Sin tregua

Algunos veían este anuncio como una respuesta a sus oraciones, otros como el pago justo que la vida está haciendo después de soportar tantas penurias.

La iniciativa, promovida por el Consejo de Ministros y sometida a audiencia pública, tiene un doble propósito: ofrecer seguridad jurídica a quienes carecen de autorización formal y, al mismo tiempo, abordar los retos estructurales del mercado laboral y del sistema de protección social. Es una movida política que, considero yo, tiene propósitos meramente económicos y no electorales, como muchos detractores de Sánchez sostienen; incluso inmigrantes.

Y es que, aunque no existen cifras oficiales directas —la economía irregular es difícil de medir—, hay estimaciones: en España viven aproximadamente 840.000 personas en situación irregular (según Funcas, 2025). Esto equivale al 17,2 % de los extranjeros no comunitarios. Y solo el sector de hostelería y turismo, donde muchos de los no regularizados trabajan, mueve cerca del 12 % del PIB español.

Por eso, las personas que logren ser regularizadas con esta sorprendente medida efectuarán —muchos ya lo hacen— trabajos que a los españoles poco les interesa hacer: labores en el campo con escasas garantías, construcción, cuidado de adultos mayores donde el cuidador no es cuidado, hostelería y limpieza; trabajos que suelen ser mal remunerados. Estos trabajadores son, de hecho, un motor esencial: explican el 80 % del crecimiento económico de España en los últimos seis años, donde los inmigrantes representan el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, pero solo el 1 % del gasto total.

Entiendo las protestas contra la medida por parte de un gran número de españoles. Mucho más cuando políticos como Abascal promueven teorías del reemplazo que angustian sentimientos nacionalistas. Aunque no deja de ser una preocupación ingenua, pues ese medio millón de inmigrantes que podrían ser regularizados ya ha estado viviendo en España por muchos años. Y no deja de ser más que un beneficio tanto para ellos como para la economía del país.

Pero hay un punto que me sorprende mucho más. Si bien la noticia fue bien recibida por gran parte de los inmigrantes, algunos otros protestaron porque sus connacionales pudieran obtener estatus regular de una forma tan sencilla. Es decir, como si el hecho de sufrir y padecer como foráneo te diera el derecho exclusivo de obtener permisos. También fueron minoría aquellos que se preocuparon por la saturación del mercado laboral, pero igual de cínicos, cuando muchos de ellos encontraron trabajos sin documentación en regla. No, no va a haber menos trabajo; más bien, habrá personas con un estatus administrativo que les garantice condiciones dignas.

Al final, esta regularización refleja la lógica económica que España necesita y, al mismo tiempo, las heridas de desconfianza y fragmentación que nosotros, los latinoamericanos, traemos en la maleta. Regularizar no es solo un trámite administrativo; es poner a prueba nuestra capacidad de vernos, al fin, como parte de un mismo proyecto.