“El país necesita información clara sobre disponibilidad de medicamentos, tiempos de autorización, flujo de recursos de la UPC y capacidad resolutiva en territorios intermedios”.
No pocas veces La Crónica ha documentado el padecimiento de cientos de usuarios quindianos de las EPS, obligados a recorrer un auténtico vía crucis para obtener un medicamento esencial para su tratamiento. No solo en el actual gobierno; también en administraciones anteriores. Lastimosamente, el caso del pequeño Kevin Arley Acosta Pico, no constituye una excepción sino la confirmación de una crisis. Por eso resulta inquietante que desde el Gobierno nacional se intente reducir el debate a factores aislados, mientras la realidad evidencia que el sistema de salud no supera fallas estructurales que durante años motivaron la promesa de una reforma profunda. Las intervenciones a las EPS, lejos de corregir distorsiones de fondo, no disipan la percepción de continuidad en las injusticias. De la más alta autoridad del Estado se espera, como mínimo, empatía y responsabilidad institucional.
El diagnóstico de Kevin exigía tratamiento periódico para reducir el riesgo de sangrados graves. La interrupción del medicamento, tras un cambio de prestador y dificultades administrativas entre la IPS y la aseguradora, lo dejó sin protección durante semanas. En ese contexto ocurrió la caída que desencadenó el desenlace fatal.
La discusión pública no puede centrarse únicamente en la conducta individual ni en la práctica de montar bicicleta. La hemofilia, con manejo adecuado y seguimiento médico, permite una vida activa bajo orientación profesional. El punto crítico radica en la continuidad del tratamiento y en la oportunidad de la atención en una emergencia. El traslado entre municipios, la ausencia de red especializada disponible y las demoras en la referencia a un hospital de mayor complejidad son hechos verificables que requieren explicación técnica, no juicios apresurados.
El país necesita información clara sobre disponibilidad de medicamentos, tiempos de autorización, flujo de recursos de la UPC y capacidad resolutiva en territorios intermedios.
La reacción del Gobierno incide en la confianza pública. En situaciones de dolor colectivo, la prioridad debe ser la empatía, la investigación rigurosa y la adopción de correctivos concretos. Señalar factores de prevención no sustituye el deber estatal de garantizar continuidad terapéutica, supervisión efectiva y respuesta inmediata ante una urgencia vital. El sistema de salud opera bajo responsabilidades compartidas entre aseguradores, prestadores y autoridades. Cuando un eslabón falla, el riesgo recae sobre el paciente.
Kevin no representa solo un caso individual ni un símbolo coyuntural. Representa la fragilidad de miles de usuarios que dependen de decisiones administrativas para sostener su tratamiento. Se requiere menos confrontación y más resultados medibles en acceso, oportunidad y calidad. Solo así se reduce el riesgo de que tragedias similares continúen siendo el día a día del sistema de salud en todo el país.
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