Cada año, desde 2015, se han evidenciado inconsistencias en los datos entregados por la administración municipal.
En su función de atender y hacer seguimiento a las denuncias instauradas por la ciudadanía, la Contraloría de Armenia dio a conocer los avances de otra de las investigaciones que presuntamente afectaron el patrimonio público de los ciudadanos durante las vigencias pasadas.
Esta tiene que ver con los contratos de suministro de combustible que se celebraron entre 2015 y 2018, según Isabel Cristina Carvajal Ramos, durante este lapso anualmente el municipio se gastó, en promedio, entre $600 y $700 millones, sin siquiera tener el parque automotor claramente identificado y autorizando con órdenes de tanqueo a vehículos que habían sido dados de baja, es decir, que no se encontraban al servicio de la administración.
“Es un tema supremamente delicado porque se gastó una plata importante, sin fundamento legal. Por esa razón, en el proceso se realizaron hallazgos fiscales, disciplinarios y penales”, explicó la representante del ente de control.
Hallazgos
En el informe rendido ante el concejo, el equipo auditor dio a conocer cuáles fueron las principales falencias descubiertas en los procesos de contratación.
Para empezar, en el contrato 04 de 2015, suscrito por el departamento administrativo Jurídico y cuya supervisión estaba a cargo de Bienes y Suministros, se encontró que los valores reportados en contabilidad y los reportados por la tesorería no coincidieron con el valor total del contrato que, con sus 4 modificatorios, ascendió a $559 millones.
“Así mismo, luego de revisar los soportes documentales suministrados por la alcaldía, se evidenció que las actas de recibido y las cuentas de cobro no coincidían con las órdenes de suministro. Algunas cuentas de cobro fueron soportadas con cuadros en Excel sin identificación de placas y solo con los valores, ninguna otra información”, explicó la auditora.
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Algunas órdenes ni siquiera tenían el visto bueno del supervisor del contrato, además, se autorizó combustible para vehículos que habían sido dados de baja y, por si fuera poco, algunos de los soportes estaban repintados con lapicero.
“Para la Contraloría no fue posible hacer un cruce de información entre lo cobrado, lo recibido y lo pagado, toda vez que no estaban todos los soportes documentales”.
Cabe señalar que por este caso la alcaldía ya ejerció su derecho de contradicción, aunque las respuestas, según los representantes de la Contraloría, resultaron ambiguas, porque tampoco fueron lo suficientemente soportadas.
“Por esta situación, el comité de hallazgos determinó avalar las situaciones, se estableció un hallazgo fiscal por el valor total del contrato debido a la deficiente gestión en todas las etapas contractuales, es decir, el primero de los hallazgos fue de $559 millones”.
Desafortunadamente para la vigencia 2016, la situación no cambió, así lo estableció el ente investigador luego de analizar el contrato 006 de 2016, el cual tuvo 5 modificatorios que llevaron a que el monto inicial de $505 millones se elevara hasta $762 millones.
En este caso, el municipio superó el tope de adiciones permitido, el cual máximo puede llegar a ser del 50 % del valor total. Así mismo, se encontró que 2 contratos modificatorios no fueron avalados por el concejo, pese a que se trataron como vigencias futuras.
También se descubrió que en este contrato se autorizó suministro de combustible a vehículos inactivos o que no correspondían ni a la alcaldía de Armenia, ni a los organismos de seguridad del municipio —que también entraban en el contrato—.
“En este caso, la alcaldía ejerció su derecho de contradicción, pero no logró desvirtuar la incidencia de responsabilidad, lo cual derivó en un hallazgo fiscal por $465 millones”.
En el caso de la vigencia 2017 se encontraron 2 contratos, el primero de los cuales ni siquiera tenía acta de designación de supervisor. También se detectaron falencias por la carencia de soportes documentales. “Los que entregaron son muy pobres, las órdenes alteradas, con 2 y 3 firmas. No coincidió lo reportado con lo ordenado y lo recibido”, dijo la líder del equipo auditor
Y si bien cada dependencia tiene un listado de información de los vehículos, la Contraloría efectuó un cruce de información con cada una de las dependencias y los datos no coincidían con el parque automotor.
En este caso los hallazgos fueron por $254 millones, con falencias en la etapa precontractual, en la etapa de ejecución y debilidades en la supervisión.
Por último, en 2018 se analizó el contrato 03 que ascendió a $462 millones. Allí se repitió la misma historia con similares deficiencias en la etapa de planeación, falta proyección del consumo de cada vehículo y carros inactivos, no adscritos al municipio que también recibieron combustible.
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