“El costo de no actuar a tiempo puede ser mucho mayor que el que implica mantener a nuestros cuerpos de bomberos operativos y bien equipados”.
Es irónico, casi dolorosamente simbólico, que justo ayer en el marco del aniversario 26 del terremoto de 1999 en el Quindío –una tragedia que dejó más de mil muertos y cicatrices profundas en nuestra memoria colectiva– hayamos conocido la falta de contratos para los cuerpos de bomberos en el departamento.
Los bomberos están ahora a merced de procesos administrativos que parecen olvidar la esencia de su existencia: la inmediatez y la preparación ante lo inesperado. El hecho de que, a pocas semanas de iniciar el 2025, solo dos de los 17 cuerpos de bomberos del Quindío cuenten con contratos vigentes es una muestra inquietante de nuestras prioridades como sociedad y de la falta de visión en las administraciones municipales.
Esta situación pone en jaque la capacidad de respuesta ante emergencias, pero también deja en el aire una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que aún, después de haber vivido una de las mayores catástrofes de nuestra historia reciente, sigamos tratando los servicios de emergencia como una tarea secundaria en las agendas gubernamentales?
David Alejandro Echeverri, coordinador ejecutivo de bomberos del Quindío, no podría tener más razón al señalar que las emergencias no tienen horario. Sin embargo, el retraso crónico en la contratación de estos servicios parece indicar lo contrario: que el sistema administrativo tiene todo el tiempo del mundo, aun cuando se trata de vidas en juego. Este problema no se limita al Quindío, pero resulta particularmente hiriente en un departamento que sabe, mejor que muchos otros, las devastadoras consecuencias de estar mal preparado.
Es cierto que las gestiones nacionales y departamentales han permitido dotar a los bomberos de equipos esenciales, pero eso no sustituye la necesidad de contratos que garanticen la continuidad de su labor. No podemos permitirnos que estos hombres y mujeres, que representan la primera línea de defensa en casos de incendio, inundaciones o deslizamientos, enfrenten su labor con incertidumbre sobre su estabilidad laboral.
El aniversario del terremoto, además de recordarnos lo que perdimos, también debía ser llamado a lo que deberíamos haber aprendido. Los cuerpos de bomberos no son un lujo, ni un trámite más en la lista de pendientes de las alcaldías; son una piedra angular de la seguridad pública.
Alcaldes, asuman su responsabilidad con la seriedad que demanda la situación. Aplazar la renovación de los contratos bajo el argumento de “otras prioridades” es, sencillamente, inaceptable. El costo de no actuar a tiempo puede ser mucho mayor que el que implica mantener a nuestros cuerpos de bomberos operativos y bien equipados.
La paradoja no debería convertirse en una tragedia anunciada.
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