, explica Diego Fernando Ramírez, director del Departamento Administrativo de Planeación, quien añade que cualquier modificación debe ajustarse a parámetros técnicos y obtener licencia si la normativa lo exige.

Por ello, ampliaciones, escaleras externas, cerramientos u otras estructuras fijas que invadan el andén sin cumplir requisitos constituyen ocupación indebida. Este marco no se limita al POT: la Ley 388 de 1997 declara el espacio público inalienable, imprescriptible e inembargable, obligando a las autoridades municipales a protegerlo y recuperarlo. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana prevé medidas correctivas como sanciones.

Ante una ocupación detectada, se activa un procedimiento administrativo, es decir, visitas técnicas, apertura de proceso, requerimientos formales al propietario y, si procede, sanciones económicas u órdenes de restitución. El incumplimiento del paramento genera implicaciones jurídicas claras, con multas que pueden alcanzar un salario mínimo legal vigente por metro cuadrado del andén invadido.

La discusión, no radica en la ausencia de normas y herramientas existentes, sino en su aplicación efectiva, especialmente cuando intervenciones han perdurado durante años integradas al paisaje urbano.

Cuando la excepción se volvió costumbre

La afirmación no proviene de un ciudadano inconforme ni de un académico crítico, surge desde la propia institucionalidad. Diego Ramírez reconoció que la ocupación del espacio público en sectores residenciales no es un fenómeno reciente y que, en varios barrios, se convirtió en una práctica “tradicional”, una conducta que implica permanencia en el tiempo, repetición y, sobre todo, normalización
“El sur parece una cárcel con todas las casas enrejadas”, mencionó para La Crónica del Quindío tras las visitas realizadas todos los días en las diferentes comunas que componen la ciudad.

Ramírez explicó que muchas de estas estructuras llevan años consolidadas y que no se trata únicamente de obras nuevas. “No es algo que haya empezado este año. Son situaciones que vienen de tiempo atrás”, indicó.

El reconocimiento institucional abre una discusión inevitable: si la norma delimita con claridad la línea de paramento y prohíbe la ocupación del andén sin autorización, ¿cómo se consolidó una práctica que la contradice?

Los recorridos realizados en distintos sectores de la ciudad permiten confirmar lo que las declaraciones sugieren. En diversos tramos el peatón no tiene margen de maniobra. En otros, el espacio se estrecha hasta el punto de comprometer la movilidad de una persona con discapacidad o de un adulto mayor.

No obstante, la normalización viene desde la cotidianidad. Muchos residentes no detectan que estas estructuras representan una anomalía; se asume que forman parte del paisaje. Han estado allí durante años y permanencia es, precisamente, lo que convierte el fenómeno en estructural.

El debate deja entonces de ser exclusivamente normativo y pasa a ser cultural e institucional, cuando una práctica contraria a la regulación se integra al entorno urbano sin generar reacción sostenida, la percepción de irregularidad se diluye.

Entre el procedimiento y el control real

Desde el área de control urbano, encargada de la intervención en los procesos relacionados con ocupaciones indebidas del espacio público, se detalla que la administración sí cuenta con mecanismos formales de actuación. Las denuncias ciudadanas activan visitas técnicas; si se verifica la intervención irregular, se abre un expediente administrativo y se notifica al propietario.

“El procedimiento implica una verificación en campo, la apertura de un proceso y el traslado para que el responsable ejerza su derecho a la defensa”, explica Ramirez. Dependiendo del caso, pueden imponerse multas y órdenes de restitución del espacio público, es decir, la obligación de retirar la estructura que invade el andén.

Sin embargo, la aplicación no es automática ni inmediata. El director reconoce que los procesos pueden extenderse y que el volumen de casos supera, en ocasiones, la capacidad operativa del equipo.

“Tenemos que programar visitas según las denuncias que ingresan y el personal disponible. Pero la oficina de planeación hoy tiene un total de 20 arquitectos e ingenieros para atender todo el tema de control urbano, pero si usted mira 20 personas para toda una ciudad, pues realmente es corta”, señala.

El procedimiento incluye etapas que garantizan el debido proceso: notificación, descargos, evaluación técnica y decisión administrativa. Aunque ese mismo rigor puede traducirse en tiempos prolongados y, en algunos casos, las estructuras permanecen mientras el trámite avanza.
Allí se generan interrogantes sobre la brecha entre el número de intervenciones detectadas y la capacidad institucional para atenderlas de manera simultánea y sostenida.

