“Rechazar una fuente de financiación que llega tarde y condiciona la estabilidad del servicio envía un mensaje sobre la prioridad real”.
La Diócesis de Armenia decidió retirar al Hogar La Esperanza del esquema de financiación proveniente de la estampilla pro-adulto mayor y continuar su labor sin convenios con la alcaldía de Armenia ni con la Gobernación del Quindío. ¿La razón? Los siempre tardíos pagos afectan la estabilidad financiera de una institución que trabaja con población en abandono y que no dispone de margen para improvisaciones.
El Hogar La Esperanza atiende a 22 adultos mayores sin recursos ni apoyo familiar. Funciona todos los días desde las 5:30 a. m., cuando inicia la rutina de alimentación, aseo y suministro de medicamentos. Varios residentes permanecen postrados en cama y requieren atención permanente. Las hermanas franciscanas del Espíritu Santo asumen esa tarea bajo la coordinación de la Diócesis. No se trata de un programa accesorio, sino de una obra social que exige disciplina presupuestal y cumplimiento estricto de obligaciones laborales.
En ese escenario, los retrasos en los giros de la estampilla generan un impacto directo. La Diócesis debe responder por nómina, seguridad social y prestaciones sin aplazamientos. Cuando los recursos públicos llegan fuera de tiempo, el hogar acumula deudas para cubrir gastos básicos: alimentación, servicios públicos e incluso medicamentos. Luego, cuando el dinero finalmente ingresa, no representa una ganancia ni un excedente. Apenas alcanza para saldar compromisos adquiridos durante la espera.
En este escenario, la administración municipal sostiene que se encuentra al día en sus pagos y que las demoras corresponden al nivel departamental. También afirma que los montos transferidos al hogar oscilan entre 12 y 15 millones de pesos mensuales, suma que califica como limitada en comparación con otros centros. Esa explicación distribuye responsabilidades, pero no elimina el problema: un sistema que no garantiza flujo oportuno de recursos a entidades que atienden a población altamente vulnerable.
El obispo Carlos Arturo Quintero Gómez expresa respeto por las autoridades locales y mantiene disposición para alianzas futuras. La decisión no implica ruptura institucional ni cierre del hogar. Implica una evaluación responsable sobre la conveniencia de depender de un mecanismo que introduce incertidumbre financiera. En lugar de sujetar la operación diaria a trámites que se prolongan, la Diócesis opta por sostener la obra con apoyo comunitario y aportes privados.
La medida, aunque la secretaria haya dejado entrever que para la operación no significa mucho, es un acto de dignidad institucional admirable. Rechazar una fuente de financiación que llega tarde y condiciona la estabilidad del servicio envía un mensaje sobre la prioridad real: la protección de los adultos mayores, no la defensa de un esquema administrativo kafkiano. También representa una exigencia legítima al sector público: si los recursos se recaudan para bienestar social, su ejecución debe responder a criterios de eficiencia y oportunidad.
Al fin y al cabo, el debate no se reduce a cifras ni a competencias entre municipio y departamento. Se centra en la coherencia entre la finalidad de una política pública y su aplicación concreta. Cuando la burocracia obstaculiza la atención a quienes no pueden esperar, la revisión del modelo resulta inaplazable.
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