Por lo visto el gobierno colombiano pareciera desentenderse de las serias consecuencias que sobre la economía y la inflación están representando los constantes bloqueos en las carreteras del País, unidos a las caídas de puentes, la inseguridad y derrumbes en otras vías de vital importancia para el transporte de carga y el correspondiente abastecimiento para el territorio nacional.
Además de la falta de intervención oportuna con la contundencia con que debería actuar para impedir que esta situación continúe proliferando, su aquiescencia con el tema de las movilizaciones que tanto ha querido fomentar en otros espacios, se constituye en motivo de estímulo para acudir a este tipo de prácticas de hecho que además se van saliendo del control de las autoridades, ocasionando serios perjuicios y altos sobrecostos con pérdidas billonarias para la industria nacional, tal como esta semana lo planteó la ANDI.
La entidad gremial en efecto ha alertado sobre la ocurrencia de dos bloqueos diarios en promedio este año. Solo en agosto 77 afectaciones, 60 en vehículos, 13 contra conductores y 4 ataques terroristas a infraestructura. Lo acontecido representa 7.029 horas de bloqueos, 292 días completos perdidos en transporte de carga, lo que traducido a términos monetarios se eleva a $1,73 billones por movilizaciones sociales, $6.400 millones por piratería y $1,9 billones por los daños a la infraestructura. Lo anterior, sin considerar el lucro cesante que representan los camiones y mulas parados en las vías o transitando a paso de tortuga, los salarios y prestaciones sociales de los conductores, el combustible, el daño y/o deterioro de los productos perecederos, entre otros conceptos. De allí, el fuerte daño que para la Economía nacional viene representando esta situación con su fuerte impacto que sobrevendrá sobre la inflación, pues seguramente las empresas estarán trasladando esos sobrecostos al precio final de sus productos para el consumidor final. Para el sector agropecuario, igual o más grave aún, al dificultar o impedir la sacada de los productos de sus tierras al mercado, agudizando aún más la situación que afronta por los factores climáticos que reducen de forma significativa las cosechas.
Un panorama bastante oscuro frente al cual no se observa la acción fuerte y decidida del gobierno para enfrentarla y ante lo cual se pronunció la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco en la instalación del III Congreso de Justicia Transicional en Pereira, destacando la situación compleja que se vive por el aumento en los hurtos, secuestros, extorsiones, candidatos amenazados en pleno proceso electoral, constreñimiento al elector, líderes sociales asesinados y gobernantes que no pueden ejercer funciones desde sus lugares de origen. Esto parece un panorama cantado para presionar a los electores a elegir a los candidatos afines al actual gobierno, sobre lo cual ya el País vivió experiencia similar en la pasada elección presidencial. Grave situación y frente a lo cual se requiere la reacción sensata y decidida de la ciudadanía en las urnas, en defensa de la democracia para evitar que la situación se siga agravando.
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