La percepción de permisividad

Para el veedor ciudadano Jhon Jairo Cardona, el problema no se reduce a la dimensión técnica del procedimiento. Desde su labor de seguimiento y denuncia, ha documentado casos en los que, según afirma, las intervenciones permanecen durante años sin una solución definitiva.

“El espacio público es de todos. No puede quedar a criterio individual”, sostiene. Desde su juicio, el impacto no es abstracto y tiene principal afectación en la movilidad cotidiana. “Cuando el andén desaparece o se reduce, la persona tiene que bajar a la vía. Eso es un riesgo real, especialmente para adultos mayores o personas con movilidad reducida”, señala.

Cardona cuestiona el mensaje que se envía cuando una estructura permanece en el lugar sin corrección visible. “Si algo se mantiene durante años, la gente asume que está permitido”, afirma. En su opinión, la prolongación de ciertos casos alimenta la percepción de que la ocupación del espacio público puede resolverse con el paso del tiempo o con la falta de seguimiento.

Por ello, insiste en que su interés no es punitivo, sino preventivo. Considera que el municipio debe reforzar la presencia institucional en los barrios y avanzar en acciones pedagógicas que recuerden que el andén no es una extensión del predio privado.

Más allá del control institucional, el fenómeno también revela una brecha en la cultura ciudadana. La apropiación del andén suele justificarse bajo argumentos de seguridad, estética o necesidad funcional, pero rara vez se reconoce como una afectación al derecho colectivo. Cuando el espacio público se percibe como una extensión disponible del predio privado, la infracción deja de verse como tal y se convierte en práctica cotidiana.

Desde una perspectiva pedagógica, la solución no puede limitarse a la sanción, se requiere campañas sostenidas de educación urbana que expliquen qué es el paramento, por qué el andén es inalienable y cómo su ocupación afecta a terceros. Incluir estos contenidos en procesos comunitarios, juntas de acción comunal e incluso en programas escolares podría contribuir a redefinir la percepción de lo público desde edades tempranas. La ciudad no solo se regula; también se aprende, señala Gregorio Vallejo.

La dimensión urbana: más que una escalera

Desde la academia, Gregorio Vallejo, decano de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, plantea que el debate sobre los andenes va mucho más allá de la simple presencia de escaleras o cerramientos. Para él, estos elementos no son accesorios ni detalles menores, ya que forman parte del entramado urbano que articula movilidad, seguridad y convivencia ciudadana.

“El andén no es solo un espacio físico; es un componente esencial del sistema urbano. Su función trasciende la circulación peatonal y se relaciona con la manera en que los habitantes experimentan y comparten la ciudad”, explica. Además, advierte sobre la ocupación progresiva de los andenes, aunque parezca mínima en cada intervención individual, tiene un efecto acumulativo que modifica la percepción y el uso del espacio público.

“Cuando se reduce el espacio del peatón, se altera la estructura urbana completa. Lo que podría considerarse un detalle menor, en realidad impacta en la conectividad de los barrios, en la accesibilidad para personas con movilidad reducida y en la seguridad de quienes transitan diariamente por estos corredores”, afirma.

Esta progresión, se observa en casos en gran parte de la ciudad, donde no sólo obstruye el paso peatonal forzando descensos a la vía vehicular, sino que prioriza la propiedad privada sobre lo colectivo, alterando la jerarquía simbólica del espacio público en barrios de Armenia.​

Por otra parte, “esta práctica está conectada junto con el fenómeno de normalización y es preocupante, no solo como arquitecto sino como ciudadano”, menciona. “Si algo que es irregular se repite constantemente y no hay mecanismos efectivos que lo corrijan, termina incorporándose a la ciudad como parte del paisaje cotidiano. Esto redefine la manera en que se entiende lo público”, señala el decano, conectando con la declaración de Diego Fernando Ramírez: “se volvió común, muy tradicional, pero no es legal”. El resultado de este fenómeno es la fragmentación física, andenes sin continuidad, un 70% en mal estado; por otro lado, se consolida un modelo de apropiación individual sobre lo colectivo, lo que puede afectar la cohesión social y el sentido de comunidad.

“Estamos ante un fenómeno donde la repetición y la tolerancia institucional pueden redefinir la ciudad de manera silenciosa, barrio por barrio”, concluye Vallejo.

La discusión sobre andenes y cerramientos es una oportunidad para evaluar cómo se construye la ciudad y qué mensajes se envían a los ciudadanos sobre la prioridad del espacio público. Cada escalera, cada reja, cada ampliación que invade el andén no solo modifica el tránsito físico, también condiciona la forma en que los habitantes perciben y habitan la ciudad.

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