Hace poco recordaba el diálogo sostenido en 2002 con el hoy difunto, Carlos Lopera, oficial de Unicef, encargado entonces de los programas de ayuda de la agencia, para comunidades afectadas por el terremoto de enero de 1999, y otros proyectos en diversas zonas del país.
Al calor de un café, en la emergente Salento post sismo, me permití interrogarlo: -Carlos, para usted, testigo directo de la violencia que aqueja al país, interlocutor obligado de grupos armados ilegales, de actores delincuenciales de todo orden, ¿quién o quiénes van “ganando” esta sangrienta guerra? -Sin duda, los “paras” – respondió al instante, asegurándose de no ser escuchado por nadie más. Farc, ELN, y demás grupos sediciosos, pueden hacer presencia en ciertas zonas geográficas, pero quienes han venido copando espacios reales de poder, militar, económico y de control territorial, son las Autodefensas, las estructuras paramilitares. Desde luego unos y otros financiados por los narcocultivos y el narcotráfico.
Era la escueta realidad nacional iniciando el siglo XXI; la misma que debió enfrentar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, instalado el 7 de agosto de aquel año, contando con amplísimo respaldo popular. El país aún no se reponía del frustrado proceso de paz de Andrés Pastrana, visto por las mayorías sufragantes como en exceso concesivo a favor de la subversión, y por el gobierno saliente como la derrota política de las Farc. Con pragmatismo y determinación de acertar en el cumplimiento de su plan de Seguridad Democrática, eje de campaña y prioridad sentida a lo largo y ancho de la dolida geografía nacional, tras encargar de la Consejería o Alta Comisión de Paz, al psiquiatra y prestigioso humanista quindiano, autor de varios libros, Luis Carlos Restrepo, Uribe emprendió el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las arduas pero efectivas negociaciones condujeron a la firma, en 2003, de los acuerdos de Santafé de Ralito, que lograron la desmovilización gradual y el desmonte de todos los frentes paramilitares, y la reclusión carcelaria de sus tenebrosos mandos. Una sensación generalizada de alivio y esperanza acompañó el proceso, culminado con evidente éxito, en 2006, al punto de lograrse, como avance subsidiario, la desmovilización y entrega de uno de los frentes guerrilleros, logro ahora negado por los comandantes farianos, hoy día miembros del Congreso Nacional, en virtud de los acuerdos FARC-Santos.
Por este último éxito en la gestión de Restrepo, generador de suspicacias o dudas en círculos opositores al gobierno y al consejero, el leal y abnegado funcionario, en otras circunstancias merecedor de reconocimiento público, respeto y aprecio, por parte de la sociedad colombiana, resultó imputado por la justicia, puesta en duda la legitimidad y apego a la ley de sus actos oficiales. Vendría luego la extradición a Estados Unidos de los máximos jefes de las AUC, cuando el presidente consideró probados, actos delictivos reincidentes, desde las prisiones donde purgaban pena. Quince penosos años de autoexilio, de condición sub judice, ajeno a la merecida gratitud de sus compatriotas, víctima de la mezquindad, de la insania antiuribista que a muchos enceguece, han llegado a su fin con el fallo definitivo de la justicia a favor de Luis Carlos Restrepo: Inocente. Esperar de los colombianos, de sus coterráneos quindianos, actos de desagravio, reivindicativos, para un hijo de la región, quizás el de más importantes aportes sociales al país, es vano. La carencia de nobleza al momento de valorar y agradecer el recto y exitoso desempeño de encargos públicos, es uno de los factores definitivos del caos moral en que nos hallamos. Nuestra modesta voz pronuncia un emotivo, ¡Gracias, doctor Restrepo!
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