Con la forma como el actual gobierno colombiano ha pretendido, desde su inicio de gestión, buscar a como dé lugar y bajo las condiciones que sean necesarias una paz total con grupos al margen de la ley incluida la delincuencia común, la sensación de inseguridad es cada vez más creciente en nuestro país.
La condescendencia de la Fuerza Pública impulsada desde el alto gobierno, limitando su capacidad de reacción frente a situaciones de hecho, ha generado malestar, desconcierto y caos dentro de la población. Comenzando por la concepción errada del vandalismo como supuesto ejercicio del derecho a la protesta social independiente de los daños que ello ocasione a la vida, honra y bienes de los ciudadanos de bien y que ha buscado, mediante polémicas reformas a la justicia, que no sea considerado como delito.
Nada raro que todo ello esté contribuyendo a agudizar en los estadios la acción vandálica y reprochable de las mal llamadas barras bravas, haciendo de un tradicional espectáculo sano, popular y familiar como es el fútbol, que sea otro más de desorden y confusión. Igual, el envalentonamiento de comunidades que ya se toman la libertad de acorralar, retener, secuestrar militares y policías, impidiéndoles el cumplimiento de su labor de apoyo a la justicia y la seguridad, seguramente patrocinados por grupo ilegales que buscan protegerse y proteger sus intereses particulares.
La proliferación del delito de extorsión a comerciantes, el atraco callejero incluso en zonas altamente concurridas ante la mirada desconcertada de transeúntes ocasionales, el despojo de sus vehículos a personas en plena vía pública y tantas otras manifestaciones delincuenciales que hoy muestran con mayor frecuencia los medios de comunicación, aparte de tantos que hoy se registran a través de las redes sociales, representan un ambiente de verdad alarmante que da la sensación de un manejo tibio y demasiado blando por parte del ejecutivo en su deber constitucional de defensa de la población. Y aunque en el Eje Cafetero aún es posible respirar de mejores condiciones en esta materia, no podemos permanecer indiferentes y por el contrario debemos estar atentos ante cualquier manifestación similar que pueda afectar nuestra tranquilidad.
Eso de incluir a la totalidad de grupos criminales en un plan de paz total, otorgándoles las gabelas que sean necesarias para que se acojan y hasta de ofrecer la posibilidad de una remuneración a muchos delincuentes a cambio de que dejen de robar y atracar a la población, está generando efectos contraproducentes, pues dan la sensación de buscar llegar a mesas de negociación con más cartas y argumentos que les permita exigir más a cambio de su “sometimiento” a la justicia. Y la última salida del gobierno Petro de sacar de forma abrupta a 800 soldados y policías con 19 años de servicio activo para supuestamente reemplazarlos por desmovilizados, genera mayor desmotivación e incertidumbre. Bienvenida sea la paz que tanto anhelamos, pero no a costa que seamos los colombianos de bien quienes finalmente resultemos siendo sometidos al accionar soterrado de la delincuencia.
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